Mensaje enviado: la huelga general de la vivienda interpela a todo el poder político y económico

El miércoles 11 de noviembre, España vivió su novena huelga general desde la llegada de la democracia. No se parecía a las anteriores: no había un conflicto laboral concreto detrás, la movilización social la había forzado de manera espontánea y llegaba en pleno periodo preelectoral. Aun así, según el editorial de El País, tuvo impacto suficiente en la vida cotidiana como para cumplir las expectativas que los sindicatos se habían marcado.

Medir el seguimiento resultó complicado, porque fue la primera huelga general de la era del teletrabajo. Algunos indicadores ayudan a dibujarlo. En Madrid, el tráfico cayó un 13% respecto a un miércoles normal. En Barcelona descendió a la mitad, y además fue imposible moverse en transporte público. El consumo eléctrico, que sirve de termómetro de la actividad, se situó en torno a un 7,5% por debajo de lo previsto por la mañana y un 4% por la tarde. La incidencia varió mucho según los sectores y los territorios.

La imagen más visible fueron las manifestaciones multitudinarias, que salieron a la calle pese al tiempo desapacible. El editorial lamenta episodios de violencia y vandalismo, como los ocurridos en Barcelona. También señala que en otros lugares hubo tensión con la policía y un empleo de la fuerza que, afirma, deberá aclararse. En las marchas, tanto las oficiales como las no oficiales, se percibió el hartazgo con los poderes públicos por el asunto que más inquieta a los españoles según el último sondeo del CIS, el de septiembre: el precio de la vivienda. Ese problema condena a millones de personas a la angustia financiera pese al crecimiento económico.

La indignación de fondo estalló con el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal en Madrid. La convocatoria de la huelga coincidió casi a la vez con el anuncio de las elecciones del 29 de noviembre; la campaña arranca la noche de este jueves. Por primera vez, un Gobierno ha apoyado una huelga general. El PP, en cambio, ha reaccionado con una virulencia que el editorial califica de inexplicable contra los sindicatos, pese a que el propio partido reconoce la importancia del problema de la vivienda.

El texto advierte de un riesgo: que el carácter atípico de la protesta la deje a merced de interpretaciones políticas que diluyan su significado. Nadie se siente directamente interpelado como responsable, ni el Gobierno central ni los autonómicos, que tienen parte de las competencias en vivienda. Para el editorial, todos deberían escuchar y actuar.

Como vara de medir, propone las movilizaciones feministas del 8 de marzo de 2018, que cambiaron para siempre la conversación sobre la desigualdad de género. Sería un error, sostiene, que partidos, administraciones y patronales vieran la huelga como un arrebato pasajero de frustración. Y avisa de que los votantes castigarán a quienes se reprochen la movilización en lugar de debatir sus motivos.

La catarsis que desató el desahucio de Maricarmen Abascal, concluye, no ha terminado. La huelga no sería el final, sino el principio de algo sin contornos definidos que puede condicionar cualquier decisión política en adelante. Con la campaña a punto de empezar, la vivienda queda como la pregunta que los candidatos tendrán que responder.