Ley HB 1293 de Florida: fraude en alquiler será delito con pena de hasta 5 años

A partir del 1 de octubre de 2026, Florida tendrá una nueva ley que convierte el fraude en solicitudes de alquiler en un delito grave. La HB 1293, firmada por el gobernador Ron DeSantis en junio, crea responsabilidades penales para quien intente obtener una vivienda residencial mediante engaños sobre su identidad, documentos falsificados o suplantación de persona. La medida aprobó con unanimidad en ambas cámaras legislativas —110 votos a favor en la Cámara de Representantes y 34 en el Senado, sin votos en contra— y ahora define un nuevo delito grave de tercer grado que puede resultar en hasta cinco años de prisión y multas de hasta cinco mil dólares estadounidenses.

Para los inquilinos que buscan vivienda en ciudades como Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa y Jacksonville, donde los precios de alquiler siguen siendo un factor determinante, la ley introduce un cambio significativo en las reglas del juego. Si un propietario o administrador determina que una unidad fue obtenida mediante fraude, puede entregar un aviso escrito de terminación de siete días sin ofrecer oportunidad alguna de corrección. No se requiere una condena previa ni siquiera una investigación penal formal para que el propietario inicie este proceso. Sin embargo, si el inquilino no abandona la propiedad voluntariamente dentro de ese plazo, el desalojo debe proceder a través del sistema judicial ordinario. El propietario no puede cambiar cerraduras, retirar pertenencias ni suspender servicios esenciales por su cuenta.

La ley es específica en cuanto a qué constituye fraude. No se trata de cualquier error administrativo o equivocación involuntaria. La conducta debe ser "knowing and willful", es decir, realizada con conocimiento y voluntad deliberada de engañar. Una fecha mal escrita, un documento cargado por confusión o un error de papeleo no activa automáticamente la ley. Lo que sí lo hace es presentar una licencia de conducir ajena, modificar talones de pago, falsificar estados de cuenta o firmar bajo el nombre de otra persona. Cada identificación y respaldo financiero debe pertenecer genuinamente a quien aparece como solicitante, particularmente cuando varias personas participan en una solicitud de alquiler.

Esta distinción es crucial para familias que recurren a parientes, amigos o corredores de vivienda para encontrar opciones de renta. En ciudades con poblaciones latinas amplias como Hialeah, Doral, Kissimmee y West Palm Beach, es común que múltiples personas participen en el proceso de solicitud. Sin embargo, la nueva ley establece una línea clara: nadie debe ofrecer "arreglar" identificaciones, estados de cuenta o comprobantes de ingresos para conseguir una aprobación. Esas prácticas, que quizás antes se consideraban infracciones civiles menores, ahora pueden tener consecuencias penales graves.

La legislación modifica dos secciones de los Estatutos de Florida. Primero, crea la sección 817.537, que define el nuevo delito de entrada fraudulenta a vivienda residencial. Segundo, modifica la sección 83.56, que regula la terminación de acuerdos de renta, incorporando la entrada fraudulenta como un incumplimiento que no da derecho a corrección. El proceso es directo: el arrendador determina que la unidad fue obtenida mediante conducta fraudulenta, entrega un aviso escrito detallando el incumplimiento y la intención de finalizar, y el ocupante recibe siete días para abandonar la propiedad.

Para los propietarios, la ley ofrece una herramienta más rápida para terminar contratos en casos de fraude comprobado. Para los inquilinos, especialmente para familias latinas que llegan a Florida desde sus países de origen buscando mejorar sus condiciones de vida, la ley representa un riesgo significativo si cometen errores graves en sus solicitudes. La recomendación es verificar cada dato y respaldo antes de entregar una aplicación, asegurándose de que toda la información sea precisa y que todos los documentos pertenezcan genuinamente a quienes aparecen como solicitantes. La ley entra en vigor en octubre, y aunque solo castiga conductas conscientes y voluntarias de fraude, el margen de error se ha reducido considerablemente.