Meloni aprueba una reforma electoral que altera el sistema político italiano y genera alarma constitucional

Giorgia Meloni consiguió este jueves lo que había perseguido durante meses: la aprobación de una reforma electoral que redefine el mapa político italiano y que ya genera alarma entre constitucionalistas y la oposición. La medida estrella de la reforma introduce un mecanismo de bonificación de escaños para la coalición que supere el 42% de los votos: 70 diputados adicionales en la Cámara Baja y 35 en el Senado. En números absolutos, esto significa que una coalición que capture poco más de dos quintas partes del voto popular podría transformar esa ventaja en una mayoría parlamentaria contundente, alterando radicalmente el equilibrio de fuerzas en un sistema que históricamente se ha caracterizado por el multipartidismo y las negociaciones entre múltiples actores políticos.

Para llegar a este punto, Meloni tuvo que navegar meses de tensiones internas dentro de su propia coalición de gobierno. Amenazó con dimitir si sus socios no reunían suficientes votos. En julio, una votación secreta sorprendió al Gobierno cuando la medida cayó, revelando fracturas entre los tres partidos que conforman la coalición: Fratelli d'Italia de Meloni, la Lega de Matteo Salvini y Forza Italia de Antonio Tajani. Estos dos últimos, debilitados en las encuestas y temerosos de que la reforma no les beneficiara, mostraron resistencia. Pero al final cedieron, prefiriendo aprobar la ley a enfrentar elecciones inmediatas que los hubiera perjudicado aún más. La reforma fue aprobada con el apoyo de la coalición gobernante, aunque no sin fricción.

Daniele Albertazzi, politólogo de la Universidad de Surrey, interpreta la reforma como un intento de Meloni de construir un legado político. Su Gobierno, señala, no ha sido revolucionario hasta ahora. La reforma judicial que intentó aprobar fue rechazada en referéndum. Con esta reforma electoral, Meloni proyecta la imagen de una líder fuerte y estable, un argumento que puede resonar entre el electorado de derechas. Sin embargo, abre también un panorama de incertidumbre legal considerable.

La oposición de centroizquierda y expertos constitucionalistas advierten que la ley contiene elementos que violan la Constitución. Se esperan recursos ante el Tribunal Constitucional en los próximos meses. Ouidad Bakkali, diputada del Partido Democrático, afirma que la reforma altera la relación fundamental entre votos y resultados electorales: una minoría se convierte en una mayoría parlamentaria amplificada por el mecanismo de bonificación. Matteo Giardello, investigador de la Universidad La Sapienza, va más allá: describe la reforma como un ataque real a la democracia italiana porque debilita la naturaleza multipartidista del sistema y otorga poderes extraordinarios a una coalición que alcance el umbral, permitiéndole gobernar sin contrapesos constitucionales.

La reforma también cambia la mecánica electoral de formas más sutiles pero significativas. Elimina los distritos uninominales donde los votantes elegían candidatos por área geográfica. Introduce un sistema de listas cerradas con premio de mayoría. Obliga a los partidos a formar coaliciones antes de las elecciones y a designar un candidato a primer ministro antes de los comicios, con ese nombre bloqueado en las papeletas. En Italia, históricamente, los líderes de lista no eran automáticamente quienes formarían gobierno después. Esta reforma cambia esa lógica. Beneficia a Meloni, cuyo liderazgo personalista la hace cara visible de la derecha. Podría perjudicar al centroizquierda, aún dividido sobre quién liderará su próxima coalición.

Ahora emerge una paradoja incómoda. Los sondeos actuales sugieren que la coalición de Meloni podría no alcanzar ni el 42% de votos, mientras que la oposición unida sí lo haría. Esto significaría que la reforma que Meloni diseñó para asegurar su reelección podría terminar beneficiando a sus adversarios. La irrupción de Roberto Vannacci, exgeneral con un nuevo partido de derechas llamado Futuro Nazionale, está fragmentando el voto de la derecha, robando votos especialmente a la Lega de Salvini. Este factor podría ser determinante en el resultado final.

La cuestión temporal añade otra capa de complejidad. Meloni podría convocar elecciones en primavera de 2027, antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma. Según reportes, hay contactos entre el Gobierno y la Corte Constitucional para que emita su sentencia en febrero, lo que permitiría modificar los puntos más vulnerables antes de los comicios. El artículo 57 de la Constitución podría ser problemático, especialmente respecto a la bonificación de 35 escaños en el Senado. Existe la posibilidad de que Italia celebre elecciones bajo una ley que posteriormente sea parcialmente invalidada, creando una zona gris legal sin precedentes claros.

La reforma, apodada Stabilicum o Melonellum según sus críticos, representa el quinto cambio electoral en treinta y dos años en Italia. Pero expertos advierten que marca un precedente peligroso: debilita la representación parlamentaria plural en favor de un sistema de mayorías artificialmente amplificadas. La oposición denuncia que fue diseñada ad hoc para favorecer a Meloni, sin consultar a las fuerzas políticas alternativas. Elly Schlein, líder del Partido Democrático, dice que la ley fue hecha a conveniencia del Gobierno. Giuseppe Conte, del Movimiento 5 Estrellas, la ve como evidencia de una deriva hacia una democracia iliberal. Lo que suceda en los próximos meses dependerá en gran medida de cómo el Tribunal Constitucional resuelva los recursos que sin duda llegarán, y de si Meloni logra convocar elecciones antes de que esa sentencia invalide partes de la reforma que acaba de aprobar.