Los microcréditos asfixian a familias españolas: crece un 46% su contratación pese a intereses abusivos

Manuel Carrier llegó a España desde Ecuador hace más de veinticinco años con un sueño simple: ser padre. Cuando finalmente lo logró, después de gastar dieciséis mil euros en dos tratamientos de fecundación in vitro en clínicas privadas que terminaron cerrando, la alegría llegó acompañada de un desastre financiero. Su negocio de repostería en el país natal había quebrado. Su trabajo en España no alcanzaba para llegar a fin de mes. Entonces hizo lo que miles de familias españolas hacen cada año: pidió microcréditos. Pequeños préstamos de apenas unos cientos de euros que prometían ser la solución. Pero Carrier descubrió que el remedio era peor que la enfermedad. Los intereses eran tan altos que llegó un momento en el que no podía ni permitirse un café.

La historia de Carrier no es excepcional. En 2025, los españoles firmaron 3,8 millones de microcréditos, un aumento del 46 por ciento respecto a 2024. El importe medio de cada préstamo era de 322 euros, según datos de la Asociación Española de Micropréstamos. Los expertos en finanzas y protección del consumidor advierten que estos productos financieros funcionan como una trampa: prometen resolver problemas de liquidez inmediata pero terminan multiplicando el costo original varias veces. Un préstamo de 300 euros a devolver en treinta días, los parámetros más comunes, ha aumentado su coste asociado un 12,6 por ciento desde 2018 hasta 2024.

Las razones por las que las familias recurren a estos créditos revelan una economía bajo presión. Según un barómetro de préstamos al consumo, uno de cada tres españoles pedirá un crédito en lo que queda de año. El 20,1 por ciento lo hace porque necesita liquidez inmediata y el 16,3 por ciento para refinanciar deudas ya existentes. Los salarios limitados obligan a las familias a endeudarse, y una vez dentro del ciclo, resulta casi imposible salir. Daniel de Santos, madrileño de 28 años, lo vivió hace casi ocho años cuando se independizó con su pareja. Su sueldo de casi 900 euros no cubría los gastos básicos. Comenzó pidiendo microcréditos para sobrevivir. Luego pedía créditos para pagar otros créditos. Llegó a usar estos productos financieros simplemente para hacer la compra. Pasó siete años dedicando casi todas sus nóminas a pagar estos préstamos.

Los expertos señalan que las empresas que comercializan microcréditos buscan deliberadamente una actitud impulsiva del consumidor. Los contratos se firman muy rápidamente, diseñados para que el cliente vea solo las bondades del préstamo sin detenerse a pensar en las consecuencias. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de la asociación de consumidores Facua, advierte que si las familias endeudadas se pararan a reflexionar detenidamente, probablemente no contratarían estos productos. Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros, describe estos préstamos como muy pequeños pero muy complicados, y señala que la inmediatez con la que opera el sector puede llevar a engañar a familias vulnerables.

Ante esta proliferación, el Gobierno aprobó en enero un anteproyecto de ley que transpone directivas europeas de crédito al consumo. Por primera vez en España, se establecen límites a los intereses: un tipo de interés mensual máximo del 4 por ciento y una comisión máxima del 5 por ciento, con un tope absoluto de 30 euros. Los microcréditos deberán reembolsarse en un plazo mínimo de tres meses. Antonio Luis Gallardo, experto en consumo y finanzas personales con casi veinte años de experiencia, considera que otro elemento crucial sería regular la publicidad de estos productos, que utiliza reclamos muy efectivos pero negativos para el consumidor.

Cuando las cosas se salen de control, como le sucedió a Carrier, las familias necesitan ayuda legal. Carrier recibió una orden de embargo de sus bienes y tuvo que acudir a un despacho de abogados. La solución fue acogerse a la ley de segunda oportunidad, un procedimiento legal que permite a personas particulares y autónomos cancelar total o parcialmente sus deudas cuando no pueden devolverlas. Para que un juez apruebe esta cancelación, la persona debe estar en situación de insuficiencia patrimonial, es decir, que el valor total de su patrimonio sea inferior a sus deudas. También debe ser considerado un deudor de buena fe, lo que significa no haber incurrido en gastos extraordinarios injustificados.

Los expertos recomiendan prudencia: leer con calma las condiciones de los préstamos para saber exactamente cuántos intereses se pagarán al final, evaluar la capacidad económica real antes de pedir crédito, y considerar si habrá capacidad suficiente para afrontar gastos inesperados. También exigen que las sanciones a las financieras sean contundentes para que quienes vulneren la legislación se lo piensen varias veces. Tanto Carrier como De Santos describen lo que vivieron como angustioso, pero ambos destacan que han podido resolver sus problemas económicos. Carrier se declara muy feliz pese a que la recuperación fue muy difícil. De Santos cuenta que por fin podrá hacer un viaje con su pareja. Su mensaje a otros en situación similar es claro: no se sientan fracasados, pidan ayuda, porque se puede salir.