Mazzucato: la vivienda es un derecho humano y cimiento de la sociedad

Mariana Mazzucato, la economista italiana cuyo trabajo ha redefinido cómo pensamos sobre el valor público y la innovación, sostiene una posición que desafía la lógica de mercado que ha dominado las políticas de vivienda durante décadas: la casa no es una mercancía para especular, sino un derecho humano fundamental. En una intervención reciente, Mazzucato fue directo en su diagnóstico: la vivienda es la base sobre la que se construye todo lo demás en una sociedad funcional.

Esta afirmación no es retórica vacía. Detrás está la observación de que cuando una persona no tiene acceso seguro a una vivienda digna, todo lo demás se desmorona. La educación se vuelve más difícil de perseguir. La salud se deteriora. La capacidad de trabajar, de ahorrar, de participar plenamente en la vida cívica se ve comprometida. Mazzucato ha pasado su carrera académica cuestionando los supuestos económicos que aceptamos sin examinar, y aquí aplica ese mismo escrutinio a un problema que afecta a millones de personas en ciudades de todo el mundo.

Lo que distingue el argumento de Mazzucato es que no separa la vivienda del resto de la economía, como si fuera un problema social aislado que requiere caridad o asistencia. La presenta como un cimiento estructural. Sin vivienda segura, los mercados laborales no funcionan bien. Sin vivienda segura, la movilidad social se estanca. Sin vivienda segura, la innovación y el emprendimiento se ven limitados porque las personas gastan energía en la supervivencia en lugar de en crear valor.

Esta perspectiva tiene implicaciones claras para la política pública. Si la vivienda es un derecho humano y no una mercancía, entonces los gobiernos tienen una responsabilidad diferente. No se trata simplemente de dejar que el mercado asigne viviendas a quienes pueden pagarlas. Se trata de garantizar acceso como parte de la infraestructura social básica, similar a cómo garantizamos carreteras, educación o agua potable.

El contexto es urgente. En muchas ciudades occidentales, los precios de la vivienda se han desvinculado completamente de los ingresos locales. Los jóvenes profesionales no pueden permitirse vivir donde trabajan. Las familias de clase media son desplazadas por la gentrificación. Los inversores institucionales compran viviendas no para vivir en ellas, sino como activos financieros. Mazzucato ve en todo esto una falla de política pública, no una ley natural de la economía.

Su posición invita a una pregunta incómoda para quienes han construido fortunas en el mercado inmobiliario: ¿cuál es el propósito de una economía que produce riqueza pero deja a millones sin un lugar seguro donde dormir? Si la vivienda es verdaderamente un derecho humano, entonces debe ser tratada como tal en la arquitectura de nuestras políticas, no como un bien de lujo que solo algunos pueden permitirse. Lo que Mazzucato está diciendo, en esencia, es que hemos confundido los medios con los fines. La economía existe para servir a las personas, no al revés.