LLA propone prohibir celulares en cárceles, uniformes según peligrosidad y que los presos paguen sus gastos

El diputado mendocino Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para reformar el régimen carcelario. Propone que los teléfonos celulares queden efectivamente prohibidos en los penales, que las comunicaciones de los internos sean controladas y que los presos se hagan cargo de los gastos que generan durante su detención. La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y deberá debatirse en la Comisión de Legislación Penal.

Según el proyecto, la reforma apunta a combatir estafas, secuestros virtuales, maniobras vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y trata de personas, entre otros delitos. "Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero", sostuvo Martínez, y agregó que las cárceles deben servir para reinsertar personas y no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda.

En materia de comunicaciones, la nueva redacción del artículo 158 establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales, profesionales vinculados con su reinserción social y representantes de organismos oficiales e instituciones privadas, siempre sujeto a las condiciones y la supervisión previstas en la ley. El artículo 161 permitirá que cada interno pida autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números. Sus titulares deberán estar identificados y autorizados previamente en la instancia judicial de ejecución de la pena. El texto también contempla teléfonos de línea para hablar con familiares y abogados, y videollamadas con defensores, para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios. Entre sus fundamentos cita a la Corte Suprema, que sostuvo reiteradamente que los detenidos conservan los derechos no afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de la pena está bajo control judicial permanente.

Otro punto es el uso obligatorio de uniformes según la peligrosidad de cada detenido, clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Serán de color beige o marrón claro, con líneas verticales al frente y al dorso: una para peligrosidad leve, dos para media y tres para alta. Quienes estén próximos a recuperar la libertad usarían uniformes lisos. Martínez aclaró que la medida no tiene un objetivo discriminatorio y se ajusta al principio de igualdad.

El proyecto crea además un Arancel Único Carcelario (AUC), que los internos pagarían mensualmente para cubrir servicios generales y alimentación. Según el legislador, tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme. "El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa", dijo, y sostuvo que la reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones.

El tercer eje es el trabajo penitenciario. Martínez plantea metas progresivas de incorporación laboral, capacitaciones vinculadas con la economía real y la modernización del Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE). También prevé la participación controlada de empresas privadas, un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y demanda generada por compras del sector público.

Los datos oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional que cita la iniciativa indican que, al 31 de diciembre de 2024, el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas. De ellas, 7.545 percibían peculio, pero solo 2.922 hacían tareas productivas vinculadas con la reinserción. Otras 4.623 cobraban por mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas de "fajina". Es decir, apenas el 38,72% de quienes cobraban peculio realizaba actividades productivas. En 2024 el ENCOPE dispuso de $25.721.747.525, y cerca del 75% fue a pagar peculios, buena parte por tareas sin finalidad productiva. El planteo sostiene que la respuesta no debe ser suprimir remuneraciones, sino convertir esas actividades en trabajo útil para la reinserción.

La propuesta se suma a otra que Martínez presentó en abril, que fija penas de uno a tres años de prisión para el interno que tenga un celular en un penal, y de tres a cinco si el aparato se usó para cometer un delito. Ahora el texto pasa a la Comisión de Legislación Penal, donde comenzará su debate.