Mesa técnica definirá el futuro de la hidrólisis alcalina en el Senado tras concepto negativo de MinAmbiente

La hidrólisis alcalina, un procedimiento que se presenta como alternativa a la cremación y al entierro tradicional, llegó a segundo debate en el Senado de la República. El proyecto es el 224 de 2025 Senado, conocido como 'Ley Despedida Ecológica', y busca incorporarla como opción para la disposición final de cadáveres. Su trámite se frenó en la plenaria, donde han surgido dudas que antes no aparecieron.

El proyecto había pasado sin problema alguno por la Comisión Séptima del Senado, donde tuvo pleno respaldo. En la plenaria, en cambio, el avance se retrasó. La discusión llega además después de que el Ministerio de Salud expidiera la Resolución 717 del 21 de abril de 2026, que incorporó los requisitos sanitarios para implementar el procedimiento en Colombia.

Para resolver las dudas, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, pidió crear una mesa técnica. Según ella, la plenaria aprobó su petición y ahora se espera la conformación de ese espacio para reunir conceptos finales. Dijo que su objetivo es establecer si el país cuenta con las condiciones sanitarias, ambientales y regulatorias para aplicar la tecnología, y que quiere escuchar sobre todo a los ministerios de Salud y de Ambiente: cuáles serían sus responsabilidades, cómo se controlarían los vertimientos y qué garantías habría en salud pública, ubicación de las instalaciones y trazabilidad de los restos humanos.

El Ministerio de Ambiente, a cargo de Fabio Arjona, emitió concepto desfavorable sobre el proyecto. Su objeción central es que el articulado crea obligaciones que la normativa vigente ya contempla. Según el concepto, las reglas sobre vertimientos, uso del agua y control de olores ya tienen instrumentos específicos, entre ellos el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 631 de 2015. Por eso considera innecesario imponerle nuevas cargas al Ministerio para definir condiciones ya reguladas.

En el Senado responden que los conceptos no son vinculantes y que será la mesa técnica la que decida el futuro de la iniciativa. También se esperan los conceptos del Ministerio de Salud, de Medicina Legal y de otras entidades. Hurtado reconoce que las observaciones de Ambiente merecen estudio por posibles duplicidades normativas, falta de claridad en las competencias y dificultades para aplicar algunos instrumentos de control del proyecto. En sus palabras, no hay que aceptarlas sin discusión por venir del Gobierno, pero tampoco sería responsable desconocer los argumentos técnicos de una autoridad competente.

Los promotores sostienen que la tecnología se usa en 25 países y que en Colombia ya se aplica en mascotas. Su principal atractivo es el costo: según las estimaciones expuestas, un entierro puede costar entre 30 y 35 millones de pesos, una cremación cerca de 8 millones y la hidrólisis alrededor de un millón. Hurtado advierte que la decisión no debe tomarse por razones económicas, y señala cuatro aspectos fundamentales: el tratamiento de los vertimientos, la ubicación de las instalaciones, la trazabilidad de los restos y la articulación con las normas existentes. Le preocupa en particular qué ocurre con los líquidos resultantes del proceso químico y si podrían verterse al alcantarillado, así como el funcionamiento de estas plantas en zonas residenciales o cerca de colegios y hospitales.

El argumento ambiental tampoco está cerrado. Los defensores dicen que evitar la combustión directa puede reducir las emisiones de la cremación, pero el balance depende además del consumo de agua y energía, los insumos químicos y el tratamiento de los vertimientos. La Resolución 717 exige cumplir las normas ambientales y controlar los efluentes, por lo que afirmar que es la alternativa de menor impacto requiere estudios comparativos y datos verificables.

Hay también un debate sobre quién se beneficia. La Cámara Exequial, que agrupa a grandes parques cementerios, cuestiona la vía normativa usada y sostiene que la tecnología requiere respaldo legal. Los promotores responden que la discusión tiene intereses económicos y que esos mismos parques podrían instalar la planta e incluirla en su portafolio, de modo que las familias elijan según sus posibilidades y creencias. La discusión se dará en los próximos días, y los congresistas apuestan por tenerla resuelta antes de que termine el año.