Los hijos de Lula y Bolsonaro, nuevos ejes de la campaña electoral brasileña

Faltan menos de cincuenta días para la primera vuelta electoral en Brasil, y la campaña presidencial ha encontrado dos nuevos protagonistas cuya influencia es inversamente proporcional a su ausencia de las urnas. Lulinha —Fábio Luís Lula da Silva, hijo del presidente en ejercicio— y Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor, no son candidatos, pero sus nombres dividen al electorado con la misma intensidad que si lo fueran. Lo que sucede con ellos en las próximas semanas podría reescribir el resultado de una elección que hasta hace poco parecía encaminada.

Lulinha se ha convertido en el blanco de tres investigaciones abiertas entre el 30 de julio y el 4 de agosto por el Supremo Tribunal Federal, todas bajo sospecha de tráfico de influencias. Los casos giran alrededor de su supuesta actuación ante el Ministerio de Salud en favor de negocios con cannabis medicinal y de contratos de una empresa estatal que procesa datos de jubilaciones y pensiones. La Policía Federal investiga su relación con Antônio Carlos Camilo Antunes, apodado "Careca do INSS", señalado como operador de un esquema de descuentos indebidos en jubilaciones pagadas por la Seguridad Social a millones de brasileños. El vínculo entre Lulinha y Antunes se habría producido a través de Roberta Luchsinger, una lobista que es amiga personal del hijo del presidente y que ha emergido como figura clave en el potencial de daño que estos casos representan para la reelección de Lula. Una tercera investigación, bajo secreto y relatada por el ministro Flávio Dino, analiza la supuesta actuación de un grupo de personas para favorecer empresas ante el gobierno e involucra a Marco Aurélio Santana Ribeiro, exjefe de gabinete de la Presidencia, quien se desligó de la campaña de reelección de Lula después de que se hiciera público que recibió dinero y joyas de Luchsinger, aunque él alega que fue un préstamo personal ya saldado.

La defensa de Lulinha niega irregularidades y señala motivación política en las investigaciones. Los órganos del Gobierno afirman no tener contratos con las empresas objeto de los casos. Sin embargo, los casos se han vuelto recurrentes en los titulares de la semana y ciertamente serán recordados por los candidatos de la oposición. Lo que toca es sensible: salud, previsión social y contratos estatales, los puntos de contacto entre el Estado y la vida cotidiana del elector común.

Mientras Lulinha enfrenta el escrutinio de la máquina pública, Flávio Bolsonaro se debate con un escándalo de naturaleza distinta pero igualmente comprometedor. Desde mayo, el candidato del Partido Liberal ha sido impactado por la revelación de mensajes y audios extraídos del teléfono de Daniel Vorcaro, exbanquero controlador del extinto Banco Master que está preso y es investigado por la Operación Compliance Zero, una investigación sobre un esquema multimillonario de fraude financiero. Flávio pidió directamente a Vorcaro valores que sumarían 134 millones de reales —casi 26 millones de dólares— para financiar Dark Horse, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro con el actor estadounidense Jim Caviezel en el papel principal. El 23 de julio, el ministro André Mendonça autorizó a la Policía Federal a investigar aproximadamente 61 millones de reales transferidos por Vorcaro a la producción. La campaña de Flávio admite la solicitud pero niega ilegalidad: sostiene que se trata de patrocinio privado para una película privada, sin dinero público. El jueves pasado, Flávio calificó el episodio como "página pasada" y evitó detallar las cuentas, a pesar de haber prometido hacerlo públicamente en una entrevista anterior.

Lo que distingue estos dos casos es su naturaleza. El caso Lulinha toca la máquina pública en frentes sensibles para el elector común. En el pasado, las actividades empresariales del hijo del presidente fueron cuestionadas e incluso hubo rumores de que sería socio oculto de grandes conglomerados, pero nada fue probado ni tuvo el peso de tres investigaciones policiales con la gravedad de las abiertas este año. El episodio Dark Horse, en cambio, pone a Flávio tratando con recursos privados, pero lo sitúa como interlocutor de un banquero no solo responsable de miles de millones de reales en perjuicio para el sistema financiero, sino también como patrocinador de un esquema destinado a corromper políticos de diferentes espectros ideológicos a través de favores, fiestas y viajes internacionales.

Los actores institucionales —la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y principalmente el Supremo Tribunal Federal— dosifican el ritmo de las investigaciones y de la información que termina saliendo a la luz cerca de las semanas decisivas de la primera vuelta. Una nueva cuestión sobre los casos de Lulinha, recién conocida por el público, es que la Procuraduría General evalúa que estas investigaciones deberían estar bajo la responsabilidad de la primera instancia judicial, no de la Corte Suprema. La tendencia es que el ministro Mendonça discrepe y mantenga los casos bajo su relatoría.

Flávio Bolsonaro siempre ha buscado vincular al Partido de los Trabajadores de Lula con la corrupción, y ha hecho esto con las investigaciones sobre fraudes en las jubilaciones. Pero él mismo y la campaña del candidato del PL entienden que hay límites para no hacer que la elección presidencial tenga los escándalos como tema principal de la disputa. A partir de esta semana, se espera que encuestas salgan a campo para medir la percepción de los electores sobre los casos y el posible impacto en las intenciones de voto. Los sondeos más recientes muestran una reducción de la ventaja del petista sobre el candidato del PL. Si el caso Lulinha altera el rumbo de la disputa presidencial, sería una ironía inimaginable para cualquier escritor que el hijo de Jair Bolsonaro derrote al principal adversario de su padre con la ayuda involuntaria del hijo de Lula.