Marruecos blinda Castillejos con operativo masivo tras avalancha migratoria

Dos semanas después de que decenas de miles de migrantes irrumpieran en Ceuta en un caos sin precedentes, Marruecos ha transformado las playas y carreteras de Castillejos en una fortaleza. Los gendarmes detienen taxis en las rotondas que conducen desde Tánger hacia la frontera, interrogando a hombres jóvenes mientras dejan pasar sin preguntas a los mayores. No es ruta segura para los veinteañeros que buscan cruzar hacia el norte.

Lo que se ve en los arenales de Castillejos cuenta la historia completa. Hacia la ciudad, turistas bajo sombrillas. Hacia España, policías apostados cada cincuenta metros desde el acantilado. Marruecos ha desplegado todo su arsenal: camiones cargados de concertina —esa espiral hiriente de alambre con púas—, cañones de agua a presión, tanquetas, decenas de furgones antidisturbios, ambulancias, vehículos de bomberos, transportes militares y helicópteros. La Marina Real patrulla la costa. El mensaje es inequívoco: no hay entrada.

Esta movilización responde a lo que ocurrió hace catorce días. Entre el mediodía del 30 de julio y la tarde del 31, aproximadamente ochenta mil personas se lanzaron sobre Ceuta. Ocho mil permanecen allí todavía. De esos, alrededor de cinco mil tienen derecho legal a quedarse: unos dos mil quinientos menores y otros tantos solicitantes de asilo. Las autoridades españolas aún están procesando lo que sucedió.

Ahora, en las redes sociales, circulan nuevas convocatorias. Aprovechando que el 15 de agosto es festivo en España, grupos están animando a intentar otro asalto. Marruecos lo sabe y está preparado. Las vías hacia el norte están bajo vigilancia constante: policías uniformados y de paisano controlan autobuses, taxis colectivos, vehículos privados. La Dirección General de la Seguridad Nacional publica contramensajes recordando que incitar a la inmigración irregular es delito. El Ministerio del Interior advirtió el miércoles que adoptaría todas las medidas necesarias.

La táctica marroquí combina disuasión visible con consecuencias administrativas. Las vallas fronterizas están coronadas con concertina, extendiéndose incluso hacia el agua para bloquear intentos durante la marea baja. A la salida de Castillejos, un primer control impide el paso a quien no pueda demostrar que viaja documentado a Ceuta. Quienes logran aproximarse a las vallas enfrentan el llamado alejamiento administrativo: autobuses los trasladan cientos de kilómetros hacia el interior, a ciudades como Beni Melal, a más de seis horas de carretera hacia el sur.

En el polígono empresarial que el Gobierno marroquí construyó junto a la frontera tras la pandemia para revitalizar una economía destrozada por el fin del contrabando tolerado, ahora están estacionados los autocares del alejamiento. Hace dos semanas, decenas de migrantes subsaharianos estaban retenidos en ese mismo lugar. Ahora lo ocupan unidades de refuerzo de seguridad.

Fátima, ama de casa de Tetuán de cincuenta y un años, no había cruzado hacia Ceuta para visitar a su familia desde antes del 30 de julio. El viernes pasado, en el aparcamiento de taxis de la terminal fronteriza, expresaba su temor: "Tengo miedo de que mañana se vuelva a cerrar de nuevo". Pocos viajeros a pie, menos vehículos aún, atravesaban esa línea divisoria al mediodía del viernes. Quien no pueda demostrar que va a cruzar legalmente tiene vedado el paso.

Bajo la superficie de este operativo hay un costo humano que no desaparece con las vallas. Según organizaciones humanitarias marroquíes, hasta ciento cuarenta y una personas han muerto en las corrientes del espigón del Tarajal, el único paso fronterizo abierto ahora. Esas muertes ocurrieron a ambos lados de la frontera. Mientras Marruecos sella sus accesos y España procesa a quienes lograron entrar, las redes sociales siguen llamando. La pregunta no es si habrá otro intento, sino cuándo.