Mancuso declara ante Fiscalía: "No me consta" participación de Uribe en masacres de Antioquia

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se presentó ante la Fiscalía en Montería el jueves por la tarde para declarar bajo juramento sobre su conocimiento de la participación del expresidente Álvaro Uribe en operaciones de las autodefensas durante la gobernación de Antioquia. La diligencia, que se extendió cerca de tres horas, ocurrió apenas horas antes de que Uribe compareciera a indagatoria en Bogotá el viernes a las 9:00 de la mañana en el búnker de la Fiscalía, donde enfrenta investigación por presunta omisión en hechos ocurridos cuando gobernaba el departamento.

La declaración de Mancuso se centró en cuatro líneas de investigación: las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y la conformación del Bloque Metro de las autodefensas. Cuando se le preguntó específicamente si le constaba que Uribe, en su calidad de gobernador, hubiera ordenado, sugerido o apoyado la masacre de El Aro, Mancuso respondió: "No me consta que hubiese venido directo de ese señor, el gobernador Uribe". Sobre si el exmandatario había estado presente en alguna reunión donde se planeó la incursión en El Aro, Mancuso fue categórico: "No". Cuando le consultaron si sabía si Uribe conocía previamente que la operación iba a realizarse, nuevamente respondió: "No me consta".

Respecto a la masacre de La Granja, ocurrida también en Antioquia, Mancuso fue interrogado sobre si le constaba que Uribe la hubiera ordenado, sugerido o apoyado. Su respuesta fue: "No, no lo sé". El excomandante paramilitar también fue confrontado con declaraciones de Francisco Villalba Hernández, alias Cristian Barreto, un mando medio de las autodefensas que participó en la masacre de El Aro y que había señalado a Uribe de estar presente en una reunión previa a la incursión y posteriormente en un acto de condecoración a militares. Sobre este episodio, Mancuso aseguró: "No, no estuvieron presentes". Cuando se le preguntó sobre la supuesta pertenencia de Uribe al Bloque Metro de las autodefensas, respondió: "No me consta". Además, reconoció que nunca confirmó directamente con Uribe que Pedro Juan Moreno, un funcionario que según el relato decía representar al gobernador ante los paramilitares, efectivamente actuara en su nombre.

Las masacres que ahora son materia de investigación dejaron un rastro de violencia que marcó a la región. El 11 de junio de 1996, decenas de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y del bloque Mineros incursionaron en el corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. Recorrieron la cabecera urbana amenazando a la comunidad, cerraron establecimientos comerciales y, con lista en mano, sacaron a varios pobladores de sus viviendas acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Torturaron y asesinaron a cinco de ellos frente a sus familias. Los paramilitares volvieron a Ituango en 1997, y entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre se ensañaron contra los habitantes del corregimiento de El Aro. Masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas, se robaron 1.200 cabezas de ganado y desplazaron a 1.400 personas, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras.

La investigación posterior de Justicia y Paz demostró que José Higinio Arroyo Ojeda, conocido como "Ocho Cinco" o "Caballo", un desertor de las Farc que se sumó a las autodefensas, fue uno de los comandantes de esas matanzas. También participó Isaías Montes Hernández, alias "Junior", un mando medio paramilitar enviado desde Urabá. El objetivo de los criminales era diezmar al bloque José María Córdova de las Farc, que tenía influencia en la región. En los hechos participaron tres helicópteros, uno de ellos pilotado por el propio Salvatore Mancuso, desde el cual lanzó insumos y abastecimiento para sus huestes. También hubo sospechas de que otra de las aeronaves era de la Gobernación de Antioquia, aunque esto no se ha probado en las diligencias judiciales. En ambas incursiones, nunca llegaron las Fuerzas Militares para proteger a la comunidad, como indica su misión constitucional.

Posteriormente a esas masacres, se produjo el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien fue concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento. Valle había denunciado la connivencia de los paramilitares con agentes del Estado, lo que lo convirtió en objetivo militar de la mafia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda "la Terraza" que seguían órdenes de Diego Murillo Bejarano penetraron en su oficina en el edificio Colón del centro de Medellín, simulando ser de la "Coordinadora Guerrilla". Amarraron a los presentes y a Valle le dispararon dos veces con una pistola con silenciador. Su sobrino, el abogado Mauricio Alberto Herrera Valle, comentó que "a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda".

Por las masacres de La Granja y El Aro, la justicia ha sentenciado a varios comandantes paramilitares, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, así como a empresarios que patrocinaron la incursión, como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio. Varios comandantes militares de la época han sido judicializados. En el marco de esos procesos, algunos paramilitares desmovilizados, entre ellos Mancuso, han señalado de presunta complicidad a Álvaro Uribe. Por esas sindicaciones, Uribe ya se presentó a la Fiscalía en 2023 para rendir una declaración voluntaria en la Jurisdicción Especial de Paz. El pasado mes de junio fue llamado a indagatoria por la justicia ordinaria. La diligencia de este viernes estará a cargo de Gloria Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y se adelantará bajo las reglas de la Ley 600 de 2000. El expediente está inmerso en una controversia de competencia jurídica, pues la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes solicitó a la Fiscalía que se lo cediera, pero el ente acusador respondió que lo mantiene en su jurisdicción mientras la Corte Constitucional define de fondo.