Los decretos de vivienda llegan al Congreso sin apoyo garantizado de sus socios

El Gobierno lleva semanas negociando con sus socios de investidura dos decretos sobre la crisis de vivienda que aprobó el martes en Consejo de Ministros y que pretende someter a votación de urgencia el viernes en el Congreso. Pero según admiten fuentes del Ejecutivo, ninguno de los dos textos está asegurado. Es, en palabras de esos interlocutores gubernamentales, una apuesta arriesgada e inevitable para la recta final de una legislatura que se desmorona.

Los decretos protegen contra desahucios hasta 2030 y establecen ayudas a propietarios en el primero; el segundo prolonga automáticamente los contratos de alquiler. El Gobierno confía en que rechazar el primero sería políticamente indefendible para sus socios. Pero da por descontada la derrota del segundo. Junts, cuyo voto es crítico, solo ha dejado un consejo al Ejecutivo: mirad el marcador de las votaciones. Podemos tampoco ha aclarado su posición. La mayoría de investidura lleva meses bloqueada. Hace un año que Junts rompió sus relaciones con el Gobierno y no anticipa nunca su voto. Podemos dejó de ser predecible hace tiempo y expresa críticas cada vez más duras a cualquier iniciativa de La Moncloa.

El caso del desahucio de Maricarmen Abascal ha generado una conexión emocional que ha calado en la calle y ha motivado movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. El Gobierno contaba con escenarios parlamentarios inciertos para esta fase final de la legislatura, pero ese terreno se ha precipitado. Interlocutores frecuentes del Ejecutivo con Junts y Podemos lo expresan con resignación asumida: no hay otra opción, sabían que este momento llegaría. Cuando preguntan a Junts qué harán, la respuesta es siempre la misma: mirad al marcador.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, suele acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haberse entregado a la derecha. El martes en el Congreso tampoco quiso adelantar el voto de los cuatro diputados de Podemos, tan indispensables como todos los demás que hace tres años refrendaron la investidura de Sánchez. Esa ecuación se ha repetido muy poco en los últimos meses y esos grupos se han atomizado aún más. Por la mañana, Belarra pidió que los decretos no se fragmentasen y se apuntó a las demandas máximas del sindicato, con expropiaciones de pisos de fondos buitres incluidas. Por la tarde remachó que sus cuatro votos serán una herramienta en manos de la gente que se moviliza en la puerta del Sol e insistió en que el Gobierno había dividido los decretos en una estrategia de divide y vencerás que no funcionará porque la gente ve la trampa. Exigió una rectificación y un decreto único, algo que no ocurrirá.

La aritmética es complicada. PP, Vox y UPN, más Javier Ortega Smith del Grupo Mixto, cuentan con 171 noes seguros. El PP rechaza frontalmente el modelo de regulación e intervencionismo del Gobierno sobre el mercado de vivienda y se queja de que nadie les ha llamado para hablar. El Ministerio de Vivienda tampoco ha contactado con Vox porque da esos apoyos por imposibles. La mayoría de investidura al completo alcanzaría 179 votos, pero esa meta no está clara. Por ahora solo están más o menos comprometidos 168 síes: los 121 del PSOE, 26 de Sumar, siete de ERC, seis de EH Bildu, cinco del PNV, uno del BNG, otro de Águeda Micó y el posible de Coalición Canaria, que aún no lo ha materializado porque aunque pidió los decretos toda la tarde del martes no los había conseguido recibir.

Junts sigue sin decantarse. Fuentes de su cúpula insistieron el martes por la tarde en el mismo recelo que habían expresado por la mañana: hasta que no tengan los textos definitivos no harán ninguna valoración, porque aunque el Gobierno ha explicado que tiene un acuerdo, en ese momento todavía no tenían ningún texto cerrado. Siete votos en el aire. El Ejecutivo cuenta con ellos para el primer decreto. Varios componentes del Gobierno aprovecharon sus plataformas para interpelar al PP a que no se enmiende a sí mismo y rechace propuestas en favor de propietarios o inquilinos que ha introducido en proyectos registrados en el Parlamento. Félix Bolaños llegó tan lejos como para emplazar a los populares a prestarse a quitar algo de poder a los que tienen demasiado y dar algo a los que no tienen nada y no dejar en la calle a Maricarmen.

La desafección de algunos socios de izquierdas con el fondo y las maneras con que el Gobierno ha tratado esta crisis la resumieron bien los portavoces de ERC y BNG. Gabriel Rufián lamentó que no era suficiente lo acordado pero prefirió subrayar que lo útil es ser pragmático con victorias parciales antes que la épica de las derrotas totales. Néstor Rego suspendió al Gobierno por fragmentar los decretos pero asumió el voto a favor: si hay que escoger entre un parche y dejar la gente desprotegida, el BNG votará a favor de proteger la ciudadanía. El viernes será otra jornada frenética llena de incertidumbres, cada vez más frecuentes en esta legislatura taquicárdica.