En España, el Tribunal Supremo anuló la ley que permitía a descendientes de exiliados de la Guerra Civil recuperar la nacionalidad, argumentando que el incremento de electores alteraría futuros resultados electorales. El magistrado Miguel Pasquau ha alzado la voz desde dentro del propio sistema para señalar que el tribunal cruzó una frontera esencial: la que separa la interpretación jurídica del cálculo político. Esta tensión no es menor, pues toca una pregunta que toda democracia debe responder: ¿quién custodia los límites del poder de quienes custodian la ley?