En el corazón del debate constitucional chileno, la reforma de seguridad del gobierno Kast permanece suspendida entre la urgencia declarada y la inacción práctica. El Senado, ocupado en nombramientos judiciales y otras prioridades, ha postergado los diálogos oficiales hasta octubre, mientras senadores del propio oficialismo proponen reducir drásticamente la iniciativa original. Es el retrato clásico de una reforma que choca con la geometría variable del poder legislativo: lo que se anuncia como central rara vez avanza sin negociación, desgaste y paciencia.