Los disfraces del autoritarismo centroamericano: de la United Fruit a Próspera, un mismo animal con nuevas máscaras

Un domingo de febrero de 2020, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, entonces de treinta y pocos años, entró en la Asamblea Legislativa escoltado por soldados para exigir que se aprobara un préstamo. Año y medio antes, en Guatemala, el presidente Jimmy Morales, excomediante de televisión, había anunciado en cadena nacional el fin de la comisión anticorrupción de Naciones Unidas, la misma que había llevado a juicio a su hijo y a su hermano. Lo hizo flanqueado por militares, mientras jeeps del ejército recorrían la capital. Y en Nicaragua, en 2018, la policía y grupos parapoliciales mataron a más de trescientas personas que protestaban contra el régimen de Daniel Ortega.

El ensayo que publica El País parte de esas tres escenas para sostener una tesis: la democracia centroamericana no fue la regla, sino una anomalía frágil que exigía una defensa activa para la que nadie estaba preparado. El autor, un guatemalteco que escribe desde la experiencia de su país, señala tres causas internas del derrumbe. La formalidad democrática no resolvió la pobreza, la desigualdad ni la violencia. Tras los conflictos armados, la democracia pareció un trámite más dentro de una receta que privilegiaba los negocios sobre el bienestar. Y su retórica sirvió de fachada para saquear las arcas públicas y traficar con impunidad y privilegios.

A ese desprestigio se sumó, según el texto, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016, que legitimó a imitadores de cualquier signo ideológico. Al volver a la Casa Blanca, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico. En julio de 2026, Hernández regresó a Honduras para recuperar micrófonos e influencia política. Bukele, que gobierna desde 2022 bajo un régimen de excepción que el autor considera ya imposible de llamar así con rigor, ha encarcelado a más de 90.000 personas y reformó la Constitución para permitirse la reelección indefinida. Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se proclamaron copresidentes de Nicaragua.

Guatemala, dice el autor, es el caso más ilustrativo. En 2023, la formalidad democrática estrenada en 1985 se volvió un obstáculo para la alianza de políticos, empresarios y mafiosos que gobernaba el país, y esta intentó un nuevo tipo de golpe: sin militares, con una fiscalía y unas cortes capturadas, y con un discurso que lo disfrazara. Contra la comisión anticorrupción invocaron la soberanía; a los fiscales independientes los acusaron de ser agentes de la izquierda; al candidato ganador le atribuyeron planes de traer comunismo, aborto, matrimonio igualitario y la agenda 2030; y a quienes protestaron les opusieron el orden público y la libre locomoción. La democracia sobrevivió gracias a la movilización popular, en particular de las autoridades ancestrales indígenas. Pero con nuevas elecciones en 2026, el autor se pregunta por cuánto tiempo.

Esos trucos, recuerda, se estrenaron en Guatemala. En 1954, la United Fruit Company vio en la reforma agraria de Árbenz una amenaza a sus intereses y un posible contagio para otros países donde operaba. Contrató a Edward Bernays, considerado el padre de las relaciones públicas, quien convenció al hemisferio de que la URSS había convertido a Guatemala en su cabeza de playa. Ese relato justificó la segunda operación encubierta de la CIA, tras el derrocamiento de Mossadegh en Irán. Después vendrían Cuba, Brasil, Chile y Nicaragua.

Para el autor, importa poco cuán sinceras sean las convicciones de los autoritarios actuales: detrás hay dinero e impunidad. El 9 de marzo de 2022, el presidente Alejandro Giammattei, denunciado por haberse robado el dinero de las vacunas contra el Covid, proclamó a Guatemala “Capital Provida de Iberoamérica” en un acto en la plaza central. Al mismo tiempo, el Congreso afín le aprobó una ampliación presupuestaria de más de 3.000 millones de quetzales, más de 350 millones de euros, para alimentar la maquinaria clientelar.

Otros, escribe, ni siquiera necesitan disfraz: los dueños de corporaciones con ingresos superiores al PIB de muchos países. En 2009, Peter Thiel escribió que libertad y democracia eran incompatibles. En 2012, la Sala de lo Constitucional hondureña declaró inconstitucionales las ciudades modelo, enclaves con leyes y tribunales propios; el Congreso, presidido por Hernández, destituyó en sesión nocturna a los cuatro magistrados que votaron en contra. Sobre eso se levantó Próspera, ciudad privada en la isla de Roatán impulsada por inversionistas de Silicon Valley, entre ellos Thiel. Cuando Honduras derogó el régimen, sus inversionistas demandaron al país ante un tribunal internacional por un tercio de su PIB.

El autor concluye que libertarios y caudillos no son adversarios reales, y que no se trata de izquierda contra derecha: Ortega fundó una dinastía tres décadas después de derrocar otra, y en 2006 sus diputados votaron la prohibición total del aborto junto a los obispos. Bukele, llegado a la alcaldía de San Salvador en 2015 por el FMLN, habló en el CPAC de 2025 contra “el globalismo”. La pregunta que queda abierta es la de las elecciones guatemaltecas de 2026.