Madrid perdió millones al vender edificio público que ahora será derribado para 162 pisos

En mayo de 2014, la Comunidad de Madrid vendió un edificio público situado en Vía Lusitana, 21, en el distrito madrileño de Carabanchel. El Gobierno de Ignacio González necesitaba dinero con urgencia, sofocado por la crisis económica que había estallado años antes. Recibió 16,7 millones de euros por la venta. Lo que parecía una solución rápida a los apuros presupuestarios se convirtió en una operación financiera desastrosa que, una década después, revelaría su verdadero costo.

El edificio no fue abandonado tras cambiar de propietario. La administración regional se quedó dentro como inquilina, pagando alquiler a la Cámara de Comercio, que se convirtió en el nuevo dueño. El inmueble continuó prestando servicios públicos: alojaba archivos, impartía formación y atendía a ciudadanos a través de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Funcionaba también como colegio electoral para los vecinos del barrio. Durante doce años, Madrid pagó por ocupar un espacio que había sido suyo. Para 2022, la factura de alquileres había alcanzado los 18,1 millones de euros. La región había desembolsado 1,4 millones más de lo que había ingresado por la venta. Si se proyecta la progresión de rentas hasta julio de 2026, cuando la administración finalmente abandonó la propiedad, el agujero económico se amplía a más de nueve millones de euros.

Esta operación fue parte de una estrategia más amplia conocida como sell and lease back, aplicada durante los años más duros de la crisis. Entre 2012 y 2015, bajo el mandato de González, la Comunidad vendió nueve inmuebles por 146 millones de euros. Tres años después, en 2022, ya había gastado 73 millones en alquilarlos. La fórmula respondía a una situación de emergencia presupuestaria. La presidenta anterior, Esperanza Aguirre, había resumido el estado de las arcas regionales con una frase que se hizo célebre: no tenían ni un duro. González intentó resolver la crisis mediante estas ventas, pero el tiempo demostró que el remedio fue peor que la enfermedad.

Ahora, el edificio de Carabanchel está destinado a desaparecer. La Cámara de Comercio lo ha vendido a Dazia Capital, una empresa que forma parte de una alianza para invertir 500 millones de euros en el mercado residencial español. En su lugar se construirá un complejo de nueve plantas con 162 viviendas de lujo, equipadas con piscina, pádel, gimnasio y centro de wellness. Los 14.460 metros cuadrados de superficie construida albergarán apartamentos de uno, dos y tres dormitorios. No quedará rastro de las instalaciones públicas que ocupaban el espacio desde hace aproximadamente quince años.

Los vecinos de Carabanchel han expresado su preocupación. Almudena, una residente movilizada contra el proyecto, señala que se derribará un edificio perfectamente funcional, causando un daño medioambiental innecesario. Critica también la falta de planificación de dotaciones públicas como colegios, centros de salud y transporte que debería acompañar a un proyecto de esta envergadura. La altura de nueve plantas, argumenta, alterará sustancialmente la calidad de vida de quienes compraron viviendas en la zona hace veinticinco años, cuando las calles eran más amplias y el acceso al parque era directo.

La operación fue autorizada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el 25 de marzo de 2026, tras un proceso de comercialización abierto. La Comunidad de Madrid tiene tutela administrativa sobre la Cámara de Comercio, cuyo presidente, Ángel Asencio, ha podido permanecer en el cargo gracias a una reforma impulsada por el Ejecutivo conservador. La mudanza de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda desde el edificio costó 100.000 euros. La administración tuvo que encontrar nuevas ubicaciones para continuar prestando los servicios que ofrecía en Vía Lusitana.

El caso de Carabanchel no es aislado en el historial de gestión de patrimonio público de la región. Durante el mandato de González, la Comunidad también vendió una promoción de 2.935 viviendas públicas por 201 millones de euros. En 2025, el Gobierno de Ayuso se vio obligado a recuperar 1.721 de esas viviendas que aún no habían sido vendidas en el mercado libre, pagando 111 millones de euros por ellas. La estrategia de vender patrimonio para obtener liquidez inmediata ha dejado un rastro de operaciones que, evaluadas a largo plazo, han resultado costosas para las arcas públicas y han reducido el patrimonio disponible para prestar servicios a los ciudadanos.