En medio de semanas de parálisis legislativa, dos senadores de oposición encontraron una fórmula para simplificar una reforma constitucional en seguridad que el Gobierno impulsaba con urgencia: reducir sus ambiciones de ocho ejes a tres. El acuerdo no despeja el camino de inmediato —la comisión no retomará el debate hasta octubre—, pero señala que incluso en tiempos de fragmentación política, la negociación silenciosa puede abrir grietas donde antes había muros. Mientras tanto, la Cámara de Diputados demostró que la agenda de seguridad puede moverse por carriles distintos, aprobando una amplia
Longton y Squella acuerdan fórmula para desatrancar reforma de seguridad en el Senado
Cada minuto en reforma constitucional es tiempo perdido en seguridad
Mark
¿Por qué estos dos senadores lograron un acuerdo cuando el proyecto estaba completamente atascado?
Mimi
Porque redujeron el alcance de forma drástica. Pasaron de ocho ejes a tres. Es un movimiento táctico: en lugar de intentar cambiar la Constitución en múltiples frentes, se enfocaron en lo que consideran más viable.
Luke
Pero ¿quién decidió que esos tres ejes son los "correctos"? ¿Hay consenso real en la comisión, o solo entre Longton y Squella?
Mimi
Eso es lo que falta ver. Ellos anunciaron el acuerdo, pero aún no lo presentan formalmente. La comisión no vuelve a discutirlo hasta octubre.
Mark
¿Octubre? ¿Por qué tanto tiempo?
Mimi
Porque la comisión está ocupada revisando nombramientos durante la semana regional. Es una prioridad que se antepone.
Luke
Entonces el proyecto no está "desatascado". Solo está esperando en una fila diferente.
Mimi
Exacto. Tiene urgencia simple, no urgencia suma. Es un cambio de posición, no de velocidad.
Mark
¿Y si Walker tiene razón? ¿Si la reforma muere antes de llegar a octubre?
Mimi
Es posible. Pero mientras tanto, la Cámara ya aprobó el primer proyecto de ley de seguridad. Ese sí avanza.
Luke
Entonces hay dos caminos paralelos: uno constitucional que está congelado, y uno legislativo que se mueve. ¿Son complementarios o competitivos?
Mimi
Eso depende de cómo el Gobierno los maneje. Walker dice que son competitivos, que la reforma consume energía política que podría ir a las leyes.
Mark
¿Quién tiene más poder para decidir cuál camino prevalece?
Mimi
El Senado, en última instancia. Y por ahora, el Senado está eligiendo nombramientos.
Le Pouls
- Una reforma constitucional en seguridad llevaba semanas atascada en el Senado, sin fecha clara de salida ni voluntad política suficiente para desbloquearla.
- Los senadores Longton y Squella rompieron el impasse con una propuesta quirúrgica: reducir los ejes de cambio de ocho a tres, apostando por lo posible sobre lo ideal.
- El alivio tiene fecha de vencimiento: la Comisión de Constitución dedicará la próxima semana regional a nombramientos, y la reforma no volverá a discutirse antes de octubre.
- El senador Walker lanzó una advertencia más profunda: la vía constitucional está condenada al fracaso y el Senado debería abandonarla en favor de leyes con consenso real.
- La Cámara de Diputados avanzó por su propio carril, aprobando la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, con nuevas facultades digitales para las policías.
- El ministro de Justicia anunció que buscará promulgar esa ley a la brevedad, dejando en evidencia que la agenda de seguridad tiene dos velocidades: una constitucional, otra legislativa.
En medio de semanas de parálisis legislativa, dos senadores de oposición encontraron una fórmula para simplificar una reforma constitucional en seguridad que el Gobierno impulsaba con urgencia: reducir sus ambiciones de ocho ejes a tres. El acuerdo no despeja el camino de inmediato —la comisión no retomará el debate hasta octubre—, pero señala que incluso en tiempos de fragmentación política, la negociación silenciosa puede abrir grietas donde antes había muros. Mientras tanto, la Cámara de Diputados demostró que la agenda de seguridad puede moverse por carriles distintos, aprobando una ampliación del plazo de flagrancia que ya marcha hacia su promulgación.
Después de semanas de parálisis, los senadores Andrés Longton (Renovación Nacional) y Arturo Squella (Partido Republicano) alcanzaron un acuerdo para destrabar la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Gobierno. La fórmula es de reducción: en lugar de ocho ejes de cambio, la propuesta que presentarán ante la Comisión de Constitución del Senado contempla solo tres.
Los tres pilares son el reconocimiento constitucional del crimen organizado, un régimen carcelario diferenciado para ciertos delincuentes, y una nueva hipótesis para activar el Estado de Excepción de Emergencia ante riesgos concretos a la seguridad pública. Longton describió este último mecanismo como un estado de emergencia 'calificado' o '2.0', que fortalece una herramienta que ya ha operado en la macrozona sur sin necesidad de crear un nuevo estado de excepción desde cero.
Sin embargo, el acuerdo no acelera los tiempos reales. Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución, confirmó que la próxima semana regional estará dedicada íntegramente a revisar nombramientos. La reforma no volverá a la mesa antes de octubre, con o sin urgencia simple.
No todos comparten el optimismo del camino constitucional. El senador Matías Walker, de Demócratas, advirtió que la reforma morirá por 'muerte natural' y llamó a concentrar los esfuerzos en proyectos de ley con mayor consenso. Cada hora invertida en una reforma que divide, argumentó, es tiempo robado a iniciativas que la ciudadanía lleva años esperando.
Mientras el Senado aguarda, la Cámara de Diputados aprobó el primer proyecto de la agenda de seguridad del Gobierno: ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, con una excepción de 48 horas para la Policía Marítima. La ley también otorga nuevas facultades a las policías para acceder a dispositivos tecnológicos durante diligencias en flagrancia y recopilar evidencia digital. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció que buscará promulgarla a la mayor brevedad. La reforma constitucional sigue suspendida; la agenda legislativa, en cambio, ya está en movimiento.
Después de semanas de parálisis en la Comisión de Constitución del Senado, dos legisladores encontraron una salida. Los senadores Andrés Longton, de Renovación Nacional, y Arturo Squella, del Partido Republicano, cerraron un acuerdo sobre cómo avanzar la reforma constitucional en seguridad que el Gobierno ha impulsado con urgencia. La propuesta que presentarán ante la comisión reduce drásticamente el alcance original: en lugar de ocho ejes de cambio, ahora son tres.
Esos tres pilares son el reconocimiento constitucional del crimen organizado, la creación de un régimen carcelario diferenciado para ciertos delincuentes, y una nueva forma de activar el Estado de Excepción de Emergencia basada en riesgos concretos a la seguridad pública. Longton explicó que esta última medida busca fortalecer un mecanismo que ya ha funcionado en la macrozona sur, sin necesidad de crear un nuevo estado de excepción desde cero. Lo llamó un estado de emergencia "2.0" o calificado, dotado de herramientas más robustas para enfrentar crisis de seguridad.
Pero el alivio es temporal. El proyecto seguirá esperando. Pedro Araya, senador del PPD y presidente de la Comisión de Constitución, dejó claro que la agenda de la próxima semana regional ya está fijada: todas las sesiones se dedicarán a revisar nombramientos. La reforma no volverá a la mesa de discusión antes de octubre. Mientras tanto, la urgencia simple que acompaña al proyecto no ha cambiado, pero tampoco ha acelerado su tramitación.
No todos ven con optimismo el camino constitucional. Matías Walker, senador de Demócratas, argumentó que la reforma morirá por "muerte natural" y que el Senado debería enfocarse en leyes de seguridad que logren consenso más amplio. Cada hora dedicada a una reforma que divide a los chilenos, sostuvo, es tiempo perdido en proyectos de ley que la ciudadanía ha esperado durante años. Walker insistió en que la estrategia correcta es abandonar la vía constitucional y concentrarse en la legislativa.
Mientras el Senado espera, la Cámara de Diputados avanzó. Esta semana aprobó y despachó a ley el primer proyecto de la agenda de seguridad del Gobierno: ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, con una excepción de 48 horas para la Policía Marítima. El proyecto también entrega nuevas facultades a las policías para solicitar aparatos tecnológicos durante las diligencias en flagrancia, permitiendo que recopilen evidencia digital para establecer la existencia del delito y la participación de sospechosos. Fernando Rabat, ministro de Justicia, confirmó que buscarán agilizar al máximo la promulgación y publicación de esta ley. La reforma constitucional sigue en suspenso, pero la agenda legislativa en seguridad ya está en movimiento.
Citations marquantes
Reforzar el estado de emergencia calificado y establecer elementos relevantes para darle mayor fortaleza a un Estado de Excepción que ha funcionado exitosamente en la macrozona sur— Senador Andrés Longton
La reforma va a morir de muerte natural, porque lo que cabe es concentrarse en los proyectos de ley de la agenda de seguridad— Senador Matías Walker
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