Migrantes nepalíes en primera línea de fuego tras el 7 de octubre en Israel

Cuando estalló la violencia el 7 de octubre, Prakash Limbu estaba trabajando en Israel. Como miles de nepalíes más, había viajado miles de kilómetros buscando ingresos que su país no podía ofrecerle. Su familia en Nepal le había suplicado que no fuera, que no trabajara en un lugar donde la guerra era una posibilidad real. Pero la necesidad económica no dejaba espacio para la prudencia. Ahora, atrapado entre la obligación de mantener a su familia y el peligro cotidiano de vivir en una zona de conflicto armado, Limbu representa la situación de decenas de miles de trabajadores migrantes nepalíes cuyas vidas cambiaron radicalmente cuando comenzó el bombardeo.

Los migrantes nepalíes constituyen una población laboral significativa en Israel, empleados principalmente en sectores como la agricultura, la construcción y el cuidado de personas mayores. Muchos llegaron con contratos temporales, atraídos por salarios que, aunque modestos en términos israelíes, representaban una fortuna comparados con lo que podrían ganar en Nepal. Las remesas que envían a casa son vitales para sus familias: pagan educación, hipotecas, gastos médicos. El sistema funciona porque la pobreza en Nepal hace que el riesgo parezca un costo aceptable.

Pero el 7 de octubre transformó ese cálculo. De repente, el riesgo dejó de ser abstracto. Los migrantes nepalíes se encontraron en primera línea de un conflicto que no era suyo, en ciudades y pueblos bajo fuego de cohetes, en comunidades donde la sirena de alerta aéreo se convirtió en la banda sonora de la supervivencia. Algunos fueron desplazados de sus hogares. Otros perdieron empleos cuando sus empleadores cerraron operaciones o evacuaron. Muchos enfrentaron una realidad brutal: no podían irse porque sus familias dependían de sus ingresos, pero quedarse significaba exponerse a peligros que ningún salario podría justificar.

Las familias en Nepal, enteradas de lo que sucedía en Israel a través de noticias y redes sociales, comenzaron a suplicar a sus parientes que regresaran. Pero el regreso no era simple. Los contratos laborales los ataban. Los ahorros que habían acumulado no eran suficientes para compensar la pérdida de ingresos futuros. Y en muchos casos, el dinero que ganaban en Israel era la única cosa que se interponía entre sus familias y la pobreza absoluta. Así que muchos se quedaron, viviendo en un estado de ansiedad permanente, trabajando cuando podían, esperando que los cohetes no cayeran en sus casas.

La vulnerabilidad de estos trabajadores expone grietas profundas en los sistemas de protección laboral internacional. Los migrantes nepalíes en Israel operan frecuentemente en una zona gris legal, sin acceso completo a los derechos que disfrutan los ciudadanos israelíes. Cuando estalló la crisis, no había un plan claro para evacuarlos, protegerlos o apoyarlos. Algunos empleadores los abandonaron. Otros intentaron mantenerlos trabajando incluso cuando las condiciones se volvieron peligrosas. Las autoridades israelíes, enfocadas en la guerra, tenían poco espacio mental para la situación de una población extranjera.

Lo que sucedió con los migrantes nepalíes en Israel después del 7 de octubre es un recordatorio de cómo la guerra no afecta a todos por igual. Mientras que los ciudadanos israelíes tenían acceso a refugios, información oficial y redes de apoyo, muchos migrantes se encontraban navegando la crisis sin esos recursos, sin conexiones locales profundas, sin la ciudadanía que les habría dado derechos. Su dilema era imposible: la seguridad requería irse, pero la supervivencia económica requería quedarse. Algunos encontraron formas de regresar a Nepal, pero a un costo tremendo. Otros permanecieron, día tras día, en un país en guerra, enviando dinero a casa mientras rezaban por no convertirse en una estadística más del conflicto.