Meloni aprueba por decreto arresto preventivo de menores e imputabilidad desde los 14 años

A finales de octubre, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó un decreto que endurece significativamente las medidas contra menores que participan en actos violentos en la calle. La decisión llegó después de un fin de semana convulso en Milán, donde disturbios y saqueos dejaron un rastro de destrucción y más de 330 detenidos en la ciudad y otras localidades. Lo que sorprendió a observadores fue la composición de esos arrestos: en Milán específicamente, el 80 por ciento de los 271 detenidos no había alcanzado la mayoría de edad.

El decreto introduce cambios profundos en cómo Italia trata penalmente a los menores. Hasta ahora, aunque la edad de imputabilidad era formalmente de 14 años, los jueces debían evaluar caso por caso si el menor era plenamente consciente de sus actos antes de atribuirle responsabilidad penal. El nuevo sistema invierte esa lógica: los menores de 14 años serán equiparados automáticamente a los adultos, y será la defensa quien deba probar que el joven no comprendía lo que hacía. Además, el decreto permite el arresto preventivo de menores entre 12 y 24 horas antes de manifestaciones públicas si existe sospecha de que podrían cometer delitos, una medida que se extiende también a cualquier persona interceptada con objetos que puedan usarse como armas o que cometa actos que perturben el orden público en lugares con afluencia significativa de gente.

Meloni justificó las medidas con una frase que resumía su posición: protestar es un derecho, incendiar ciudades no lo es. En un vídeo difundido en redes sociales, la primera ministra explicó que se creaba un nuevo delito específico de participación violenta en manifestaciones, castigado con hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 20.000 euros. Si el participante lleva máscara o lesiona a alguien, las penas se agravan. También se tipificó como delito, con penas de entre 4 y 12 años de prisión, promover por cualquier medio —incluyendo redes sociales como TikTok— la formación de grupos para realizar manifestaciones violentas. Matteo Salvini, líder de La Liga, había adelantado esta medida con un ejemplo explícito: alguien que escriba en TikTok que se prepara para asaltar una tienda de lujo en Como no llegará a hacerlo si tiene 14 años.

Una de las medidas más controvertidas es la responsabilidad de los padres. Si un menor participa en actos de violencia, sus progenitores o tutores enfrentan multas administrativas de 500 a 1.000 euros, cantidad que se duplica en caso de reincidencia. Además, los padres pueden ser obligados a pagar indemnizaciones por daños a propiedad pública, y en el caso de propiedad privada, los prefectos pueden aplicar procedimientos simplificados para obtener resarcimiento. Como dijo Meloni en su vídeo: quien rompe paga, y si quien rompe es un menor, pagan sus padres.

Sin embargo, el presidente de la República, Sergio Mattarella, frenó el plan más ambicioso de Meloni. La primera ministra había anunciado el envío de 500 soldados a Milán con poderes de policía judicial para practicar arrestos, una medida que Mattarella rechazó. Aunque el Ministerio de Interior negó un veto formal del palacio del Quirinal y habló de una interlocución fluida, los principales medios italianos confirmaron que el jefe de Estado bloqueó el aspecto más controvertido de la propuesta. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, había solicitado competencias ampliadas para los militares, pero Mattarella, responsable de velar por la legalidad de las decisiones gubernamentales, consideró que eso excedía el marco constitucional. En Italia, son la policía y los Carabinieri quienes tienen la potestad de garantizar el orden interno. Incluso los sindicatos policiales se opusieron, señalando además problemas de adiestramiento para realizar detenciones. La alternativa viable será formar patrullas mixtas de soldados y fuerzas del orden, manteniendo a los militares limitados a funciones de identificación.

Meloni también anunció que se dotaría a la justicia de menores de más magistrados y se crearían más plazas en centros de detención, argumentando que la certeza del castigo debe aplicarse incluso a quien tiene 16 años. El Gobierno italiano, en plena carrera electoral y tras la alarma generada por los disturbios milaneses, presentó estas medidas como una respuesta firme a la delincuencia. Meloni fue explícita en su mensaje: detrás de cada escaparate destrozado hay una familia que dedicó toda una vida de sacrificio, hay trabajadores que arriesgan sus empleos, hay ciudadanos que tienen derecho a vivir sin miedo. Con este decreto, Italia ha tomado un giro significativo en cómo aborda la responsabilidad penal de los menores y la seguridad pública.