Líbano rechaza justificaciones israelíes para destrucción de aldeas del sur

Nawaf Salam, primer ministro de Líbano, salió a la palestra el 13 de agosto para rechazar de frente las justificaciones que Israel ha esgrimido para demoler aldeas y ciudades en el sur del país. En un mensaje publicado en la red social X, Salam fue directo: catalogar poblaciones enteras como instalaciones militares "desafía toda lógica". No era una crítica abstracta. Hablaba de pueblos reales, de casas reales, de vidas reales.

Lo que Salam cuestionaba eran las demoliciones y los ataques israelíes contra zonas donde vivía gente común. Viviendas. Edificios públicos. Lugares de culto. Infraestructura civil. El primer ministro libanés argumentó que la justificación de estas acciones —alegar la presencia de instalaciones militares— simplemente no se sostiene cuando se mira la naturaleza de lo que estaba siendo atacado. No eran cuarteles. No eran depósitos de armas. Eran pueblos.

Nombró lugares específicos donde esto había ocurrido: Mansouri, Zawtar al-Sharqiyah, Kfar Tebnit y otras localidades del sur. En esos sitios, describió incursiones, demoliciones ejecutadas con maquinaria pesada, destrucción sistemática de casas e instalaciones públicas. Cada uno de esos nombres representaba comunidades enteras siendo borradas del mapa. Salam fue claro en su conclusión: estas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

El Ejército libanés había hecho denuncias similares el día anterior, señalando que los continuos ataques israelíes no solo causaban destrucción, sino que también obstaculizaban su propio despliegue en el sur y dificultaban que los residentes pudieran regresar a sus hogares. Específicamente, reportaron bombardeos contra instalaciones civiles y viviendas en Zawtar al-Sharqiyah, en la gobernación de Nabatieh.

Todo esto ocurría bajo la sombra de un acuerdo. El 26 de junio, Líbano e Israel habían firmado en Washington un acuerdo marco que contemplaba una retirada gradual israelí acompañada del despliegue del Ejército libanés y la aplicación de medidas de seguridad. Pero mientras ese acuerdo estaba sobre la mesa, la destrucción continuaba.

Los números que Salam no mencionó explícitamente en su declaración, pero que flotaban detrás de cada palabra, eran devastadores. Según las autoridades libanesas, la ofensiva israelí que había comenzado el 2 de marzo había dejado hasta ese momento 4.335 muertos, 12.277 heridos y más de un millón de desplazados. Un millón de personas arrancadas de sus vidas.

Salam fue enfático en un punto final: la soberanía de Líbano, la seguridad de su población y el derecho de los habitantes del sur a regresar a sus tierras y reconstruir sus comunidades no eran negociables. No eran puntos de negociación. No eran concesiones posibles. Eran líneas rojas. Lo que quedaba por ver era si esas líneas se mantendrían mientras la destrucción física continuaba en el terreno.