Los narco-drones paralizan hospitales franceses: síntoma de la impotencia estatal que alimenta a Le Pen

A mediados de agosto, los helicópteros de emergencia dejaron de aterrizar en el hospital más grande de Estrasburgo. No por una tormenta, no por un fallo mecánico, sino porque narcotraficantes estaban usando drones para enviar droga a una prisión cercana. Durante más de tres semanas, las naves no tripuladas circulaban sobre el espacio aéreo del centro sanitario de Hautepierre con tanta frecuencia que los responsables de transporte aéreo de la Seguridad Civil francesa decidieron que el riesgo era demasiado alto. Un helicóptero lleno de médicos, enfermeros y un paciente grave no podía compartir cielo con máquinas pilotadas por criminales. El resultado fue brutal: el número de enfermos trasladados en helicóptero cayó un 20 por ciento en un hospital donde la mayoría de los casos más graves llegan precisamente por aire.

Laurent Viala, responsable de las operaciones aéreas de emergencia, explicó la lógica detrás de la decisión con una frase que resume el dilema: no podían asumir el riesgo de una colisión. Pero lo que comenzó como un problema operativo en un hospital se convirtió rápidamente en síntoma de algo más profundo. Francia, uno de los países más centralizados del mundo, uno que durante décadas fue sinónimo de autoridad estatal robusta, no podía evitar que delincuentes paralizaran un servicio de emergencia vital. Los narcotraficantes, incluso encarcelados, conseguían teléfonos móviles y estupefacientes con relativa facilidad. Ahora además manejaban drones. El Estado, aparentemente, no tenía respuesta.

Este episodio no ocurre en el vacío. Francia atraviesa una crisis de confianza institucional que se expresa de múltiples formas simultáneamente. El país ha tenido seis primeros ministros distintos desde 2022. Su déficit público se proyecta en 5 por ciento del PIB para finales de 2026, a pesar de años de recortes impopulares. En junio, el asesinato de una niña por un violador reincidente expuso miles de denuncias por violencia de género archivadas por falta de recursos. A mediados de agosto, un ciberataque masivo robó datos personales de casi 700.000 ciudadanos de la administración tributaria. Francia fue el segundo país más afectado por este tipo de robos en el primer semestre del año, solo detrás de Estados Unidos. El Ministerio de Educación y la agencia de empleo también fueron atacados. Cada incidente, por separado, sería preocupante. Juntos, pintan un cuadro de un Estado que pierde el control sobre sus propias funciones básicas.

Pero hay un contraste revelador. Cuando Macron decidió invertir en defensa, el gasto militar se duplicó desde 2017, pasando de 32.000 a 64.000 millones de euros. La industria cinematográfica francesa mantiene un modelo sofisticado de financiación público-privada que la mantiene como potencia global. En julio, cuando un megaincendio amenazó la región de Gironda en el suroeste, bomberos y gendarmes evacuaron a 120.000 personas sin una sola muerte. El Estado puede actuar cuando quiere. El problema es que la ciudadanía no cree que quiera actuar por ellos.

Luc Rouban, investigador emérito del CNRS y autor de un libro sobre las raíces sociales de la violencia política, ve en todo esto la confirmación de su tesis central: la crisis democrática francesa nace de la incapacidad del Estado para regular la sociedad. El narcotráfico es sintomático porque muestra poderes privados que se oponen al Estado. Entre el 80 y el 90 por ciento de los ajustes de cuentas entre criminales están relacionados con el comercio de drogas. Algunas organizaciones funcionan como mafias italianas, intentando reemplazar al Estado en barrios pobres del sur, regalando material escolar y balones de fútbol, instalando piscinas hinchables. No es solo delincuencia. Es la colonización de espacios que el Estado ha abandonado.

Las encuestas revelan el alcance del desánimo. El 46 por ciento de los franceses cree que las elecciones no sirven para cambiar nada en su país. En Alemania e Italia, ese porcentaje es del 34 y 35 por ciento respectivamente. El 57 por ciento de los franceses piensa que el Gobierno es impotente y que el verdadero poder reside en otros lugares: los mercados financieros, las corporaciones, fuerzas que escapan al control democrático. En Alemania e Italia, el 49 y 44 por ciento piensan así. El 48 por ciento de los franceses considera que nada avanza en una democracia y que se necesita menos democracia y más eficacia. Rouban señala una diferencia crucial: a diferencia de Alemania y España, donde existen gobiernos regionales con poder real, Francia es prácticamente centralizada. Los ciudadanos esperan que París resuelva todo. Cuando París falla, la decepción es total.

Marine Le Pen y su Agrupación Nacional han prosperado en este terreno de desconfianza. Su apoyo electoral creció coincidiendo con los atentados yihadistas de 2015 y 2016. Se clasificó para la segunda vuelta presidencial en 2017 y 2022. Las encuestas la sitúan como favorita para 2027. Su mensaje es que ella representa la antítesis del macronismo, que intentó adaptar Francia a la globalización. Se presenta como nacionalista, soberanista, opuesta a la Unión Europea. Y crucialmente, ha tocado poco poder, mantiene el rol de outsider. En una sociedad que desea lo que el ensayista Giuliano da Empoli llama un milagro político —una intervención que rompa el funcionamiento normal del mundo— la extrema derecha promete exactamente eso.

Mientras tanto, hay nostalgia. El biopic sobre Charles de Gaulle reunió 4,4 millones de espectadores en cines franceses este verano. En medio de una crisis profunda y desconfianza generalizada hacia las élites, hay demanda de referentes que compensen el vacío. Un general que supo gobernar, que tuvo autoridad, que Francia respetaba. Eso es lo que falta ahora. Y mientras falte, los drones seguirán volando sobre los hospitales.