Llarena rechaza recurso de Vox y confirma levantamiento de orden de detención contra Puigdemont

El juez Pablo Llarena ha cerrado definitivamente una de las batallas legales más prolongadas del caso Puigdemont. A mediados de octubre de 2026, rechazó un recurso presentado por Vox contra la decisión de levantar la orden de detención internacional que pesaba sobre el expresident catalán desde hace años. Con este rechazo, Llarena confirmó que la amnistía se aplicaría sin más dilaciones, permitiendo que Carles Puigdemont pudiera regresar a territorio español sin riesgo de ser detenido.

La decisión de Llarena no fue sin reservas. El magistrado aprovechó para criticar públicamente al Tribunal Constitucional, cuya interpretación de la ley de amnistía lo había obligado a actuar en contra de su propio criterio. Sin embargo, pese a sus objeciones sobre cómo el tribunal constitucional había resuelto la cuestión, Llarena asumió la sentencia como vinculante y procedió a ejecutarla. No le quedaba otra opción legal.

Vox había intentado frenar este proceso presentando un recurso que buscaba mantener vigente la orden de detención. El partido de extrema derecha se oponía a la amnistía desde sus inicios y continuó litigando hasta el final para intentar evitar que Puigdemont quedara libre de persecución penal. Pero Llarena desestimó el recurso sin concesiones, cerrando así la última vía de impugnación disponible en la jurisdicción ordinaria.

La amnistía, aprobada por el Parlamento español en 2024, había sido diseñada para cerrar heridas políticas derivadas del procés catalán de 2017. Sin embargo, su aplicación había sido objeto de intensas disputas judiciales. Llarena, quien había liderado la investigación del caso desde el principio, se había mostrado reacio a aplicarla, argumentando que ciertos delitos no debían quedar cubiertos. El Tribunal Constitucional, sin embargo, había zanjado la cuestión de manera clara: la amnistía era aplicable.

Con el rechazo del recurso de Vox, la orden de detención contra Puigdemont quedó formalmente levantada. Esto significaba que el expresident, quien había permanecido en el exilio durante años, podría ahora viajar a España sin temor a ser arrestado en la frontera o en cualquier punto del territorio nacional. La medida no eliminaba otros procedimientos judiciales que pudieran existir, pero sí cerraba la persecución penal más visible y mediática.

La decisión de Llarena representaba el fin de una larga resistencia institucional contra la amnistía. El Supremo, en su conjunto, se había mostrado reticente a aplicarla hasta el final, pero la sentencia del Tribunal Constitucional había dejado poco margen para la interpretación. Llarena, aunque crítico con esa interpretación, no tenía autoridad para desafiarla. Su rechazo al recurso de Vox fue, en ese sentido, la aceptación definitiva de una realidad legal que le desagradaba pero que debía cumplir.

La resolución cierra un capítulo que había permanecido abierto durante casi una década. Desde el referéndum de independencia de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, Puigdemont había vivido fuera de España, primero en Bélgica y luego en otros países europeos. La orden de detención había sido un símbolo de la confrontación política entre el Gobierno central y el movimiento independentista catalán. Su levantamiento marca un punto de inflexión en cómo España ha decidido gestionar las consecuencias políticas y legales del procés.