Mientras la Justicia investiga a Adorni, el Gobierno planifica un acto de respaldo en Vaca Muerta

El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una investigación federal que profundiza cada semana mientras el Gobierno responde con gestos públicos de respaldo. El próximo 16 de abril, Adorni participará en un acto oficial junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en Vaca Muerta, la zona que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional. El evento está siendo planificado en medio de un escándalo que ha puesto al funcionario bajo escrutinio judicial intenso.

La investigación que conduce el fiscal Gerardo Pollicita se concentra en una pregunta central: cómo un funcionario público puede justificar pagos en efectivo de 80 mil dólares para adquirir inmuebles. Según los registros que analiza la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni realizó tres operaciones en dólares que se aplicaron a la escrituración de dos propiedades y al pago parcial de hipotecas privadas. El fiscal ha firmado más de treinta oficios para profundizar la pesquisa patrimonial, que ahora incluye investigación sobre gastos en refacciones de una casa en el country Indio Cuá. Para este punto, el fiscal citó como testigo al constructor Matías Tabar, quien deberá presentarse el 24 de abril en Comodoro Py.

La escribana de Adorni declaró ante la fiscalía y luego se presentó espontáneamente nuevamente, lo que sugiere la complejidad de las operaciones inmobiliarias bajo análisis. El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario, permitiendo que la investigación acceda a información financiera completa. Uno de los inmuebles en cuestión fue comprado con la ayuda de dos jubiladas, según documentación que ha salido a la luz. El exfutbolista Hugo Morales, propietario anterior de un departamento en la calle Miró de Caballito que Adorni compró, redujo el precio en 100 mil dólares, una decisión que Morales justificó diciendo que "perdimos, pero hay que disfrutar la vida".

Desde el Gobierno, la respuesta ha sido mantener a Adorni en su cargo mientras se desarrolla la investigación judicial. Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza, ha sido la principal defensora de esta posición. Bullrich enfatizó que el Gobierno no declarará culpable a nadie si la Justicia no lo hace, y pidió que se deje que los tribunales resuelvan. "Nos duele la familia de Adorni", afirmó, pero insistió en que la política no debe intervenir en causas donde "la Justicia no resolvió, porque podemos destruirle la vida a una familia y después eso no se reconstruye nunca más". Bullrich también reconoció que Adorni "está muy tocado, personalmente, en su familia", pero que el presidente Javier Milei decidió mantenerlo en el cargo.

La senadora fue más allá en sus comentarios sobre la situación personal del jefe de Gabinete. Señaló que Adorni "recién arranca en política" y "quizás no tiene el cuero tan duro" como lo tiene ella, quien viene de una trayectoria política más larga. Bullrich sugirió que el funcionario, que proviene del ámbito privado, puede estar siendo afectado de manera diferente por el escrutinio público y judicial que enfrenta. Sobre la posibilidad de que Adorni tomara una licencia, Bullrich indicó que esa sería una decisión personal entre el funcionario y el presidente, no una conversación en la que ella pudiera participar.

El acto de Vaca Muerta representa una estrategia clara del Gobierno: mantener la normalidad institucional y demostrar continuidad en la gestión mientras los tribunales avanzan en sus investigaciones. La elección de la ubicación no es casual: Vaca Muerta es un símbolo del programa económico del Gobierno, una zona de inversión estratégica en energía no convencional. La presencia de Karina Milei, figura central en la estructura de poder presidencial, subraya el nivel de respaldo que el Gobierno está dispuesto a mostrar públicamente hacia Adorni en este momento crítico. Lo que suceda en los próximos días en los tribunales federales determinará si este gesto de continuidad puede sostenerse o si la presión judicial fuerza cambios en la estructura del Gobierno.