Los fallos judiciales que no detectaron el riesgo mortal en el asesinato de Laura

Laura Cruz sabía exactamente el peligro que corría. Después de años soportando maltrato de su expareja, un guardia civil expulsado del cuerpo, su percepción del riesgo era afilada, casi instintiva. Pero cuando acudió a los tribunales pidiendo protección, le dijeron que exageraba. Le dijeron que su estado emocional distorsionaba su juicio. Le dijeron que no había riesgo objetivo suficiente. Hace poco más de una semana, en Llanes, Asturias, ese expareja la asesinó a tiros usando un arma que había robado de un compañero de la Guardia Civil. Laura tenía 50 años. Dejaba tres hijos: un joven de 19 y dos niñas gemelas de 13.

La tortura comenzó en 2014, cuando Laura se separó de Dámaso Fernández. En 2019, él le propinó una paliza brutal. Fue condenado por maltrato. La Guardia Civil le retiró el arma, abrió un expediente disciplinario y hace apenas días acordó su expulsión del cuerpo. Pero durante todo ese tiempo, mientras los procedimientos judiciales avanzaban lentamente, Fernández encontró otras formas de ejercer control. Tenían una hipoteca en común y tres hijos. Eso le dio las herramientas que necesitaba. Se desentendió de las niñas desde el principio, obligando a Laura a cargar sola con su manutención. Interpuso decenas de denuncias contra ella por cosas triviales: la limpieza del hogar, que las menores no llevaran calcetines. Utilizó el sistema judicial como un arma de desgaste.

Esta es la violencia económica, y es casi invisible. El 11,5% de las mujeres en España la sufren, pero sigue siendo un fenómeno desconocido incluso entre jueces y fiscales. Durante años ha estado normalizada, invisibilizada. No deja moratones. No genera reportes médicos. Adopta formas que parecen administrativas, casi banales, hasta que se entiende que son parte de una estrategia de control total. "Es un claro ejemplo de estrategia de control y desgaste", explica Cecília Gelpí, psicóloga experta en trauma y violencia machista. "La violencia económica, bien porque tengas hijos en común a los que hay que alimentar o una propiedad compartida, es una forma de tortura".

Hace unos meses, Laura pidió a los tribunales que reactivaran la pulsera antimaltratadores de Dámaso. Los jueces dijeron que no. No apreciaban riesgo objetivo. Aquí está el fallo más grave, según las expertas: el sistema judicial cree que conoce mejor el riesgo que la propia mujer. Le dice que sufre estrés, que está hipervigilante, que exagera. Y le niega los medios que ella pide y necesita. "Las mujeres que llevan años soportando malos tratos tienen un excelente radar para detectar la escalada de violencia de sus agresores", dice Gelpí. "Sin embargo, hay una asimetría entre el conocimiento que tienen estas mujeres y el conocimiento institucional". El sistema, añade, solo te protege si demuestras que estás en peligro físico inmediato. La violencia económica y psicológica quedan un paso por detrás. Esto es lo que Gelpí llama "victimización secundaria institucional".

Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género, es clara: "Laura hizo todo lo que debe hacer una mujer en su caso. Acudió a la justicia y denunció. Pero no se supo ponderar el riesgo que corría". Gisbert subraya que no hay nada que hacer ya por Laura. El único homenaje posible es estudiar lo que pasó, identificar los fallos, asegurar que no vuelva a suceder. Pero los números sugieren que el sistema sigue fallando. En lo que va de verano, 11 mujeres han sido víctimas de crímenes machistas. La cifra asciende a 33 desde inicios de año: un 46% más que en 2025. Detrás de estos asesinatos emergen dos patrones consistentes: fallos en el sistema de protección (una de cada tres mujeres había denunciado) y una violencia cada vez más extrema. "El asesino de Laura instrumentalizó el sistema judicial", dice Gelpí. "Utilizó herramientas legales para ejercer el control sobre ella. Este asesinato es la expresión extrema de la lógica de dominación y castigo".