Los acampados en Sol rechazan los decretos y mantienen la protesta indefinida

La acampada en la Puerta del Sol ha logrado lo que parecía imposible hace apenas tres días: que Maricarmen Abascal recuperara su casa y que el Gobierno aprobara dos decretos de urgencia en menos de 48 horas. Pero para los miles de jóvenes que duermen bajo tiendas de campaña en el centro de Madrid, estas victorias son apenas el primer movimiento de una batalla que apenas comienza. El sábado por la noche llegaron los primeros acampados. El domingo levantaron una ciudadela improvisada. El lunes lanzaron un ultimátum de 48 horas al Presidente del Gobierno. El martes, tras negociaciones intensas, los decretos estaban aprobados. La velocidad de los eventos ha sido vertiginosa, pero la decisión de los acampados es clara: de aquí no se mueve nadie.

La asamblea que se celebró al caer la noche fue unánime. Miles de personas se apretujaban en Sol sin espacio para un alfiler, y todos coincidieron en lo mismo: los decretos no son suficientes. Martín López, un chico de 23 años de Jaén, lo expresó sin ambigüedad: no quieren parches. Antonio, de 18 años, fue más directo aún: quieren acabar con el rentismo, no reformarlo. El Sindicato de Inquilinas, que ha sido metódico en la organización del campamento y que logró convertir el desahucio de Maricarmen en un símbolo universal de la crisis de vivienda, ha dejado claro que el pulso político no ha terminado. Valeria Racu, portavoz del sindicato, advirtió que la presión se mantendrá hasta conseguir todo lo que demandan.

Lo que sorprendió a muchos fue la reacción de los acampados cuando se conoció la aprobación de los decretos. No hubo aplausos, no hubo celebración colectiva. La noticia circuló por teléfonos móviles y de boca en boca, pero la acampada siguió como si nada. Los jóvenes han descubierto el poder de su movilización y no tienen intención de dispersarlo. El viernes, los decretos llegarán al Congreso, donde pueden ser rechazados. Algunos tienen más consenso que otros, y la distancia entre los socios de investidura del Gobierno es evidente. A partir de ahí, todo dependerá de lo que suceda en la votación.

La estructura del campamento ha crecido de manera orgánica. El Sindicato de Inquilinas, identificable por sus petos naranjas, ha sido metódico en la organización, pero nuevos liderazgos han surgido sin que hasta ahora haya habido colisiones. En el centro de la acampada, la gente discute con calma. Se improvisan conciertos, lecturas grupales, debates. Hay un espacio que han llamado La Komuna de Sol, decorado con una manta y sillas de camping, donde cinco amigos pueden sentarse a conversar. Se han renombrado las calles: la avenida 26 de Septiembre por el día en que llegaron, la calle Maricarmen por la mujer cuyo desahucio encendió todo esto. En una esquina homenajean al anarquista Buenaventura Durruti. En otra no olvidan Gaza. La energía fluye, se crea comunidad.

Pero no todo ha sido pacífico. En las calles que acaban en Sol ha habido incidentes entre manifestantes y gente que ha venido a criticar la movilización. Algunos enfrentamientos han llegado a las manos y la policía ha tenido que intervenir. Un señor con barba y gafas entró elogiando a Franco a voces. Acabó enfrentado con un joven nostálgico de la URSS, con las uñas pintadas de azul y un Red Bull en la mano. Cuando la policía los separó, el joven dijo algo sobre ejercer la ultraviolencia contra fascistas como hace 80 años. Nadie lo tomó en serio. La gente siguió a lo suyo.

Cientos de personas duermen en la acampada cada noche, pero miles pasan el día. Muchos vienen antes o después de ir al trabajo o a la universidad. Los jubilados se pasean curioseando entre las carpas. Un grupo de bomberos que se oponen a participar en desahucios fue la sensación durante unas horas. Ha habido pancartas indescifrable que se referían de manera críptica a Ceuta. Se ha discutido sobre todo menos sobre irse. La Policía Nacional ha rodeado Sol durante todo el día, pero nunca ha transmitido la sensación de que fuese a actuar. El Gobierno ha dicho que no tiene pensado desalojar a los jóvenes. Hacerlo pondría en entredicho su imagen de Gobierno progresista. El Gobierno de Madrid, en cambio, ha pedido claramente que los saquen y ha amenazado al delegado del Gobierno con una demanda si no actúa. Es poco probable que los acampados le vayan a poner el nombre de una calle a Isabel Díaz Ayuso.

Lo que comenzó como un desahucio se ha convertido en algo más grande. Los jóvenes han descubierto que pueden mover montañas si se organizan. Han visto cómo la clase política se sienta a negociar cuando la presión es suficiente. Pero saben que esto es solo el principio. Los decretos pueden ser tumbados en el Congreso. El sistema que consideran injusto sigue en pie. De aquí no se mueve nadie, dicen. Y por ahora, nadie se va.