En el cruce entre la seguridad nacional y la rendición de cuentas democrática, la crisis migratoria de Ceuta ha desatado una disputa sobre quién debe saber qué, y ante quién. El Partido Popular exige que la directora del CNI explique públicamente los fallos de inteligencia que precedieron la entrada masiva de migrantes, mientras el Gobierno de Robles ofrece una comparecencia restringida ante la Comisión de Secretos Oficiales. Este desacuerdo no es solo procedimental: refleja una tensión antigua entre el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad y la necesidad legítima del Estado de protege