Los hijos de Lula y Bolsonaro, protagonistas ocultos de la campaña electoral brasileña

Con menos de cincuenta días para que los brasileños voten, la campaña presidencial ha girado hacia dos figuras que nunca aparecerán en una boleta electoral pero que están redefiniendo la contienda. Sus nombres son Lulinha y Flávio Bolsonaro, y sus problemas legales se han convertido en el verdadero campo de batalla entre los partidarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los que apoyan al principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro del Partido Liberal.

Lulinha, el hijo mayor del presidente, se encuentra en el centro de tres investigaciones federales por presunto tráfico de influencias. La Policía Federal y la Corte Suprema han estado examinando sus conexiones con una lobista llamada Roberta Luchsinger y con un empresario conocido como "Careca do INSS", apodado así porque opera en el sistema de pensiones brasileño. Este empresario, Antônio Carlos Camilo Antunes, está siendo investigado por un esquema masivo de descuentos fraudulentos en jubilaciones y pensiones que afectó a millones de brasileños. Los casos sugieren que Lulinha intervino ante el Ministerio de Salud para favorecer negocios con cannabis medicinal y contratos de una empresa estatal que maneja datos de pensiones. La defensa del hijo del presidente niega cualquier irregularidad y sostiene que las investigaciones tienen motivación política, mientras que el gobierno afirma no tener contratos con las empresas bajo escrutinio.

Pero mientras Lulinha enfrenta estas acusaciones, otra historia paralela amenaza con complicar aún más el panorama electoral. Flávio Bolsonaro, el candidato de la oposición, ha estado vinculado a un exbanquero llamado Daniel Vorcaro, quien está preso y es investigado por un esquema de fraude financiero masivo. Los mensajes de teléfono de Vorcaro revelan que Flávio le pidió directamente aproximadamente 134 millones de reales, casi 26 millones de dólares, para financiar una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, titulada Dark Horse y protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel. La campaña de Flávio admite la solicitud pero niega que sea ilegal, argumentando que se trata simplemente de patrocinio privado para una película privada. Sin embargo, la Corte Suprema autorizó una investigación sobre aproximadamente 61 millones de reales que Vorcaro transfirió a la producción.

Lo que hace particularmente delicado este momento es cómo instituciones clave del Estado están dosificando la información sobre ambos casos. La Policía Federal, la Procuraduría General de la República y especialmente la Corte Suprema controlan el ritmo de las revelaciones, y todas ellas han llegado en las semanas más críticas antes de la primera vuelta electoral. Entre el 30 de julio y el 4 de agosto, la Corte Suprema autorizó las tres investigaciones sobre Lulinha, todas bajo la dirección del ministro André Mendonça. Existe una complicación adicional: la Procuraduría General cree que estos casos deberían estar en tribunales de primera instancia, no en la Corte Suprema, pero la tendencia es que Mendonça mantenga los casos bajo su control.

Una tercera investigación, dirigida por el ministro Flávio Dino, un exmiembro del gobierno de Lula, permanece bajo secreto. Esta investigación examina supuestos intentos de un grupo de personas para favorecer empresas ante el gobierno e involucra a Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como Marcola, quien fue jefe de gabinete de la Presidencia. Cuando se hizo público que Marcola recibió dinero y joyas de Roberta Luchsinger, la misma lobista vinculada a Lulinha, él alegó que fue un préstamo personal ya pagado y se desvinculó de la campaña de reelección de Lula.

Flávio Bolsonaro ha buscado constantemente vincular al partido de Lula con la corrupción, y los casos sobre fraudes en pensiones le han dado munición. Sin embargo, tanto él como su campaña entienden que hay límites para no convertir la elección presidencial en un referéndum sobre escándalos. Cuando se le preguntó en mayo si haría público el contrato y los números de la producción de Dark Horse, Flávio respondió que estaba cien por ciento dispuesto a hacerlo. El jueves pasado, sin embargo, calificó el episodio como "página pasada" y evitó proporcionar los detalles que había prometido.

Los sondeos más recientes muestran que la ventaja del candidato del Partido de los Trabajadores sobre Flávio se ha reducido. Las encuestas que saldrán a campo esta semana medirán cómo los electores perciben ambos casos y cuál será su impacto en las intenciones de voto. El caso de Lulinha toca aspectos sensibles para el votante común: salud, pensiones y contratos estatales. El episodio de Dark Horse, por su parte, presenta a Flávio negociando con recursos privados pero interactuando con un banquero responsable de miles de millones de reales en daños al sistema financiero y de un esquema destinado a corromper políticos de diferentes espectros ideológicos a través de favores, fiestas y viajes internacionales. Son naturalezas distintas pero con un punto en común: el impacto electoral. Por ahora, ese impacto es más desfavorable para Lula que para Flávio.