Maricarmen regresa a casa, pero la crisis de vivienda mantiene España en ebullición

A los 87 años, con movilidad reducida y después de siete décadas en el mismo apartamento del barrio madrileño de Retiro, Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre. El motivo: no podía pagar el alquiler que la nueva propietaria exigía. Pagaba 500 euros mensuales bajo un contrato antiguo. Cuando Urbagestión Desarrollo e Inversión SL compró el edificio en 2018, la empresa reclamó el fin de ese acuerdo y propuso un alquiler muy superior a la pensión de la mujer. Los tribunales fallaron a favor del desalojo, y la orden se ejecutó.

Lo que sucedió en los cinco días siguientes transformó el caso de una anciana en el símbolo nacional de una crisis. Decenas de miles de personas salieron a las calles el sábado en diferentes ciudades españolas para protestar contra el mercado de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas de Madrid convirtió a Maricarmen en el rostro de sus reivindicaciones. Su familia, su abogada, el sindicato y la empresa propietaria negociaron bajo la mediación del Ayuntamiento de Madrid. El lunes 28 de septiembre alcanzaron un acuerdo: Maricarmen podría regresar a su vivienda una vez recibiera el alta hospitalaria. El pacto aún requería su ratificación personal.

El timing no era casual. El Gobierno del socialista Pedro Sánchez enfrentaba una presión política creciente para actuar. El martes siguiente al acuerdo, el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar un paquete de medidas urgentes sobre vivienda. Entre las propuestas negociadas figuraban mayor protección ante desahucios, regulación de operaciones especulativas de fondos de inversión, mecanismos para estabilizar contratos de alquiler, control de alquileres de temporada, cambios fiscales en viviendas turísticas y facilidades para la compra de primera vivienda. El Gobierno también planteaba aumentar la oferta de vivienda asequible y favorecer su uso residencial frente al turístico. El lunes, Sánchez defendió en Barcelona la necesidad de mejorar la accesibilidad a la vivienda mientras cientos de activistas se concentraban en la ciudad reclamando medidas contra los desahucios.

Pero el paquete enfrentaba obstáculos reales. Para mantenerse en vigor, el decreto debería ser convalidado por el Parlamento, y el Gobierno no tenía garantizado el respaldo necesario. Incluso Sumar, su socio de coalición, había reclamado cambios y no descartaba desmarcarse si el texto no incorporaba todas sus exigencias. El caso de Maricarmen había abierto una grieta política que las medidas de urgencia debían cerrar, pero la aritmética parlamentaria seguía siendo incierta.

Lo que quedaba claro era que el desalojo de una mujer de 87 años de su hogar de 70 años había tocado algo profundo en la sociedad española. No era solo su historia personal, aunque esa historia era devastadora. Era lo que representaba: la velocidad con que los contratos antiguos podían ser cancelados, la brecha entre pensiones y alquileres de mercado, el poder de los fondos de inversión para transformar edificios residenciales en activos financieros. Maricarmen podría volver a casa. Pero la pregunta que las manifestaciones planteaban era si el sistema que la había sacado de allí cambiaría lo suficiente para evitar que otros vivieran lo mismo.