Mazón comparece de nuevo en el Congreso para responder sobre su gestión de la dana

Carles Mazón regresa este lunes al Congreso de los Diputados a las once de la mañana para enfrentar nuevas preguntas sobre cómo gestionó la crisis de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 232 personas muertas ahogadas en las inundaciones de la Comunitat Valenciana. La comparecencia llega apenas cuatro días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitara revisar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que lo exculpó completamente, esto en respuesta a una querella presentada por cuatro diputados socialistas que lo acusan de falso testimonio por las contradicciones que ha ofrecido sobre dónde estuvo y qué hizo durante aquellas horas críticas.

Desde que comenzaron las inundaciones, Mazón ha cambiado repetidamente su versión de los hechos. Ha modificado la hora en que llegó al Cecopi, el órgano de la Generalitat encargado de gestionar la crisis. Ha alterado cuánto tiempo pasó en una comida con una periodista en el restaurante El Ventorro. Ha dado diferentes explicaciones sobre sus comunicaciones con Salomé Pradas, la responsable de Emergencias. Y ha ajustado lo que sabía y cuándo lo sabía sobre las primeras muertes. En su primera comparecencia ante la comisión, poco después de dimitir, Mazón insistió en dos puntos: que no estuvo ausente y que hicieron lo que pudieron con la información disponible. También afirmó que su gobierno no tuvo conocimiento de las primeras muertes hasta la madrugada.

La documentación judicial cuenta una historia diferente. Mazón no estaba trabajando desde el Palau de la Generalitat desde las cinco de la tarde, como aseguró días después de la tragedia. Estaba comiendo en El Ventorro hasta pasadas las siete de la noche. Cuando salió por la puerta del restaurante, al menos 55 personas ya se habían ahogado. No llegó al Cecopi hasta pasadas las ocho y media de la noche, casi quince minutos después de que se enviara el Es-Alert, el mensaje de alerta a la población. Para entonces, más de 154 personas habían muerto y para decenas de otras la situación era ya insalvable.

Pradas reveló en una entrevista televisiva que a la una del mediodía recibió órdenes del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, para que no molestara al president. Los registros de llamadas de la exconsellera muestran dos llamadas canceladas por Cuenca a las 12:54 y otra por Mazón a las 12:59. Hay una tercera llamada de Cuenca a las 13:19 que coincide con lo que Pradas describió: el jefe de gabinete advirtiéndole que no interrumpiera al entonces president. Desde la mañana temprano hasta que Mazón llegó al Cecopi, Pradas registró 105 llamadas en total. Con el círculo cercano de Mazón fueron 27, pero solo 12 directamente con el president. Él canceló cuatro de esas llamadas, tres de ellas durante las peores horas de la dana. Atendió dos. El resto fueron llamadas que él hizo a Pradas en la última hora antes de llegar al Cecopi. En total, antes de que se enviara la alerta, Mazón habló con Pradas poco más de once minutos.

A las cuatro de la tarde, los teleoperadores del 112 ya daban por hecho que había fallecidos. El volumen de llamadas de emergencia era un termómetro de la gravedad de lo que ocurría. Cuando comenzó la reunión del Cecopi a las cinco de la tarde, el 112 ya había acumulado 9.461 llamadas de auxilio. Algunas provenían de la zona donde nace el barranco: "Roto muro de contención de barranco, incomunicados", según consta en la documentación judicial. Otras eran de pánico, de personas atrapadas por las lluvias. Una llamada de Utiel solicitaba rescate para una mujer de 92 años y su hijo minusválido. El hijo, Enrique Ramos, de 58 años, murió ahogado cuando su madre intentó arrastrarlo al segundo piso.

Mazón está personado en la causa que instruye el juzgado de Catarroja. El mes pasado envió un escrito de 66 páginas donde no solo defendía que no tuvo responsabilidad por omisión en la catástrofe, sino que rechazaba incluso la existencia de una relación causal entre el retraso del Es-Alert y el número de muertes. Una investigación de EL PAÍS que cruzó datos de todas las muertes de la dana encontró que al menos 46 personas murieron en carreteras, 49 en plantas bajas sorprendidas por la llegada de riadas, y 38 en garajes cuando bajaron a rescatar sus coches. El protocolo de actuación ante inundaciones recomienda que el mensaje de alerta se envíe como medida preventiva, urgiendo a la población a restringir movimientos, no salir a la calle y subir a plantas altas.

La jueza que instruye el caso, Nuria Ruiz Tobarra, respondió a Mazón con su propio escrito señalando que "la falta de avisos sobre el riesgo que asumía la población al bajar a los garajes resultó mortal" y que "el desconocimiento del gravísimo riesgo que estaban asumiendo las víctimas, la falta de avisos adecuados y con antelación suficiente es patente y común precisamente en todos los casos". Técnicos que han comparecido ante la comisión del Congreso han defendido que hubo flujo de información suficiente para que el Es-Alert hubiera llegado antes a la población. Un vídeo del encuentro muestra que alrededor de las seis de la tarde los mandos discutían enviar un mensaje de alerta a los municipios de Utiel y Requena. Pradas dice en el vídeo: "Vamos a proceder a enviar una comunicación". Ese mensaje nunca se envió.