Más de un año después de que la justicia estadounidense autorizara la extradición de Alejandro Toledo, el expresidente peruano permanece atrapado entre dos sistemas legales que avanzan a ritmos distintos y con obstáculos propios. En Washington, el Noveno Circuito de California debe resolver un hábeas corpus antes de que el Gobierno pueda ordenar su entrega, mientras que en Lima la acusación formal lleva paralizada desde 2021 por una disputa procesal sin resolver. La historia de Toledo se convierte así en un espejo de las tensiones que surgen cuando la voluntad de justicia choca con la lentitud
Los nudos administrativos que retrasan la extradición de Alejandro Toledo
Alejandro Toledo enfrenta una solicitud de 20 años y 6 meses de prisión por presuntamente recibir casi US$35 millones de Odebrecht en sobornos relacionados con el proyecto Interoceánica Sur.
El reloj corre, pero nadie sabe si se llegará a tiempo
Mark
¿Por qué un juez ya dijo que sí a la extradición hace más de un año, pero Toledo sigue en Estados Unidos?
Mimi
Porque la decisión del juez fue solo el primer paso. Después de eso, el sistema estadounidense requiere que se resuelvan otros recursos legales, como el hábeas corpus que Toledo presentó. Eso es lo que está deteniendo todo ahora.
Mark
¿Qué es exactamente lo que Toledo está argumentando en ese hábeas corpus?
Mimi
Está intentando frenar su extradición, pero sus argumentos ya fueron rechazados una vez. Ahora un tribunal de apelaciones en California debe decidir si lo rechaza nuevamente. Mientras tanto, cada paso toma meses.
Mark
¿Y qué está pasando en Perú? ¿Está todo listo para juzgarlo aquí?
Mimi
No. El caso está paralizado desde 2021 por una decisión judicial que suspendió la revisión de los cargos contra Toledo. Los jueces dijeron que no podía haber dos procesos por los mismos hechos, pero no aclararon cómo debería avanzar. Es un nudo que nadie ha desatado.
Mark
¿Eso significa que incluso si lo extraditan mañana, no podrían empezar el juicio?
Mimi
Exactamente. El fiscal dice que la instalación del juicio no podrá hacerse este año. Y si Toledo no está presente cuando comience el juicio oral, su proceso se archivará temporalmente hasta que comparezca.
Mark
¿Cuánto tiempo podría tomar todo esto?
Mimi
Nadie lo sabe con certeza. En Estados Unidos, el Noveno Circuito aún no ha programado una audiencia. En Perú, la Corte Suprema aún no responde un recurso de casación. Son sistemas lentos, y Toledo tiene buenos abogados que saben cómo usarlos.
Mark
¿Hay algo que sugiera que finalmente será extraditado?
Mimi
Sí. Los fiscales estadounidenses presentaron argumentos sólidos para que se rechace el hábeas corpus. Y el fiscal peruano dice que el caso tiene muchas pruebas. Pero la justicia no se mueve rápido, y mientras tanto, el tiempo corre contra la posibilidad de que el juicio se instale este año.
El Pulso
- El expresidente Alejandro Toledo lleva más de un año en un limbo legal pese a que un juez federal autorizó su extradición en septiembre de 2021 por lavado de dinero y colusión en el caso Odebrecht.
- Toledo cambió de abogado en septiembre de 2022, un movimiento que suele añadir meses al proceso mientras la nueva defensora pública se familiariza con un expediente complejo y voluminoso.
- En Perú, la acusación fiscal está congelada desde noviembre de 2021 porque una sala de apelaciones anuló la separación del caso entre Toledo y las empresas investigadas, sin aclarar cómo ni cuánto tiempo llevaría resolver esa división.
- El fiscal José Domingo Pérez advierte que si Toledo no regresa a tiempo para la instalación del juicio oral, su proceso se archivará temporalmente, y ese juicio no podrá celebrarse este año.
- Los fiscales peruanos se muestran optimistas sobre el resultado final de la extradición, pero reconocen que el reloj corre y que el margen para llegar a tiempo se estrecha con cada trámite pendiente.
Más de un año después de que la justicia estadounidense autorizara la extradición de Alejandro Toledo, el expresidente peruano permanece atrapado entre dos sistemas legales que avanzan a ritmos distintos y con obstáculos propios. En Washington, el Noveno Circuito de California debe resolver un hábeas corpus antes de que el Gobierno pueda ordenar su entrega, mientras que en Lima la acusación formal lleva paralizada desde 2021 por una disputa procesal sin resolver. La historia de Toledo se convierte así en un espejo de las tensiones que surgen cuando la voluntad de justicia choca con la lentitud inevitable de los engranajes institucionales.
Más de un año después de que el juez Thomas S. Hixson autorizara la extradición de Alejandro Toledo, el expresidente sigue atrapado en un laberinto de trámites que ni Washington ni Lima han logrado despejar. El caso Odebrecht lo señala como receptor de casi 35 millones de dólares en sobornos a cambio de adjudicar el proyecto Interoceánica Sur, y enfrenta una solicitud de pena de 20 años y 6 meses de prisión.
En Estados Unidos quedan dos pasos pendientes. El primero es la resolución de un hábeas corpus que Toledo presentó en octubre de 2021. La jueza Laurel Beeler lo rechazó en abril, pero Toledo apeló y ahora el Noveno Circuito de California debe pronunciarse definitivamente. El Gobierno norteamericano tiene hasta el 14 de octubre para presentar sus argumentos, y la audiencia aún no tiene fecha. Solo tras ese fallo podrá ordenarse la entrega formal. A eso se suma que en septiembre Toledo cambió de abogado, reemplazando a Graham Archer por la defensora pública Tamara Crepet, un movimiento que históricamente añade meses al proceso.
En Perú, el panorama es igualmente complicado. El fiscal José Domingo Pérez acusó a Toledo en agosto de 2020, pero en noviembre de 2021 una sala de apelaciones anuló la separación del caso entre el expresidente y las empresas investigadas —GyM, Graña y Montero, ICCGSA y JJC—, sin aclarar cómo ni en cuánto tiempo debería resolverse esa distinción. El fiscal superior Rafael Vela interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema para obtener esa aclaración, pero hasta ahora no hay respuesta, y la revisión de la acusación permanece suspendida.
Pérez advierte que la demora actual no los perjudica mientras el caso no avance en el Poder Judicial, pero que si se llegara a instalar el juicio oral sin que Toledo esté presente, su proceso se archivaría temporalmente hasta su comparecencia. Esa instalación, afirma, no ocurrirá este año. El fiscal Alfredo Rebaza, de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, se muestra optimista sobre el resultado final, destacando la solidez de las pruebas y la ausencia de vicios procesales. Pero el tiempo apremia, y la pregunta que nadie puede responder todavía es si la justicia llegará a tiempo.
Más de un año ha pasado desde que un juez estadounidense dio luz verde para traer de vuelta a Alejandro Toledo al Perú, y aún sigue atrapado en un laberinto de trámites administrativos que ni Washington ni Lima logran desatar. El 28 de septiembre de 2021, el juez Thomas S. Hixson resolvió que existían pruebas suficientes para extraditar al expresidente por lavado de dinero y colusión en el caso Odebrecht. Desde entonces, debería haber sido un camino recto hacia la orden final del secretario de Estado estadounidense. Pero no lo fue.
La ruta legal en Estados Unidos tiene solo dos pasos finales pendientes, según la legislación norteamericana. El primero es la resolución de un hábeas corpus que Toledo presentó en octubre de 2021 para intentar frenar el proceso. La jueza Laurel Beeler rechazó sus argumentos en abril de este año, señalando que las pruebas proporcionaban base razonable para inferir que los fiscales podían establecer los elementos de colusión y blanqueo de dinero. Pero Toledo no se rindió. Ahora el Noveno Circuito, tribunal de apelaciones de California, debe resolver definitivamente si mantiene o rechaza nuevamente su recurso. Solo después de eso podrá el Gobierno estadounidense ordenar la entrega del expresidente. El Noveno Circuito recibirá hasta el 14 de octubre la respuesta del Gobierno norteamericano, y luego programará una audiencia cuya fecha aún no está fijada.
Mientras tanto, Toledo ha hecho otro movimiento: el 20 de septiembre cambió de abogado. Graham Archer, quien lo representó desde 2019, fue reemplazado por Tamara Crepet, defensora pública de la Corte Federal. Estos cambios de representación legal suelen traer consigo meses adicionales mientras el nuevo defensor se familiariza con los antecedentes del caso. Nicole Navas Oxman, portavoz de la oficina de Ley Internacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue clara: no podía comentar los litigios pendientes, pero los expedientes judiciales hablaban por sí solos. Los fiscales norteamericanos Stephanie Hinds, Kyle Waldinger y Rebecca Haciski presentaron en julio sus argumentos para que el Noveno Circuito rechace el hábeas corpus: no hay probabilidad de éxito en el recurso, no existe daño irreparable si Toledo regresa al Perú, y existe un gran interés público en que se resuelva la extradición sin demoras indebidas.
Pero en Perú, el panorama es igualmente complicado. El fiscal José Domingo Pérez, quien acusó a Toledo en agosto de 2020 por haber concertado con Odebrecht un soborno de 34.3 millones de dólares a cambio de adjudicarles el proyecto Interoceánica Sur, afirma que el caso está paralizado. La causa es una decisión de la Primera Sala de Apelaciones emitida en noviembre de 2021 que ordenó dejar sin efecto la división del caso en dos partes. Pérez había separado la acusación contra Toledo de la investigación paralela contra las empresas GyM, Graña y Montero, ICCGSA y JJC. Los jueces Edita Condori, Rómulo Carcausto y Javier Sologuren consideraron que el caso era uno solo y no podía haber dos por los mismos hechos. El problema es que no aclararon de qué manera ni por cuánto tiempo se debería investigar aparte a las empresas involucradas. El fiscal superior Rafael Vela interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema para que se aclare esto, pero hasta ahora no hay respuesta.
El efecto práctico es que la revisión de la acusación contra Toledo y otros implicados permanece en suspenso. Pérez explica que la idea original era avanzar revisando la acusación con miras a un juicio, como se está haciendo en el caso Cócteles contra Keiko Fujimori. Esa opción quedó neutralizada desde 2021. El fiscal aclara que por ahora la demora en el retorno de Toledo no los afecta porque la acusación en el Poder Judicial no avanza. Pero advierte: "Nos afectaría si ingresamos al juicio oral, donde el extraditado debería estar presente para que se instale el juzgamiento. Si Alejandro Toledo no está presente para entonces, se archivará temporalmente su proceso hasta cuando él comparezca ante el Juzgado. La instalación del juicio no podrá hacerse este año al menos".
Toledo enfrenta una solicitud de 20 años y 6 meses de prisión por presuntamente recibir casi 35 millones de dólares de Odebrecht. Otros nueve acusados en el caso enfrentan penas que van desde 9 hasta 20 años y 6 meses. El fiscal Alfredo Rebaza, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, explica que Estados Unidos tiene un proceso de extradición más cuidadoso, delicado y extenso que otros países, y que se está en el tiempo que corresponde según la ley norteamericana. Rebaza se muestra optimista: "Somos optimistas con el resultado de la extradición porque el caso tiene muchas pruebas a favor, y no hay una persecución política ni algo que haya viciado el proceso". Pero el reloj corre. Si Toledo no es extraditado a tiempo para la instalación del juicio oral, su proceso podría archivarse temporalmente hasta su comparecencia. La cuestión ahora es si se llegará a tiempo para esa hora decisiva.
Citas Notables
En el caso de Alejandro Toledo, tenemos un criterio judicial que nos ha puesto nuevamente en el escenario donde ni siquiera podemos avanzar la etapa intermedia— Fiscal José Domingo Pérez
Somos optimistas con el resultado de la extradición porque el caso tiene muchas pruebas a favor, y no hay una persecución política ni algo que haya viciado el proceso— Fiscal Alfredo Rebaza, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional
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