Mandos de Policía y Guardia Civil intentan alterar el sistema vasco de seguridad, denuncia Ertzaintza

El consejero de Seguridad del País Vasco se sienta a defender lo indefendible: un operativo policial durante la final del Mundial que dejó a una representante institucional enfrentándose sola a agresores mientras no había un policía cerca. Pero esa no es realmente la batalla que quiere pelear. Lo que le ocupa es algo más profundo y más político: la convicción de que mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil están usando las detenciones de presuntos agresores como una excusa para recuperar territorio que legalmente no les pertenece en el sistema vasco de seguridad.

La entrevista comienza con las agresiones de aquella noche. Tres incidentes graves en pocas horas justificaban, según el consejero, que su departamento emitiera un comunicado contundente. No era alarma innecesaria, sino transparencia ante un fenómeno que requería explicación. Detrás de esos actos de violencia, identifica varias capas: grupos extremistas que rechazan la existencia de la policía, sectores de la sociedad vasca que aún procesan el legado de la violencia de ETA y su conversión de la Ertzaintza en enemigo, comportamientos radicales en las aficiones futbolísticas, falta de civismo en las celebraciones nocturnas. Y debajo de todo, un problema más grave: la pérdida de autoridad.

Cuando se le pregunta sobre el dispositivo del día de la final, rechaza cualquier autocrítica. Había dos opciones, explica: llenar el país de policías o tener los efectivos preparados para reaccionar. Eligieron la segunda. La Ertzaintza hizo lo que tenía que hacer. Sobre la manifestación que se convocó en el centro de Bilbao, sostiene que desde su departamento siempre ha prevalecido garantizar el derecho a la libre expresión, aunque reconoce que esa posibilidad de incidentes siempre cabe. Lo que no tolera es que se intente agredir a alguien por su preferencia por la selección española o su camiseta. Ese día se produjeron algunos incidentes, es verdad, pero la mayor parte de las pantallas gigantes funcionaron con normalidad.

Pero el verdadero conflicto emerge cuando habla de las detenciones realizadas por la Policía Nacional. Aquí su tono cambia. Esto no es nuevo, dice. Es recurrente desde 1979, cada vez que el Gobierno español aprueba una nueva ley de seguridad, cada vez que la Policía Nacional y la Guardia Civil impulsan una nueva sección central, cada vez que se crean fiscalías especializadas. En esos momentos, algunos mandos olvidan lo que dice el Estatuto de Gernika, olvidan los acuerdos adoptados, olvidan la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y buscan una oportunidad para recuperar una posición que no les corresponde legalmente.

Ve en esos arrestos una intención política clara: alterar el sistema vasco de seguridad y tener una presencia mayor de la que tienen y que no les corresponde jurídica y legalmente. Probablemente, sugiere, esos cuerpos disponen de más efectivos de los que necesitan en Euskadi. Esa es una decisión del Ministerio del Interior. Pero hay lugares en los que hacen más falta que aquí, y se remite a los índices de delincuencia de otras comunidades autónomas. Lo que le gustaría ver es que esas fuerzas fueran más activas y comprometidas en cuestiones de extranjería, donde cree que no están trabajando todo lo que deberían. Incluso menciona que tras los incidentes de Vitoria del 12 de octubre, han solicitado dos veces a la Policía Nacional que ayude a identificar a miembros de Falange mediante imágenes, y todavía esperan esa información.

Sobre las detenciones del día de la final, reconoce que la Ertzaintza detuvo a 19 personas ese día. Después, en las investigaciones posteriores, no ha habido arrestos adicionales, pero todos los incidentes tienen su correspondiente atestado y están siendo investigados en sede judicial. Espera que todos los que participaron reciban la sanción correspondiente y que no se libre nadie. Esto no va de una carrera de detenciones, insiste. Se trata de que cada uno haga la tarea que tiene que hacer, y esa tarea corresponde a la Ertzaintza.

El consejero cierra la entrevista hablando de los menores de Ceuta, una cuestión que describe como delicada. Los servicios de información del Estado español no anduvieron finos, dice. Hubo una reacción inmediata con el Gobierno marroquí para que la inmensa mayoría fueran devueltos. Ahora queda identificar a quienes tienen derecho de asilo en la Unión Europea y la cuestión más delicada: los menores. En su inmensa mayoría son niños y niñas muy jóvenes sin la edad ni la madurez suficiente para encontrarse en esa situación. Lo más importante es ofrecerles la protección que necesitan, que debería provenir de sus familias. El Estado marroquí tiene una responsabilidad sobre su ciudadanía que no se puede obviar. Las prisas no van a ser una buena compañía. Las diputaciones forales, como han hecho hasta ahora, serán responsables y adoptarán las decisiones que haya que adoptar, pero la situación es delicada.