Los desafíos para aplicar el Reglamento de inteligencia artificial en Perú

Este mes venció en Perú el primer plazo para cumplir varias de las obligaciones del Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos y ciertos usos privados de esta tecnología deben ajustarse ya a esas exigencias. Los usos privados alcanzados son los de sectores como Salud, Educación, Justicia, Seguridad, y Economía y Finanzas.

La lectura que propone esta columna de opinión, publicada en El Comercio, reconoce primero un avance. El Reglamento adopta un enfoque basado en riesgos, fija requisitos de transparencia, incorpora mecanismos de supervisión humana y promueve estándares técnicos para un desarrollo y uso responsables. La lógica de fondo es que no todos los sistemas ni todos los usos implican el mismo nivel de riesgo, y por tanto no requieren los mismos controles.

El texto subraya también la oportunidad. La inteligencia artificial puede mejorar los servicios públicos, acelerar procesos, ampliar la capacidad de análisis de las organizaciones, elevar la productividad y abrir posibilidades a empresas y ciudadanos. Pero advierte que incorporarla no es solo una decisión tecnológica. Implica asumir responsabilidades éticas, evaluar riesgos, monitorear y supervisar resultados, y definir criterios para proteger a las personas cuando un sistema afecte sus derechos o sus condiciones de vida.

Ahí aparece el primer desafío: cumplir exige bastante más que aprobar políticas y protocolos. Hacen falta presupuesto, infraestructura de cómputo, capacidad de procesamiento, datos de calidad, seguridad, integración tecnológica, personal especializado, monitoreo y supervisión humana efectiva. En los servicios que atienden a grandes volúmenes de usuarios, los costos de nube, procesamiento, almacenamiento, mantenimiento y actualización se convierten en gastos permanentes.

El segundo desafío es de financiamiento. El decreto que aprueba el Reglamento dispone que su implementación y sostenibilidad se costeen con los presupuestos institucionales existentes, sin pedir recursos adicionales al Tesoro Público. Según el autor, esto puede producir una aplicación desigual y profundizar las brechas en el acceso a servicios públicos de calidad. Las organizaciones con mayor madurez digital estarían mejor posicionadas para cumplir, mientras que otras podrían tener dificultades para escalar sus servicios, supervisar bien sus sistemas o mantener niveles suficientes de calidad y seguridad.

El tercer desafío es cómo medir la calidad. El columnista sostiene que no puede haber un criterio único: un nivel de precisión aceptable para una herramienta de apoyo puede ser insuficiente cuando una decisión afecta derechos, acceso a servicios o condiciones económicas de una persona. Por eso plantea la necesidad de criterios que midan fiabilidad, error, sesgo y desempeño según el riesgo y la finalidad de cada aplicación, algo que, afirma, todavía requiere mayor precisión operativa.

Para el autor, el valor estratégico del Reglamento está en crear condiciones para adoptar la inteligencia artificial con seguridad, sin sacrificar innovación ni competitividad. Si logra ese equilibrio, podría traducirse en mejores servicios para los ciudadanos, nuevas oportunidades para las empresas y una contribución real al desarrollo económico y social del país. Queda pendiente definir esos criterios operativos y ver cómo responden las instituciones con presupuestos propios.