Madrid fracasa en su intento de boicotear la reunión sobre financiación autonómica

El jueves por la tarde, la Comunidad de Madrid lanzó un movimiento sorpresivo: anunció que no asistiría a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para el viernes, donde se votaría el nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno había diseñado. Más aún, Madrid hizo un llamamiento público a las otras autonomías gobernadas por el Partido Popular para que también boicotearan la cita. La estrategia tenía una lógica clara: si faltaba la mitad de los territorios, la reunión no podría celebrarse válidamente, según marca el reglamento interno del órgano.

Pero el plan de Isabel Díaz Ayuso no funcionó. Ninguna de las otras comunidades del PP secundó el plantón. Murcia, Andalucía, Extremadura y Baleares confirmaron públicamente que acudirían. La Rioja también tenía la reunión en su agenda. Otras regiones gobernadas por el Partido Popular dijeron que el anuncio madrileño les había sorprendido, pero que mantenían su intención de asistir. El quórum de la mitad de participantes que exige la normativa quedó garantizado desde el momento en que Madrid se quedó sola en su boicot.

Desde el Gobierno autonómico madrileño, las fuentes explicaron que habían trasladado su posición en las reuniones internas que mantuvieron en días previos con la dirección nacional del PP y con los consejeros de Economía y Hacienda del partido. Su argumento era contundente: la única forma de impedir que el nuevo modelo se materializara era que no hubiera quórum. Caracterizaron la propuesta como una ruptura de la igualdad entre españoles y un blanqueamiento de lo que llamaron corrupción económica y política de la Generalidad de Cataluña.

Desde el ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, calificaron el anuncio de irresponsable. El departamento había acelerado la reforma en los últimos meses precisamente para que llegara a votación en esta reunión de viernes. El proceso había sufrido ya un aplazamiento: estaba previsto para finales de julio, pero las comunidades del PP enviaron una carta pidiendo posponerlo hasta septiembre, argumentando que necesitaban más tiempo para estudiar la propuesta y que además el país estaba siendo asolado por incendios. Hacienda accedió y aseguró que durante esos meses mantuvo contacto con las consejerías autonómicas y les envió información adicional.

La propuesta que se votaría este viernes busca resolver una reforma pendiente desde 2014. El nuevo sistema mantendría la arquitectura actual de financiación pero incorporaría cambios significativos. El Gobierno calculaba que aportaría unos 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades en el primer año de funcionamiento, previsto para 2027. Andalucía recibiría 4.846 millones adicionales, Cataluña 4.686 millones, la Comunidad Valenciana 3.669 millones y Madrid 2.555 millones. Las autonomías pasarían a participar en el 55% del IRPF, frente al 50% actual, y en el 56,5% del IVA. Además, se incorporarían al sistema el 100% de la recaudación de varios tributos como el impuesto sobre el patrimonio, los depósitos bancarios, las actividades del juego y los residuos. La reforma también modificaría la forma de calcular la población ajustada, introduciendo nuevos criterios para reflejar mejor el coste de prestar servicios públicos en territorios con dispersión, orografía difícil, insularidad o población envejecida.

La propuesta había generado rechazo generalizado. Prácticamente todas las comunidades se oponían, tanto las gobernadas por el PP como algunas con presidentes socialistas como Castilla-La Mancha y Asturias. Solo Cataluña y Canarias la veían con buenos ojos. Cataluña porque el modelo bebía de un acuerdo previo entre el PSC y ERC que sirvió como punto de partida para diseñar la reforma. Canarias se sumó en julio después de arrancar varias concesiones técnicas a Hacienda. El resto de territorios criticaba que se hubiera negociado de manera bilateral con Cataluña en un primer momento y que defendiera los intereses económicos de la Generalitat.

Pese al rechazo generalizado, el Gobierno mantenía decidida su intención de aprobar la reforma. En el órgano de coordinación entre el Estado y las autonomías, bastaba con que una comunidad, además de Hacienda, votara a favor. Los votos de Cataluña y Canarias parecían garantizados. Pero para ello era necesario que al encuentro acudieran al menos la mitad de los territorios. Esa era la grieta que Madrid había intentado explotar. Ahora, con el quórum asegurado y ningún otro territorio secundando el boicot, el Gobierno podría proceder con la votación. Desde Hacienda recordaban además que aunque el órgano debatiera y votara, la decisión final residía en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional.