Los sindicatos cierran filas en torno a la huelga general de noviembre por la vivienda

Los grandes sindicatos españoles se preparan para convocar una huelga general en noviembre centrada en la crisis de acceso a la vivienda, un movimiento que ha polarizado el diálogo social y la política nacional apenas tres semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Comisiones Obreras y UGT, los dos sindicatos mayoritarios del país, anunciaron su respaldo el lunes, y desde entonces han ido sumándose organizaciones territoriales de peso como el gallego CIG y los vascos LAB y ELA, consolidando una convocatoria que está redefiniendo la agenda política española.

La fecha exacta aún no ha sido fijada oficialmente. En una reunión celebrada el martes entre el Sindicato de Inquilinas y las centrales sindicales más coordinadas desde el inicio de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid —incluyendo a la CGT anarquista, CO.BAS y Solidaridad Obrera— no se cerró un día concreto. Sin embargo, fuentes sindicales apuntan a la primera semana de noviembre, entre el 2 y el 6, como la opción más probable, aunque también hay apoyo para los días 10 y 11. Cualquiera de estas fechas situaría la huelga en plena precampaña electoral, lo que ha desencadenado críticas feroces desde múltiples flancos.

La patronal ha reaccionado con dureza. CEOE y Cepyme emitieron un comunicado conjunto rechazando la convocatoria, argumentando que las reivindicaciones sobre vivienda no son de naturaleza laboral sino política y presupuestaria, y que por tanto es "inadmisible" trasladar el coste de esta medida de presión a las empresas y sus trabajadores. Aunque la semana anterior el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, había cuestionado la legalidad de una huelga general por vivienda, ese argumento desapareció del comunicado de este martes. La organización patronal se limitó a advertir que estudiará la convocatoria formal cuando se produzca.

Desde la derecha política, el cuestionamiento es más agresivo. El PP ve en el timing de la huelga un favor a Pedro Sánchez, sugiriendo que el Gobierno busca sacar "rédito político" de la crispación en la calle. Vox va más lejos, acusando a los sindicatos de ser "paniaguados del Gobierno" que no representan a los verdaderos trabajadores españoles. El partido de ultraderecha cuenta con su propio sindicato, Solidaridad, que apenas ha penetrado en el tejido empresarial: en 2025 firmó solo dos convenios de los 1.017 negociados en España, frente a los más de 600 de cada uno de los sindicatos mayoritarios.

No todos los sindicatos respaldan la convocatoria. CSIF, el sindicato de funcionarios, la rechaza argumentando que la vivienda es un problema transversal que debe resolverse a través de las elecciones generales, no mediante una huelga. USO comparte preocupaciones sobre la vivienda pero rechaza convocar el mismo día que las elecciones. Fetico, normalmente alejada de la izquierda, mantiene su rechazo por principio a que los sindicatos participen en procesos de elección de gobierno. El sindicato ferroviario Semaf también se opone, definiéndose como apolítico e independiente.

Los sindicatos mayoritarios han sido cuidadosos al enmarcar la huelga. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, enfatizó que la responsabilidad sobre vivienda recae principalmente en las comunidades autónomas, que tienen competencias exclusivas. Unai Sordo, de CC.OO, sugirió que las elecciones generales son el ámbito donde se dirimen políticas materiales sobre vivienda, salarios y servicios públicos. El Gobierno, por su parte, ha respaldado el derecho constitucional a la huelga mientras reconoce que la crisis de vivienda afecta a trabajadores y sus familias.

La cuestión de si la huelga es legal ha sido resuelta por la jurisprudencia constitucional: las huelgas generales puramente políticas son ilegales, pero aquellas con naturaleza mixta que puedan interpretarse como teniendo una repercusión laboral son válidas. Los sindicatos argumentan que el precio de la vivienda es una cuestión laboral central, tanto que ya reclaman que se considere al negociar subidas salariales, no solo la inflación o los resultados empresariales. La huelga general del año pasado, convocada por CGT contra la masacre israelí en Gaza, fue celebrada pese a tener una adscripción laboral aún menor, con apoyo de paros parciales de CC.OO y UGT.

Lo que está en juego es si una crisis de acceso a la vivienda que ha generado indignación social masiva —cristalizada en el desahucio de Maricarmen que desencadenó la acampada en la Puerta del Sol— puede ser reenmarcada como un conflicto laboral legítimo. Los sindicatos mayoritarios están apostando por que sí, y el respaldo de organizaciones territoriales con fuerte implantación en Galicia y el País Vasco sugiere que la huelga tendrá músculo real en esos territorios. Pero la proximidad a las elecciones generales ha convertido el acto en un campo de batalla político donde cada actor interpreta la convocatoria según sus intereses.