Ley Torricelli: tres décadas de bloqueo extraterritorial contra Cuba

Hace treinta y cuatro años, el 24 de septiembre de 1992, el Congreso estadounidense aprobó una ley que transformaría el cerco económico contra Cuba en algo sin precedentes: una prohibición que se extendería más allá de las fronteras de Estados Unidos, alcanzando a cualquier empresa en cualquier país que quisiera comerciar con la isla. La Ley Torricelli, nombrada así por el legislador que la presentó ante el 102 Congreso, fue promulgada un mes después por el presidente George Bush padre, el 23 de octubre de 1992. Su propósito era claro aunque se envolviera en el lenguaje de la democracia y los derechos humanos: aislar completamente a Cuba del comercio internacional y provocar el colapso de su economía en un momento de extrema vulnerabilidad, cuando la Unión Soviética acababa de desaparecer y el bloque socialista europeo se desmoronaba.

La ley prohibía que empresas estadounidenses financiaran operaciones comerciales con Cuba. Vedaba el uso del dólar en transacciones cubanas. Restringía la venta de cualquier mercancía que contuviera más de un veinte por ciento de componentes norteamericanos. El espíritu de la norma iba más allá de lo económico: en sus líneas se insinuaba la posibilidad de una intervención militar directa. No era simplemente un embargo; era un intento de estrangulamiento extraterritorial, una herramienta legal para presionar a terceros países y sus empresas a que rompieran vínculos comerciales con la isla.

Treinta y cuatro años después, esa ley sigue proyectando su sombra. No es una reliquia del pasado sino una estructura viva que continúa moldeando la realidad económica cubana. En septiembre de 2024, durante el período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Donald Trump ignoró deliberadamente el daño que el bloqueo causa a la población cubana y pronunció acusaciones que llevaron a la delegación cubana a abandonar la sala. Meses después, el 29 de enero de 2026, Trump firmó una Orden Ejecutiva que intensificó aún más las medidas coercitivas: nuevas sanciones dirigidas específicamente a impedir la llegada de combustibles a Cuba mediante intimidación y acoso a terceros países y compañías petroleras. Simultáneamente, se intensificó la persecución a navieras que transportan suministros esenciales.

Trump ha amenazado repetidamente con el uso de la fuerza militar contra la isla. En una ocasión declaró que no creía que se pudiera ejercer mucha más presión sobre Cuba salvo entrando y destrozando el lugar. Estas no son declaraciones retóricas; reflejan una continuidad de propósito que ha atravesado décadas y administraciones presidenciales distintas.

Los números que Cuba ha documentado revelan el costo acumulado de esta política. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, los daños económicos causados por el bloqueo ascienden a 178 mil 500 millones de dólares a precios corrientes. Esa cifra no es abstracta: representa la diferencia entre lo que la economía cubana ha sido y lo que habría podido ser. Sin el bloqueo, el Producto Interno Bruto del país sería un 10,8 por ciento superior al valor estimado. Eso significa menos inversión en infraestructura, menos capacidad para importar alimentos y medicinas, menos oportunidades de empleo, menos acceso a tecnología, menos combustible para transportar bienes esenciales.

La vida cotidiana de la población cubana refleja estas restricciones. El acceso a combustibles es limitado. Los suministros médicos son escasos. Las oportunidades económicas se contraen. Las familias enfrentan decisiones difíciles sobre qué comprar, qué transportar, cómo sobrevivir dentro de un cerco que no tiene fronteras claras porque alcanza a cualquier empresa en cualquier lugar que considere hacer negocios con Cuba.

Cuba ha ratificado su voluntad de defender su proyecto social y continuar avanzando en la construcción del socialismo a pesar de estas presiones. Pero la realidad es que más de seis décadas de bloqueo, sostenidas por un entramado de leyes como la Torricelli y reforzadas por órdenes ejecutivas cada vez más agresivas, han dejado una marca profunda en la economía y en la vida de millones de personas. El propósito declarado sigue siendo el mismo desde 1992: destruir la Revolución. Lo que ha cambiado es la intensidad y la sofisticación de los mecanismos utilizados para lograrlo.