Los centros de datos, la nueva infraestructura crítica de España y un motor de la economía digital

España cerró el año pasado con 439 megavatios de capacidad instalada en centros de datos comerciales, un 24 % más que el ejercicio anterior. La cifra procede del informe anual de la Asociación Española de Centros de Datos, Spain DC. Si la tendencia se mantiene, ese volumen se multiplicará por seis aproximadamente y superará los 2.500 megavatios en 2030, con una inversión prevista de 66.900 millones de euros.

Detrás de esos números hay gestos cotidianos: una transferencia bancaria, un trámite con la Administración, una serie en streaming o una consulta a una inteligencia artificial. Todos dependen de la capacidad de cómputo y almacenamiento que solo ofrecen estas instalaciones. Por eso, según el planteamiento del texto, los centros de datos han pasado de verse como una pieza tecnológica más a situarse junto a las grandes infraestructuras de un país: las redes de energía, transporte, agua o telecomunicaciones. A ello se suma el debate europeo sobre soberanía digital, es decir, dónde se almacenan los datos y dónde estará la capacidad de cómputo del futuro.

En ese contexto, ACCIONA creó un área de centros de datos para aplicar a este sector su experiencia en desarrollo, construcción y operación de grandes proyectos. La dirige José Gabriel Martín Fernández, quien sostiene que estas instalaciones, históricamente consideradas tecnológicas, son ahora una infraestructura esencial, equiparable a las energéticas, las de transporte o las de telecomunicaciones.

Martín Fernández rechaza que exista una burbuja. Lo que ve es un sobredimensionamiento de la cartera de proyectos en desarrollo: en España hay concedidos unos 12 gigavatios de potencia para centros de datos, muy por encima de los cerca de 3 gigavatios que prevén para 2030 los escenarios más optimistas. La demanda de fondo, afirma, es sólida. La Agencia Internacional de la Energía calcula que el consumo eléctrico de estos centros se duplicará con creces de aquí a 2030, y el directivo asegura que hoy no se puede atender la demanda de capacidad esperada. Prevé una inversión creciente durante la próxima década.

Cita cuatro ventajas españolas. La primera es la energía: electricidad a precio competitivo gracias a unas renovables que en 2025 superaron el 55 % de la generación, un factor clave porque la energía supone entre el 60 % y el 70 % del coste operativo de un centro. La segunda, la ubicación: España es la puerta de entrada a Europa de los cables de fibra desde América y el punto de conexión con África y el Mediterráneo. La tercera, el suelo. Según Martín Fernández, en Fráncfort, Londres, Dublín, París y Ámsterdam ya no hay suelo ni energía disponibles, y en Ámsterdam tramitar un centro puede llevar diez años. La cuarta, un tejido industrial con ingenierías, constructoras y empresas de renovables y gestión del agua. El gran reto está en la red eléctrica, que exige invertir en transporte y distribución para llevar la generación renovable a los puntos de consumo con suministro constante.

Sobre el consumo de recursos, el directivo admite que los centros son consumidores de electricidad y sitúa la clave en la eficiencia: cuántos kilovatios hora se gastan por unidad de cómputo. La AIE estima que representan alrededor del 1,5 % del consumo eléctrico mundial. Con el agua es tajante: afirma que decir que consumen mucha es radicalmente falso y que existen tecnologías para consumir cero litros. ACCIONA dice aplicar criterios de sostenibilidad desde el diseño, con el objetivo de llegar a cero consumo de agua y cubrir la electricidad con renovables. Cuenta además con una división de eficiencia energética que desarrolla recuperación de calor para industrias anexas y con programas Water Positive.

En el territorio, la construcción es intensiva en mano de obra y dura entre cinco y diez años, porque los campus se levantan por fases. Una vez en marcha rara vez se desmantelan, sino que se actualizan, lo que sostiene empleo estable durante décadas: ingenieros de telecomunicaciones, industriales y eléctricos, perfiles de formación profesional y servicios auxiliares que ayudan a fijar población rural. Un centro atrae además a otros, a empresas tecnológicas y a universidades. Por eso Martín Fernández insiste en trabajar con las comunidades desde el principio: la licencia administrativa permite construir, dice, pero la social es la que integra la infraestructura en el territorio. La red eléctrica será lo que decida si esa previsión se cumple.