Más de mil menores migrantes se resistieron a su traslado desde Canarias y lograron quedarse

Saliou tiene diecisiete años, es de Senegal, pero en Canarias le dicen El Canario. El acento isleño se le pegó rápido, como todo lo demás: los amigos, la familia que lo acogió, la escuela. Cuando le dijeron que debía trasladarse a la Península como parte de un plan de redistribución de menores migrantes, escribió un papel explicando por qué no quería irse. Firmó. Y se quedó.

Desde el verano anterior, cuando comenzó el proceso de reubicación de adolescentes que saturaban los centros de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, más de mil menores presentaron objeciones formales contra su traslado. En Canarias fueron 1.090 alegaciones. En Melilla, 204. En Ceuta, ninguna. Mientras algunos presidentes autonómicos levantaban la voz para rechazar la llegada de estos chicos a sus territorios, muchos de los propios menores no querían marcharse. Se les escuchó, en gran medida, porque la ley prioriza el interés superior del menor. "No a todos, claro", aclara Sandra Rodríguez González, directora general de Protección de la Infancia y las Familias de Canarias. "Alegar que no quieren salir porque tienen amigos en las islas no es determinante, pero sí, se les escuchó".

Lo que ocurrió en Canarias fue distinto al drama que se vivió en la Península. Mientras algunos alcaldes rechazaban públicamente a los menores migrantes y vecinos montaban espectáculos poco ejemplares, en las islas decenas de familias peleaban para que no se llevaran a los chicos con los que ya habían construido relaciones de verdadero cariño. Veían cómo esos adolescentes tímidos que llegaban en patera se transformaban en jóvenes confiados, con amigos, con equipos de fútbol, con estudios en marcha. Pasaban de ser invisibles a ser parte del barrio.

Babacar Gueye llevaba tres años en Canarias cuando le notificaron su traslado. Tenía diecisiete años, un trabajo como camarero, dinero en el bolsillo. Ni siquiera la presencia de un hermano en la Península lo convenció. Fue a la dirección general con su tutor y explicó su situación. Firmó su alegación. Tiempo después, cuando creía que el tema estaba cerrado, volvieron a llamarlo. Esta vez contó con la ayuda de su familia de acogida, de abogados amigos. Volvió a ganar. Sigue trabajando en el mismo restaurante, con un jefe que describe como maravilloso, rodeado de colegas que son, dice, "una familia".

La red de apoyo que permitió que estos chicos se quedaran fue tejida por familias, profesores, empleadores. Los docentes fueron especialmente importantes: identificaban aptitudes, animaban a continuar estudios, abrían puertas. Saliou completó su grado medio en Electricidad. Abdoulah terminó su ciclo básico de Formación Profesional y ahora espera poder acceder al grado medio. Trabaja en una panadería, hornea pan, juega al fútbol. "Yo siempre soñaba con ser jugador profesional, pero ahora tengo una vida mejor y puedo ayudar a mi familia. Allí en Mali tengo siete hermanos y aquí en Canarias, un hermano y dos hermanas". Su familia de acogida le ofreció vivienda cuando cumplió dieciocho años. "Se lo agradezco muchísimo. Yo no quería ir a la Península porque ya tengo media vida hecha aquí y no quiero empezar de nuevo".

Para los que se quedaron, el gobierno canario organizó alternativas. Algunos vivieron en hoteles que ofrecían formación en hostelería mientras trabajaban. Se abrieron cerca de diez centros con doscientas plazas para que los jóvenes tuvieran dónde alojarse después de cumplir dieciocho años y salir de los centros de menores. Otros fueron trasladados a la Península, pero con una red de apoyo ya constituida, a través de un proyecto llamado Urdimbre que busca trabajo y vivienda con ayuda de empresas y organizaciones como Cáritas.

El gobierno nacional presentó en junio un Plan de Integración y Ciudadanía dotado con 505 millones de euros en su primer año, que contemplaba crear 100.000 nuevas plazas de Formación Profesional. Pero la realidad que enfrentan estos jóvenes es más inmediata. Saliou lleva dos semanas trabajando en una empresa de electricidad. Quería matricularse en el grado superior, pero no hay plazas. Es uno de los grandes problemas con los que chocan los migrantes más jóvenes en España: la formación existe, pero no en la cantidad que se necesita. Mientras tanto, estos chicos siguen construyendo sus vidas en las islas, lejos de aquellos días largos en la patera, prácticamente perdidos en el mar.