Una decisión judicial en Brasilia reabre, con la fuerza de una cicatriz que vuelve a doler, la vieja herida del tríplex del Guarujá. El juez federal Marcelo Gentil Monteiro ordenó devolver a OAS, hoy Grupo Metha, los 2,4 millones de dólares obtenidos en la subasta de 2018, porque ya no existe razón para retener esos fondos tras la anulación de las condenas contra Lula. Pero el gesto no declara inocencia ni culpa: solo constata que el inmueble figura a nombre de la constructora y que el dinero no tiene justificación para permanecer bajo custodia. En medio de una tensión política aún caliente tr
Lula recupera el debate del tríplex: la Justicia ordena devolver a OAS los fondos de la subasta
Lula permaneció 580 días encarcelado en la sede de la Policía Federal de Curitiba tras una condena posteriormente anulada.
La resolución no equivale a una sentencia absolutoria
Mark
¿Qué ordenó exactamente el juez?
Mimi
Devolver a OAS, hoy Grupo Metha, los 2,4 millones de dólares de la subasta de 2018 del apartamento 164-A del edificio Solaris.
Mark
¿Por qué ahora importa tanto?
Mimi
Llega dos semanas después de la reelección de Lula, y él lo usa para exigir disculpas a quienes le acusaron.
Luke
Conviene no pasarse: la resolución no es una absolución penal. Solo dice que no hay base para retener el dinero y que el inmueble estaba a nombre de OAS.
Mark
Entonces, ¿qué dice sobre la culpabilidad de Lula?
Mimi
Nada de fondo. La causa se archivó por prescripción en 2022, y antes el Supremo anuló las condenas por incompetencia y parcialidad de Moro.
Luke
Y las lecturas chocan: Moro dice que la justicia civil nunca afirmó que el tríplex no fuera de Lula; Attié sostiene que sí confirma que no lo era. Son interpretaciones, no hechos del fallo.
Mark
¿Qué pesa en lo humano?
Mimi
Los 580 días en Curitiba, que Lula pasó negándose a pedir beneficios para exigir que se reconociera su inocencia.
Luke
Y sigue abierta la pregunta de si habrá rectificaciones de los medios o consecuencias para los responsables; hoy eso es solo un reclamo.
The Pulse
- Un juez federal de Brasilia ordena devolver a OAS los 2,4 millones de dólares de la subasta del tríplex, reavivando una herida que parecía cerrada.
- La resolución no es una absolución: solo reconoce que no hay base para retener el dinero y que el inmueble está registrado a nombre de la constructora.
- Lula, recién reelegido para un cuarto mandato, exige que quienes lo acusaron rectifiquen con el mismo tamaño de letra que usaron para la acusación.
- Bolsonaristas y exjueces como Moro sostienen que la decisión no prueba inocencia, mientras la defensa de Lula la presenta como prueba de persecución judicial.
- El debate sobre el legado del lavajatismo y la demanda de disculpas de los medios queda abierto en plena polarización posterior a las elecciones.
Una decisión judicial en Brasilia reabre, con la fuerza de una cicatriz que vuelve a doler, la vieja herida del tríplex del Guarujá. El juez federal Marcelo Gentil Monteiro ordenó devolver a OAS, hoy Grupo Metha, los 2,4 millones de dólares obtenidos en la subasta de 2018, porque ya no existe razón para retener esos fondos tras la anulación de las condenas contra Lula. Pero el gesto no declara inocencia ni culpa: solo constata que el inmueble figura a nombre de la constructora y que el dinero no tiene justificación para permanecer bajo custodia. En medio de una tensión política aún caliente tras las elecciones, el episodio obliga a preguntarse qué queda de aquella época de certezas judiciales y qué deuda de palabra tienen quienes las proclamaron.
Un juez federal de Brasilia, Marcelo Gentil Monteiro, ordenó devolver a OAS, hoy Grupo Metha, los 2,4 millones de dólares obtenidos en la subasta de 2018 del apartamento 164-A del edificio Solaris. La decisión llega apenas dos semanas después de que Lula ganara la reelección el 25 de octubre, en segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro. El juez basó su resolución en que el inmueble figuraba a nombre de OAS y en que, anuladas las condenas y archivada la causa, ya no había fundamento para retener el dinero. El Ministerio Público Federal había apoyado la devolución.
La historia comenzó con la Operación Lava Jato, iniciada en 2014, que sacudió el sistema político y contribuyó a la crisis que terminó con la destitución de Dilma Rousseff. En 2017, Sergio Moro condenó a Lula por el tríplex, acusación que Lula siempre negó con el argumento de que nunca figuró como propietario. Tras confirmarse la pena, Lula ingresó en 2018 en la Policía Federal de Curitiba, donde pasó 580 días encarcelado y quedó fuera de las elecciones que ganó Jair Bolsonaro.
En 2021 el Supremo anuló las condenas por falta de competencia del tribunal de Curitiba, y luego reconoció la parcialidad de Moro. La causa se archivó en 2022 sin un fallo de fondo sobre su culpabilidad o inocencia, una distinción que los sectores bolsonaristas explotaron con el término «descondenado». Moro respondió que el dinero se devolvió por razones formales, mientras el jurista Alfredo Attié leyó la resolución como confirmación de que Lula fue procesado injustamente.
Desde la COP 31, Lula pidió que quienes afirmaron durante años que el apartamento era suyo se disculpen con una rectificación del mismo tamaño que la acusación. Queda por ver si los medios responden a ese reclamo y cómo se usará esta decisión en la tensión política que sigue a las elecciones.
Una decisión de la Justicia Federal de Brasilia ha vuelto a poner el apartamento tríplex en el centro del debate político. El juez Marcelo Gentil Monteiro, de la 12ª Sala Federal del Distrito Federal, ordenó entregar a OAS Emprendimentos, hoy llamada Grupo Metha, los 2,4 millones de dólares que se obtuvieron en la subasta de 2018 del inmueble. La noticia llega apenas dos semanas después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara la reelección, el 25 de octubre, en segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro, para un inédito cuarto mandato.
El magistrado fundamentó su decisión en que el apartamento 164-A del edificio Solaris figuraba formalmente a nombre de OAS. Además, tras la anulación de las condenas contra Lula y el posterior archivo de la causa, ya no existía base jurídica para mantener retenido el dinero. El Ministerio Público Federal ya se había manifestado a favor de la devolución.
El propio medio que recoge la noticia subraya un matiz: la resolución sobre los fondos no equivale a una sentencia absolutoria. Se limita a determinar que no hay fundamento para retener el dinero y a reconocer la titularidad registral de la constructora. Para Lula y sus seguidores, en cambio, confirma que fue víctima de una persecución judicial sin fundamento.
La historia arranca con la Operación Lava Jato, iniciada en marzo de 2014 en torno a una red de corrupción, lavado de capitales y sobornos ligada a contratos de Petrobras. La investigación afectó al sistema de partidos, debilitó al gobierno de Dilma Rousseff y contribuyó al clima de crisis previo a su destitución en 2016. En julio de 2017, el entonces juez Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y seis meses por corrupción pasiva y lavado de dinero. La acusación sostenía que OAS le había concedido una ventaja indebida de unos 3,7 millones de reales (655.737 dólares), que incluía el tríplex, reformas y otros servicios. Lula siempre negó ser propietario y su defensa recordaba que no había escritura ni registro a su nombre.
En enero de 2018, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región confirmó la condena y la elevó a 12 años y un mes. El 7 de abril de ese año, Lula ingresó voluntariamente en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde estuvo 580 días, hasta noviembre de 2019. Quedó fuera de las elecciones de 2018, en las que encabezaba las encuestas; Fernando Haddad lo sustituyó y ganó Jair Bolsonaro. Desde la cárcel rechazó la progresión al régimen semiabierto. A France 24 le dijo en 2019 que quería su inocencia reconocida y salir con la cabeza erguida, como había entrado.
En marzo de 2021, el juez del Supremo Edson Fachin anuló las condenas por falta de competencia de la Justicia Federal de Curitiba. El pleno lo confirmó en abril, y la Segunda Sala reconoció después la parcialidad de Moro, algo que el pleno ratificó en junio de 2021 por siete votos contra cuatro. La causa se archivó por prescripción en 2022, sin sentencia de fondo sobre su culpabilidad o inocencia. Sobre esa distinción los sectores bolsonaristas construyeron el término «descondenado». Las condenas, sin embargo, perdieron validez y Lula recuperó sus derechos políticos, lo que le permitió ganar en 2022.
Moro respondió en redes sociales que la justicia civil nunca afirmó que el tríplex no fuera de Lula o que siempre perteneciera a OAS, y que devolvió el dinero porque, anuladas las condenas por motivos que calificó de formales y, a su juicio, políticos, no había razón para retenerlo. El jurista Alfredo Attié, presidente de la Academia Paulista de Derecho, leyó la decisión de otro modo: para él confirma que Lula no era el dueño y que fue procesado injustamente. Añadió que ninguno de los protagonistas del «lavajatismo» ha sido castigado.
Lula reaccionó desde la COP 31, en una transmisión desde Turquía junto al diputado André Janones. Pidió que quienes durante años dijeron que el apartamento era suyo se disculpen, con una rectificación «en letras grandes», del mismo tamaño que la acusación. Llamó a sus simpatizantes a presionar en redes. Queda por ver si los medios responden a ese reclamo y cómo se usará la decisión en la tensión política posterior a las elecciones.
Notable Quotes
Yo estuve 580 días preso diciendo que el apartamento no era mío; ahora solo espero que quienes me acusaron pidan disculpas.— Lula da Silva, desde la COP 31
La justicia civil nunca afirmó que el tríplex no fuera de Lula; devolvió el dinero porque no había fundamento para retenerlo.— Sergio Moro, en redes sociales (paráfrasis)
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