Latinoamérica avanza en normativas de bienestar animal, pero su implementación sigue siendo desigual

América Latina ha construido en los últimos años un andamiaje legal para proteger a los animales de granja, pero el camino desde la ley hasta la práctica diaria en una granja sigue siendo accidentado. Algunos países han avanzado rápidamente hacia normas específicas y detalladas; otros aún operan bajo marcos generales que dejan muchas preguntas sin responder. La diferencia entre tener una ley y hacerla funcionar es donde se revela el verdadero estado del bienestar animal en la región.

México acaba de sumarse a este movimiento legislativo. El 29 de septiembre de 2026, el Senado mexicano aprobó la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, convirtiéndose en el país más reciente de América Latina en establecer un marco legal integral. La ley prohíbe el maltrato y la crueldad, y obliga a quienes tengan animales a garantizar nutrición adecuada, salud, bienestar mental y trato digno. Aunque la norma aplica a todas las especies, México ya proyecta desarrollar en el mediano plazo una regulación específica para la producción porcina, aprendiendo de la experiencia de países que ya han avanzado en esa dirección. Por ahora, México cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, que establece procedimientos para el sacrificio de animales domésticos y silvestres, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal al reconocer la insensibilización eléctrica y el dióxido de carbono como métodos aceptados.

Colombia representa un modelo más avanzado. A través de la Resolución 136 de 2020, el Ministerio de Agricultura estableció condiciones específicas de bienestar animal para todas las especies de producción, incluidos los porcinos. Lo notable no es solo que la norma exista, sino que está siendo verificada en el terreno. El Instituto Colombiano Agropecuario ha realizado 230 inspecciones en granjas porcinas de todo el país. De esas 230 visitas, 177 granjas obtuvieron calificaciones altas o excelentes, lo que la normativa reconoce como cumplimiento satisfactorio. Colombia ha desarrollado además listas de chequeo diseñadas con criterios de validez y confiabilidad, herramientas que permiten a los productores identificar objetivamente dónde están y qué necesitan mejorar. El trabajo ha sido articulado: autoridades sanitarias, gremios y productores han colaborado en revisar y actualizar esas listas, identificar oportunidades de mejora y consolidar mesas técnicas. El resultado es un enfoque de mejora continua que beneficia tanto a los animales como a la viabilidad económica del sector.

Perú ha tomado un camino diferente. La Ley N.º 30407 de 2016 establece condiciones básicas de bienestar para animales en varios contextos: mascotas, animales silvestres en cautiverio, animales de granja y vertebrados acuáticos. Sin embargo, Perú no cuenta con legislación exclusiva para animales de granja. La ley reconoce a todos los vertebrados como seres sintientes, incluye el bienestar animal en procesos de crianza, transporte y sacrificio, y prohíbe el beneficio de animales en la vía pública o bajo condiciones insalubres. Pero la regulación específica para especies productivas sigue siendo responsabilidad de tres ministerios diferentes: Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente, y Producción. Esa fragmentación de autoridades puede dificultar una implementación coherente.

Brasil, como Colombia, ha expedido legislación específica para la producción porcina. La Instrucción Normativa nº 113, emitida el 16 de diciembre de 2020 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, establece buenas prácticas de bienestar animal y manejo en granjas porcinas comerciales. El documento evalúa indicadores basados en el animal, las instalaciones y el manejo. Un aspecto diferenciador es que Brasil ha establecido plazos específicos para el cumplimiento: prohíbe el alojamiento individual de hembras reproductoras en granjas nuevas y fija el año 2045 como plazo para que las granjas existentes sustituyan las jaulas por sistemas de alojamiento grupal. Sin embargo, Brasil aún debe desarrollar listas de chequeo u otras herramientas formales de verificación que permitan evaluar objetivamente el cumplimiento y estandarizar la aplicación en los sistemas de producción.

La geografía legal de América Latina muestra una brecha clara. La mayoría de los países—Chile, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Perú y México—operan bajo marcos normativos generales que aplican a múltiples contextos animales. Solo Colombia y Brasil han avanzado hacia reglamentaciones específicas para la industria porcícola. Esa especialización importa porque la producción porcina tiene desafíos técnicos y de bienestar muy particulares: densidad de animales, sistemas de alojamiento, manejo de reproducción, sacrificio. Una norma general puede establecer principios, pero una norma específica puede fijar indicadores medibles, plazos claros y herramientas de verificación que hagan la diferencia entre una ley que existe en el papel y una que funciona en las granjas. El desafío ahora es que los países con marcos generales aprendan de Colombia y Brasil, y que Colombia y Brasil completen su implementación con las herramientas de verificación que aún les faltan.