¿Por qué solamente un sector puede ejercer su derecho a manifestarse?
En Lima, la tensión electoral ha encontrado un nuevo escenario: el Centro Histórico bloqueado por decreto municipal ante marchas de simpatizantes del candidato Roberto Sánchez. La Alcaldía de Renzo Reggiardo, respaldada por diecisiete alcaldes distritales, invoca el orden público, pero el partido Juntos por el Perú y analistas políticas señalan que detrás de la medida late una lógica discriminatoria que recuerda las fracturas no resueltas de 2021. Cuando el espacio público se abre para unos y se cierra para otros, la ciudad deja de ser de todos.
- La Alcaldía de Lima bloqueó accesos al Centro Histórico para impedir marchas de seguidores de Roberto Sánchez, invocando razones de seguridad que sus críticos consideran un pretexto político.
- Juntos por el Perú denunció la medida como inconstitucional e ilegal, argumentando que viola la Convención de Derechos Humanos y restringe derechos fundamentales de ciudadanos que han protestado de forma pacífica.
- El agravio más profundo es la asimetría: en abril y mayo, las mismas autoridades facilitaron sin obstáculos las movilizaciones de Renovación Popular cuando ese partido impugnaba los resultados electorales.
- La analista Marisa Glave advierte que la hostilidad tiene un componente racista y clasista, dirigida específicamente contra el carácter popular de los seguidores de Sánchez.
- El patrón evoca las heridas de 2021, cuando el voto de sectores populares fue cuestionado mediante alegaciones de fraude, y su repetición amenaza con escalar la crispación social.
La Alcaldía de Lima, encabezada por Renzo Reggiardo de Renovación Popular, decretó el bloqueo de los accesos al Centro Histórico durante dos días para contener las marchas convocadas por simpatizantes del candidato presidencial Roberto Sánchez. Diecisiete de los cuarenta y tres alcaldes distritales de Lima Metropolitana respaldaron la medida, que de inmediato desató una ola de críticas sobre su legalidad y sus motivaciones.
Juntos por el Perú rechazó la decisión de manera frontal, calificándola de inconstitucional e ilegal. En un comunicado oficial, el partido sostuvo que el bloqueo vulnera la Convención de Derechos Humanos y restringe derechos fundamentales como la libre circulación, la reunión y la protesta. Subrayó además que todas las movilizaciones de sus simpatizantes han sido pacíficas y ordenadas, lo que a su juicio deja sin sustento la medida municipal.
El punto más irritante para el partido es el trato desigual. Entre abril y mayo, las mismas autoridades facilitaron sin trabas las movilizaciones de Renovación Popular, cuando ese partido impugnaba los resultados de la primera vuelta alegando fraude contra su líder Rafael López Aliaga. Frente a las protestas de los seguidores de Sánchez, en cambio, se despliegan restricciones severas. Juntos por el Perú exhortó a los alcaldes a gobernar para todos los limeños, no solo para algunos.
La exparlamentaria y analista política Marisa Glave fue más lejos: calificó la actitud de los municipios controlados por Renovación Popular como racista y clasista, señalando que la hostilidad apunta directamente al carácter popular de quienes apoyan a Sánchez. Glave conectó los hechos con las fracturas de 2021, cuando el voto de sectores populares fue cuestionado mediante alegaciones de fraude, y advirtió que ese patrón parece repetirse. Su pregunta central resume el malestar: ¿por qué solo un sector político puede protestar con el respaldo municipal, mientras otros enfrentan bloqueos y alertas máximas?
La Alcaldía de Lima, bajo el mando del alcalde Renzo Reggiardo del partido de extrema derecha Renovación Popular, decretó el bloqueo de los accesos al Centro Histórico de la capital para los próximos dos días, argumentando la necesidad de contener marchas de protesta convocadas por simpatizantes del candidato presidencial Roberto Sánchez. La medida, respaldada por diecisiete de los cuarenta y tres alcaldes distritales de Lima Metropolitana, ha desatado una ola de críticas que cuestiona tanto su legalidad como sus motivaciones políticas.
Juntos por el Perú, el partido de Sánchez, rechazó frontalmente la decisión, calificándola de inconstitucional e ilegal. En un comunicado oficial, la agrupación política denunció que el bloqueo viola la Convención de Derechos Humanos y vulnera derechos fundamentales como la libre circulación, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. El partido enfatizó que todas las movilizaciones realizadas por sus simpatizantes se han caracterizado por ser pacíficas y ordenadas, lo que refuerza su argumento de que la medida carece de justificación.
Lo que más ha irritado a Juntos por el Perú es lo que considera un trato discriminatorio. Durante abril y mayo pasados, la Alcaldía de Lima y los municipios distritales facilitaron sin obstáculos las movilizaciones de Renovación Popular, cuando ese partido impugnaba los resultados de la primera vuelta electoral alegando fraude en contra de su líder, Rafael López Aliaga. Ahora, frente a las protestas de los seguidores de Sánchez, las mismas autoridades despliegan restricciones severas. El partido exhortó a las autoridades ediles a garantizar los derechos de todos los ciudadanos por igual y a gobernar para la totalidad de los limeños y limeñas, no solo para algunos.
Marisa Glave, destacada exparlamentaria y analista política, fue más allá en su crítica. Caracterizó la actitud de los municipios controlados por Renovación Popular como claramente racista y clasista, señalando que la hostilidad se dirige específicamente al carácter popular de los seguidores de Sánchez. Glave reconoció que en un contexto de tensión y crispación electoral es lógico que puedan surgir manifestaciones, pero cuestionó la selectividad de las autoridades.
La analista también conectó los eventos actuales con las heridas no cicatrizadas de la elección de 2021, cuando se intentó desconocer el voto de sectores populares mediante alegaciones de fraude. Según Glave, ese patrón parece estar repitiéndose ahora, lo que explica por qué hay ciudadanos que sienten la necesidad de hacer escuchar su voz. Su pregunta central fue incisiva: ¿por qué solamente un sector político puede ejercer el derecho a protestar con el apoyo de la municipalidad, mientras que otros enfrentan bloqueos y restricciones? La Alcaldía de Lima, agregó, declara alerta máxima precisamente ante las protestas de los seguidores de Juntos por el Perú y organizaciones sociales, revelando un patrón de discriminación que va más allá de consideraciones de seguridad pública.
Notable Quotes
Todas las movilizaciones realizadas por simpatizantes de Juntos por el Perú se han desarrollado de manera pacífica y ordenada— Comunicado de Juntos por el Perú
La actitud de los municipios de Renovación Popular es claramente racista y clasista, por su hostilidad con el carácter popular de los seguidores de Sánchez— Marisa Glave, analista política y exparlamentaria
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué la Alcaldía de Lima considera que necesita bloquear el Centro Histórico precisamente ahora?
Oficialmente dicen que es por seguridad, pero el timing es lo que importa. Hace poco permitieron que Renovación Popular protestara sin restricciones cuando cuestionaban los resultados electorales. Ahora, con Sánchez, cambian las reglas.
¿Hay algo en el historial de las protestas de Sánchez que justifique esta medida?
No. Juntos por el Perú ha sido claro en que sus movilizaciones han sido pacíficas y ordenadas. No hay un registro de violencia que explique por qué de repente necesitan cerrar el Centro Histórico.
¿Qué significa que diecisiete alcaldes respalden esto?
Que no es solo Reggiardo actuando solo. Es un patrón coordinado. Diecisiete de cuarenta y tres alcaldes distritales firmaron para respaldar la medida. Eso sugiere una estrategia política deliberada, no una respuesta a una amenaza real.
Glave menciona 2021. ¿Qué pasó entonces?
En 2021 hubo un intento de desconocer los votos de sectores populares mediante acusaciones de fraude. Ahora, cinco años después, esos mismos sectores ven que se les niega el derecho a protestar mientras otros sí pueden hacerlo. Es como si la historia se repitiera, pero con métodos diferentes.
¿Cuál es el riesgo real aquí?
Cuando reprimes selectivamente el derecho a protestar, no lo eliminas. Lo que haces es acumular frustración. La gente siente que el sistema no es justo, que hay reglas diferentes según quién eres. Eso es lo que preocupa a Glave: que esto profundice la crispación en lugar de resolverla.