Marlaska exige aclaraciones sobre si la Policía ocultó información de implicación marroquí en Ceuta

A las cuatro de la madrugada del miércoles, el ministro de Interior español Fernando Grande-Marlaska envió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, con una pregunta que revelaba una fractura en la cadena de información del Estado: ¿desde cuándo disponía el cuerpo policial de datos sobre la participación de gendarmes marroquíes en la entrada masiva de personas a Ceuta?

La pregunta no era académica. Días antes, la unidad de inmigración de la Comisaría de Extranjería había remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que sostenía que aproximadamente 70.000 personas que cruzaron hacia Ceuta los días 30 y 31 de julio lo hicieron como parte de una operación coordinada. Según el documento, agentes marroquíes bajo las órdenes de individuos de paisano guiaron deliberadamente a los migrantes con un propósito que iba más allá de la migración: colapsar el sistema fronterizo español. El análisis policial se basaba en un examen detallado de imágenes y vídeos capturados en el terreno.

Lo que inquietaba a Marlaska no era solo el contenido del informe, sino el hecho de que él, como titular de la cartera de Interior, no había sido informado de su existencia. En la carta, que El País tuvo acceso, el ministro subrayaba que necesitaba saber cuándo exactamente la Policía Nacional había obtenido esa información, a la que calificaba de "absolutamente esencial". Su argumento era claro: más allá de cualquier procedimiento judicial, él tenía la responsabilidad de ejercer su función como ministro del Interior y de permitir que el Gobierno adoptara decisiones estratégicas sobre la crisis migratoria de Ceuta.

Marlaska fue más lejos. Recordó que la información, al haber sido declarada de interés para la seguridad nacional conforme a la Ley 36/2015, debería haber sido puesta inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y de otros órganos competentes en la materia. Esto debería ocurrir, enfatizó, independientemente de cualquier investigación judicial que estuviera en marcha. El ministro cerró su misiva con una petición directa: que Pardo Piqueras le informara a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo que se había publicado.

La investigación que ahora rodea estos hechos comenzó cuando el partido Iustitia Europa presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva. La jueza María Tardón, encargada de la instrucción, decidió el 3 de agosto solicitar informes policiales tanto a la Policía como a la Guardia Civil para determinar si lo ocurrido constituía una acción concertada o dirigida por algún grupo criminal u otro actor, y si el Gobierno poseía información previa sobre los hechos. Una vez que la Unidad de Extranjería respondió con su informe, Tardón lo trasladó a la Fiscalía para que esta aclarara si el asunto correspondía a la Audiencia Nacional por afectar a la seguridad del Estado o si debería ser trasladado a un juzgado ordinario de Ceuta.

Lo que permanece pendiente es la decisión de la magistrada sobre si existe material suficiente para abrir una investigación formal y, en caso afirmativo, dónde debe tramitarse. Pero la carta de Marlaska ha abierto una cuestión paralela que toca el corazón de la gobernanza: si la información sobre una posible operación coordinada de un Estado vecino para desestabilizar la frontera española estuvo en manos de la Policía sin que el ministro responsable de la seguridad interior lo supiera, entonces algo en el flujo de información entre las instituciones de seguridad del Estado no funcionó como debería.