Ministro Arrau se abre a cambios en reforma de seguridad mientras diálogo con Senado permanece congelado

La reforma de seguridad que el gobierno de José Antonio Kast impulsó con urgencia sigue atrapada en un limbo político. Aunque parecía que las conversaciones entre la Comisión de Constitución del Senado y La Moneda estaban a punto de reanudarse, la realidad es más complicada: los diálogos oficiales permanecen congelados, al menos hasta después de las Fiestas Patrias. La comisión ha decidido priorizar otros asuntos —nombramientos en tribunales ambientales, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, además de discusiones sobre Responsabilidad Penal Adolescente— dejando la reforma de seguridad en espera.

La tensión no es menor. Senadores como Matías Walker, Pedro Araya y Juan Luis Castro han usado expresiones contundentes para describir el estado de la iniciativa: "muerte natural", "guardada en un cajón", "agonía lenta". Estas no son palabras que sugieran optimismo sobre el futuro de una reforma que el gobierno consideraba central en su agenda. Lo paradójico es que el primer proyecto de la agenda de seguridad ya fue despachado a ley, lo que debería indicar avance. Sin embargo, la reforma constitucional sigue siendo un punto de fricción política.

La razón principal de esta tensión radica en lo que están haciendo los senadores de oficialismo. Andrés Longton, de Renovación Nacional, y Arturo Squella, del Republicano Purista, anunciaron que tienen un acuerdo total para elaborar una indicación sustitutiva. Esta no es una propuesta menor: reemplazaría completamente la iniciativa que envió el gobierno. El miércoles, Longton explicó en CNN Chile que de las ocho propuestas originales del ejecutivo, la versión alternativa mantendría solo tres. Quedarían: la incorporación del crimen organizado en la Constitución, regímenes penitenciarios especiales y el refuerzo del Estado de Excepción de Emergencia. Longton caracterizó esta propuesta reducida como "coherente y razonable" para buscar acuerdos políticos.

Lo que sucedió después fue revelador. Fuentes en la comisión de constitución indicaron que incluso pudo haber un diálogo entre el gobierno y la comisión esta misma semana, pero finalmente no se concretó. Cuando se le preguntó al presidente de la comisión, Pedro Araya, confirmó que no habrá citaciones oficiales ni conversaciones técnicas en septiembre. El trabajo continuará en otros proyectos de la agenda de seguridad, pero la reforma constitucional quedará en pausa.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió con una postura que mezcla flexibilidad con cierta frustración. Aseguró que han mantenido conversaciones "todas las semanas" y aclaró que las citaciones las hacen los senadores, no el gobierno. Luego soltó una frase que resume su posición: "No estamos enamorados de un texto". Explicó que si la propuesta se reduce de ocho artículos a menos, o si cambia la redacción, eso es bienvenido, siempre que se logre el efecto práctico que buscan. Lo que importa, dijo, es que Gendarmería pueda segmentar a los reclusos por criterios de seguridad en las cárceles, y que exista un listado oficial de organizaciones criminales sin necesidad de probar su existencia en cada juicio.

No todos ven la necesidad de esta reforma. Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio, sostiene que una reforma de seguridad no es necesaria y que las herramientas legales ya disponibles, sumadas a los proyectos de ley en discusión, son suficientes. Su posición refleja una división más profunda sobre si el país realmente necesita cambios constitucionales en esta materia.

Detrás de las escenas, hay movimientos que sugieren cambios en la estrategia del gobierno. La frase que circula en pasillos es "más Rabat, menos Arrau". Fernando Rabat, ministro de Justicia, es el rostro visible del primer proyecto de seguridad que ya fue despachado a ley. Arrau, en cambio, enfrenta dificultades en sus relaciones con el Senado. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, intentó minimizar la controversia hablando de trabajo en equipo, pero la realidad parece más compleja. Incluso se especula que en octubre, cuando las conversaciones podrían reanudarse, Rabat podría ser la contraparte del gobierno en lugar de Arrau. Por ahora, nada está garantizado, y la reforma de seguridad sigue en suspenso.