Marchena contra Conde-Pumpido: el choque institucional por la amnistía

Dos de las instituciones más poderosas de España están en guerra abierta, y el campo de batalla es la amnistía. No se trata de un desacuerdo técnico entre abogados. Es un choque entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que dejará cicatrices en ambas instituciones, protagonizado por dos magistrados cuya rivalidad personal lleva años alimentando la tensión: Manuel Marchena y Cándido Conde-Pumpido.

La secuencia de los hechos es clara. El lunes pasado, Pablo Llarena, magistrado del Supremo, levantó la orden de arresto contra Carles Puigdemont siguiendo la doctrina que Conde-Pumpido, presidente del Constitucional, había fijado. Pero Llarena lo hizo con críticas visibles a esa doctrina. Fue apenas el prólogo. El martes, la Sala Penal del Supremo, con Marchena como ponente, respondió con una resolución que eleva la fricción a niveles sin precedentes. El Constitucional había acusado al Supremo de incurrir en una "drástica contradicción" al negarse a aplicar la amnistía al delito de malversación, argumentando que esto iba contra el espíritu y la finalidad de la ley aprobada por el Parlamento. Conde-Pumpido incluso invocó el "sentido común".

El Supremo, en la resolución de Marchena, cumplió la orden. Pero lo hizo mientras denunciaba que el Constitucional había usado una "innecesaria grandilocuencia" para justificar lo que Marchena llamó directamente una "injerencia" en el ámbito jurisdiccional del Supremo. Las palabras elegidas por el Constitucional, según Marchena, no eran más que un disfraz: "expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia". El Supremo además subraya que la ley impone al Constitucional "un deber de contención argumental" que ha incumplido. El Constitucional, por su parte, ha dejado constancia de que sus sentencias "no podrán ser enjuiciadas" por ningún otro tribunal.

Lo que está sucediendo tiene raíces profundas. Marchena y Conde-Pumpido compitieron en 2014 por presidir la Sala Penal del Supremo. Marchena ganó, apoyado por un Consejo del Poder Judicial de mayoría conservadora. Conde-Pumpido, rechazado entonces, optó después por una plaza en el Constitucional y terminó siendo elegido presidente de ese tribunal en 2023. Entre medias, en 2018, un mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, reveló que consideraba obtenido el control del Supremo "desde detrás" con el acuerdo para nombrar a Marchena. La difusión de ese texto provocó que Marchena renunciara al cargo. Luego, en 2022, Marchena rehusó acceder al Constitucional. Un año después, Conde-Pumpido fue elegido presidente de ese tribunal.

Durante el juicio del procés en el Supremo, que duró cuatro meses, Marchena fue nuevamente el ponente. Frente a las peticiones de la Fiscalía de penas de treinta años de prisión, el Supremo buscó siempre la unanimidad por una vía intermedia que garantizara una respuesta penal difícilmente atacable por desproporcionada. Ahora, con la amnistía en juego, ambos magistrados vuelven a enfrentarse, pero esta vez el escenario es el de dos instituciones que se cuestionan mutuamente su legitimidad y sus competencias.

Mientras Marchena y Conde-Pumpido se intercambian críticas veladas pero devastadoras en sus resoluciones, los líderes del procés van recuperando sus derechos políticos. La amnistía se aplica. Las instituciones se erosionan. Y la perplejidad de quienes observan este derroche de esgrima jurídica es comprensible: lo que está en juego no es solo la interpretación de una ley, sino la pregunta fundamental sobre quién tiene la última palabra en España cuando dos poderes del Estado se contradicen.