Madrid permitirá contratar personal sin la formación en violencia de género en sus nuevos centros para víctimas

Una psicóloga lleva tres años sin ser sustituida en el centro donde trabaja Paloma Rodríguez, uno de los puntos municipales de atención a víctimas de violencia de género de Madrid. Rodríguez lleva casi diez años en su puesto, cobra algo menos de 1.500 euros al mes, plus incluido, y asegura que cubrir bajas y vacantes es cada vez más difícil. Ese es el telón de fondo de un cambio que prepara el Ayuntamiento: la red va a reorganizarse y los pliegos de contratación admiten contratar a personal que aún no tiene toda la formación exigida.

El consistorio unirá en 19 centros los servicios que hoy se reparten entre los Espacios de Igualdad y los puntos de atención ambulatoria a víctimas. Serán los nuevos Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), gestionados por empresas privadas y con apertura prevista el año que viene. Este verano salió a licitación el contrato para 18 de ellos, valorado en 50 millones de euros. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública lo tumbó al considerar ilegales varias cláusulas sobre el derecho de huelga. El Ayuntamiento dice que las modificará y volverá a licitar. El resto del pliego, afirma, quedará igual.

Eso incluye la posibilidad de rebajar los requisitos de experiencia y formación. Según el texto, si hace falta incorporar a alguien para cubrir una vacante, una baja o una incapacidad temporal, la Dirección General de Igualdad y contra la Violencia de Género podrá exceptuar algunos de esos requisitos. La empresa adjudicataria debe pedirlo de forma motivada, y la decisión depende del currículum y de las dificultades para cubrir el puesto de inmediato. Los nuevos pliegos añaden otra salvedad: el profesional puede entrar sin la formación si presenta un compromiso expreso de adquirirla en el plazo que fije la propia Dirección General, sin que se precise cuál. Si la empresa no envía la documentación que acredite los requisitos, se considera falta leve.

El Ayuntamiento reconoce que esto no es nuevo. Una portavoz del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad afirma que los pliegos lo contemplan «desde hace años». Figura en contratos anteriores, como los de 2020, 2023 y 2024, y en el más reciente, el del CIAM número 19, en Puente de Vallecas, licitado y adjudicado este año. En algunos contratos más antiguos no consta. El consistorio sostiene que los pliegos fijan «estrictos requisitos» y que la excepción es «totalmente excepcional» y está siempre condicionada a obtener la formación de inmediato. No explica cómo se garantizará esa inmediatez cuando la mayoría de los puestos exige al menos 75 horas de especialización.

Los requisitos varían según el puesto. En los centros habrá coordinadores, trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de desarrollo profesional, asesores jurídicos, monitores de tiempo libre y técnicos de intervención comunitaria. Los psicólogos deben acreditar al menos un año de experiencia en un centro de atención a víctimas. A los coordinadores se les piden 75 horas de formación especializada, y 100 a trabajadores sociales y asesores jurídicos. Según los pliegos, la excepción «facilita la especialización» sin perder calidad.

Rodríguez lo ve de otro modo. Recuerda que cuando entró se pedían tres años de experiencia en violencia para algunos perfiles y ahora se pide uno. Advierte de que se trabaja con trauma a diario y de que rebajar exigencias puede traducirse en que una mujer pase por cuatro psicólogas porque las vacantes no se cubren. Según ella, entre una cita y otra con la psicóloga pueden pasar mes y medio, y la primera atención puede tardar hasta dos meses. En 2024, los puntos de atención a víctimas atendieron a 2.292 mujeres, 88 hijos menores a cargo y 63 familiares.

Nuria Varela, escritora y teórica feminista, fue la primera directora de gabinete del Ministerio de Igualdad en 2008 y directora general de Igualdad de Asturias de 2019 a 2023. Califica la medida de «agujero negro» y de «irresponsabilidad». Opina que las 75 horas sirven para aproximarse al tema, no para un espacio definido como especializado, y pregunta cómo gestionará una crisis quien no tenga formación.

El marco legal es difuso. La ley del solo sí es sí, de 2022, garantiza la especialización mediante formación inicial obligatoria y continua. La ley autonómica solo habla de adoptar medidas para impulsar y facilitar la formación. Varela sostiene que la legislación la recomienda pero no la exige, y que los ayuntamientos son competentes en atención directa sin una norma superior que la pida expresamente. En Madrid tampoco hay norma municipal, así que la rebaja queda en manos de la Dirección General de Igualdad. Habrá que ver si la nueva licitación mantiene estas cláusulas intactas.