Latinoamérica: qué países aún mantienen la pena de muerte en sus leyes

El caso de Christa Pike sacudió nuevamente el debate global sobre la pena de muerte. Después de treinta años en el corredor de la muerte, las autoridades estadounidenses ejecutaron a Pike el miércoles por un asesinato brutal cometido en 1995 cuando era adolescente. Pero algo salió mal: Pike sobrevivió a dos dosis de inyección letal y fue hospitalizada en Tennessee en estado crítico, según reportaron sus abogados. Su caso no solo reabrió la conversación en Estados Unidos, sino que puso nuevamente bajo escrutinio internacional una práctica que muchos creían en vías de extinción.

Los números revelan una realidad inquietante. En 2025, Estados Unidos ejecutó a 47 personas, la cifra más alta desde 2009, según datos de Amnistía Internacional. A nivel mundial, la organización registró 2,707 ejecuciones ese mismo año, un aumento del 78 por ciento respecto a 2024. Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones. Aunque estas cifras pueden ser incompletas—Amnistía Internacional reconoce que la información sobre algunos países es escasa o nula—el panorama es claro: la pena de muerte no ha desaparecido.

América Latina, paradójicamente, fue pionera en su abolición. Venezuela se convirtió en 1863 en el primer país del mundo en prohibir la pena capital. A lo largo de las décadas, la región avanzó hacia su eliminación. Sin embargo, varios países latinoamericanos aún mantienen la sanción en sus códigos legales, aunque casi siempre con restricciones tan severas que su aplicación práctica es mínima o inexistente.

Cuba es el caso más complejo. Una moratoria vigente desde 2000 fue interrumpida una sola vez: en 2003, cuando tres jóvenes fueron fusilados por secuestrar un barco con rehenes en La Habana. En 2022, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo Código Penal que mantiene la pena de muerte para 23 tipos de delitos de extrema gravedad, aunque eliminó la sanción en cuatro delitos. El gobierno cubano ha señalado que la aplicación es excepcional y que no se ha dictado ninguna sentencia de muerte en muchos años. En una comunicación a las Naciones Unidas en 2023, Cuba argumentó que la abolición total dependerá de sus convicciones éticas y del cese de lo que describe como la política de agresión estadounidense contra la isla.

Guatemala presenta un panorama diferente. En 2016 y 2017, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la pena de muerte para asesinato y otros delitos, derogando referencias que permitían su aplicación según la Ley contra la Narcoactividad. Amnistía Internacional celebró estas sentencias como pasos clave hacia la abolición total. Sin embargo, la sanción aún existe en el Código Penal Militar, regulado por un decreto de 1878. Eddy Morales, especialista en criminología y derecho penitenciario, explica que aunque la pena de muerte no ha sido eliminada de la Constitución guatemalteca, su aplicación está jurídicamente tan restringida que es prácticamente imposible. Guatemala es signatario del Pacto de San José, que limita severamente cualquier expansión de la pena capital. Los tribunales han optado por sentenciar a miembros de maras a miles de años de reclusión en lugar de aplicar la pena de muerte.

Chile, Perú, Brasil y El Salvador comparten una característica común: mantienen la pena de muerte solo para delitos militares en tiempos de guerra. Chile eliminó la sanción en 2001 para delitos no militares, sustituyéndola por presidio perpetuo efectivo de 40 años, pero su Código de Justicia Militar la conserva para casos gravísimos en conflicto armado. El Salvador la reserva para traición, espionaje y rebelión cometidos durante guerra internacional. Perú la aplica teóricamente para traición a la patria en caso de guerra y terrorismo. Brasil la ha abolido para delitos comunes pero la retiene para crímenes graves en épocas de guerra.

Lo que une a casi todos estos países es el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos que Cuba es la única nación latinoamericana que no ha firmado. Este tratado prohíbe a los Estados extender la pena de muerte a delitos a los cuales no se les aplicaba al momento de su adhesión. Para añadir nuevos delitos, un país tendría que denunciar el convenio, algo que analistas consideran improbable. En otras palabras, aunque la pena de muerte permanece en los códigos legales de varios países latinoamericanos, las restricciones internacionales y constitucionales la han convertido en una norma vigente pero prácticamente inaplicable. Mientras tanto, en el norte, el caso de Christa Pike continúa siendo un recordatorio de que la ejecución sigue siendo una realidad en el continente americano.