Líderes mundiales impulsan medidas contra deepfakes: desde Meloni registrando su voz hasta Sheinbaum penalizando vídeos falsos

En México, el Senado acaba de aprobar una reforma que penaliza la creación y distribución de videos falsos en los que aparecen funcionarios del gobierno. La votación fue cerrada: 72 votos a favor, 34 en contra. Si la Cámara de Diputados la ratifica, quienes usen inteligencia artificial para fabricar estos contenidos enfrentarán hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 1.173.000 pesos mexicanos, aproximadamente 58.000 euros. La medida ha generado una tormenta política. Los opositores la llaman "ley anti-memes", argumentando que es un instrumento de censura disfrazado de protección. La presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que salir a aclarar públicamente qué se sanciona y qué no. "Lo que aparece en la ley es que no se pueden cometer delitos", explicó en su conferencia matutina. "No la sátira política, ni siquiera la ofensa personal." Su consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, detalló los términos exactos: la ley castiga específicamente el fraude cometido mediante videos falsos de funcionarios, no la burla o la crítica.

Mientras México toma un camino legislativo amplio, Italia ha optado por una estrategia más personal. La primera ministra Giorgia Meloni ha solicitado registrar su voz como marca ante la Unión Europea. Archivó una grabación de cuatro segundos en la que pronuncia dos veces la frase "Yo soy Giorgia Meloni" ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. La solicitud aún está en revisión, pero si es aceptada, Meloni tendría herramientas legales para exigir la retirada de contenidos falsos que usen su voz y reclamar indemnizaciones por daños. Es un enfoque defensivo e individual, distinto al de México.

Los expertos advierten, sin embargo, que estas medidas tienen límites. Elena Gil, abogada especializada en inteligencia artificial y fundadora de Data Guardians, señala que registrar una voz como marca ofrece protección incompleta. "La marca puede ayudar a determinados usos comerciales, pero como la protección se da para los productos o servicios para los que tú la hayas registrado, no es para cualquier deepfake", explica. En otras palabras, Meloni podría proteger su voz en ciertos contextos comerciales, pero no necesariamente en todos los escenarios donde alguien intente clonarla.

El problema que impulsa estas acciones es real y urgente. Una investigación de la organización Agora Digitale Transformation reveló que al menos 46 diputadas del Parlamento Europeo, una de cada seis, han aparecido en imágenes pornográficas falsas creadas con inteligencia artificial. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, calificó la situación como "intolerable y deplorable" e instó a los Estados miembros a garantizar la aplicación efectiva de las nuevas normas europeas, a actuar contra las aplicaciones que permiten crear este contenido y a perseguir la difusión de deepfakes sexuales no consentidos.

Pero existe un debate más profundo sobre cómo responder. Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, cuestiona si se necesitan leyes específicas sobre deepfakes. En España, donde un adelanto electoral dejó en suspenso una reforma que pretendía prohibir videos falsos generados sin consentimiento, Adsuara argumenta que las protecciones ya existen. "No se debe crear un nuevo derecho a la propia imagen en el entorno digital. Ya nos protege la Constitución en su artículo 18, nos ampara la ley de protección civil, el código penal y la ley de protección de datos. La imagen y la voz son datos personales", sostiene. Propone, en cambio, introducir agravantes a delitos ya legislados, como las estafas cometidas con videos manipulados, sin crear una categoría legal nueva cada vez que emerge una tecnología.

Gil coincide parcialmente con Adsuara, aunque ve valor en una normativa explícita. "Una ley que mencione expresamente que las imágenes manipuladas sin consentimiento están penalizadas puede ayudar a dar más seguridad jurídica, pero eso no quiere decir que actualmente no exista una protección", indica. Dinamarca ha tomado un camino diferente: aprobó una ley que otorga a los ciudadanos derechos sobre su identidad digital, incluyendo voz, rostro y cuerpo, para evitar que se usen en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. La ley permite incluso reclamar indemnizaciones, aunque hace una excepción para la sátira y la parodia.

Lo que está claro es que los gobiernos del mundo están respondiendo, pero sin un consenso sobre la mejor estrategia. México castiga el fraude con deepfakes de funcionarios. Italia protege la voz de su líder como propiedad intelectual. Dinamarca otorga derechos digitales amplios a sus ciudadanos. España debate si necesita nuevas leyes o si los marcos existentes son suficientes. Cada enfoque refleja una apuesta diferente sobre cómo equilibrar la protección contra el abuso de inteligencia artificial sin sofocar la expresión política y la sátira.