En los márgenes del orden legal internacional, decenas de migrantes latinoamericanos han sido trasladados por Estados Unidos a países africanos con los que no tienen vínculo alguno, despojados de documentos y de derechos, suspendidos en un limbo que ninguna ley reconoce ni ningún gobierno parece dispuesto a resolver. Lo que emerge de sus testimonios no es solo una falla burocrática, sino una pregunta más antigua y más grave: hasta dónde puede extenderse el poder de un Estado antes de convertirse en algo que ya no merece llamarse justicia.
Migrantes deportados a África denuncian limbo legal: "Esto se llama tráfico humano"
Decenas de migrantes, incluyendo personas con condiciones médicas graves, permanecen encarcelados arbitrariamente, maltratados, incomunicados y en riesgo de ser devueltos a países donde enfrentan persecución o tortura.
EL PAÍS conversó con una decena de migrantes de Cuba, Honduras, Brasil o Colomb…
Mark
What happened here?
Mimi
Retenidos en hoteles, indocumentados o un año presos tras ser deportados a África: “Esto se llama tráfico humano”.
Mark
Give me the shape of it.
Mimi
EL PAÍS conversó con una decena de migrantes de Cuba, Honduras, Brasil o Colombia que fueron enviados por EEUU a África y permanecen en un limbo legal, con poca asistencia médica y sin saber qué suce…
Mark
What should we watch for?
Mimi
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- Migrantes con protecciones legales vigentes en EE.UU. fueron deportados sin su consentimiento a países africanos donde nunca habían vivido, en aparente violación de tratados internacionales.
- Algunos llevan más de un año encarcelados arbitrariamente, incomunicados, sin documentación ni acceso a atención médica adecuada, bajo la tutela de gobiernos que no respetan el Estado de derecho.
- Organizaciones de derechos humanos advierten que estos migrantes podrían ser reenviados en cadena a países donde enfrentan persecución, tortura o muerte, profundizando la crisis humanitaria.
- Los acuerdos que hicieron posibles estas deportaciones permanecen opacos: ni los afectados ni sus representantes legales conocen sus términos ni quién los autorizó.
- Los propios deportados describen lo ocurrido como tráfico humano, una acusación que reencuadra el debate: ya no se trata solo de política migratoria, sino de responsabilidad penal y moral del Estado.
En los márgenes del orden legal internacional, decenas de migrantes latinoamericanos han sido trasladados por Estados Unidos a países africanos con los que no tienen vínculo alguno, despojados de documentos y de derechos, suspendidos en un limbo que ninguna ley reconoce ni ningún gobierno parece dispuesto a resolver. Lo que emerge de sus testimonios no es solo una falla burocrática, sino una pregunta más antigua y más grave: hasta dónde puede extenderse el poder de un Estado antes de convertirse en algo que ya no merece llamarse justicia.
Roberto Mosquera recuerda con precisión el rostro que vio el día que llegó a Esuatini, un país que no había elegido, que no conocía, y que no tenía ninguna razón para recibirlo. Ese rostro lo acompañó durante los catorce meses siguientes, lentos e insoportables. Su historia es una entre decenas que EL PAÍS reconstruyó a partir de testimonios de migrantes cubanos, hondureños, brasileños y colombianos deportados por Estados Unidos a países africanos mediante acuerdos cuyo contenido nadie ha explicado públicamente.
Algunos de estos migrantes contaban con protecciones legales activas en territorio estadounidense cuando fueron trasladados. Aun así, fueron embarcados sin consentimiento hacia Guinea Ecuatorial, Liberia o la República Centroafricana, naciones con las que no tienen ningún vínculo cultural, lingüístico ni familiar. Al llegar, no recibieron documentación. Tampoco estatus legal. Tampoco, en muchos casos, atención médica suficiente para quienes padecen condiciones graves.
Lo que encontraron fue vigilancia. Algunos fueron recluidos en hoteles bajo custodia permanente. Otros fueron directamente encarcelados durante meses, sin cargos formales, sin acceso consular, sin saber cuándo —ni si— saldrían. Los gobiernos que los recibieron no son democracias consolidadas: son regímenes donde el Estado de derecho es frágil o inexistente, y donde la arbitrariedad tiene consecuencias reales.
Las organizaciones de derechos humanos que siguen estos casos advierten sobre un riesgo adicional: la llamada 'devolución en cadena'. Si estos países deciden no retenerlos indefinidamente, podrían reenviarlos a sus países de origen, algunos de los cuales representan exactamente el peligro del que huyeron. La protección que EE.UU. les había reconocido quedaría así vaciada de contenido.
Frente a todo esto, varios de los afectados han usado la misma palabra para describir lo que les ocurrió: tráfico. No migración, no deportación, sino tráfico humano. Una acusación que, si se sostiene, no habla solo de una política fallida, sino de una responsabilidad que trasciende lo administrativo y exige otra clase de respuesta.
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Entre tantos rostros, Roberto Mosquera retuvo uno en particular el día que llegó a Esuatini, un pequeño país escondido en el sur de África. Luego siguió viendo ese rostro durante los siguientes 14 meses, que transcurrían lentos e insoporta…
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