Las multinacionales fallan en la lucha contra la deforestación mientras la ley europea se retrasa

"Las promesas no protegen los árboles ni los derechos humanos". Con esa frase resume Daniel Carrillo, director de la campaña de bosques de Rainforest Action Network (RAN), el balance de su organización sobre lo que las grandes marcas del mundo han hecho hasta ahora contra la deforestación. Su conclusión es que los avances siguen siendo lentos, desiguales e insuficientes.

El diagnóstico procede del análisis de 2025 de RAN, titulado Keep Forests Standing, que evalúa las políticas y las prácticas de 10 grandes corporaciones globales. Lo hace con 12 indicadores centrados en tres asuntos: las políticas de no deforestación, la protección de los derechos humanos y la transparencia en las cadenas de suministro.

El informe llega en un momento delicado. El Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) debería haber sido plenamente aplicable el año pasado. El 5 de diciembre se retrasó de nuevo, esta vez hasta finales de 2026. Mientras tanto, según RAN, muchas marcas han asumido compromisos para asegurar a los inversores que cumplirán la norma.

La ONG sostiene que esos compromisos descansan sobre bases débiles. Las empresas siguen apoyándose en sistemas de certificación que considera ineficaces, como la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), o en mecanismos de autorreporte de proveedores con antecedentes problemáticos. Según la organización, algunas de las marcas más grandes del mundo corren el riesgo de quedar vinculadas a la deforestación y a violaciones de derechos humanos. Carrillo afirma que las principales marcas conocen las limitaciones de esos esquemas y saben que no eliminan la deforestación ni protegen los derechos humanos. Remite a informes anteriores de RAN, que según él aportaban pruebas.

La dimensión humana ocupa un lugar central. Carrillo recuerda que, antes de que se destruya un bosque para producir lo que sea, quienes viven en él suelen sufrir violencia e intimidación, o ven cómo les arrebatan sus tierras. La protección de las personas defensoras de derechos humanos es uno de los indicadores más importantes de la evaluación de este año. Entre 2015 y 2024, el Business and Human Rights Resource Center registró más de 6.400 ataques contra estos activistas en 147 países, entre ellos más de 1.000 asesinatos. RAN reconoce que algunas marcas han dado pasos iniciales, pero describe la respuesta empresarial como fragmentaria e inconsistente frente a la magnitud de la crisis.

Para Carrillo, el problema no es la falta de información, sino la falta de liderazgo y de voluntad para convertir los compromisos en acciones. Añade que, si las mayores marcas no pueden demostrar que sus productos están libres de deforestación y abusos, sus compromisos no valen nada.

La ley europea tendría que ser el instrumento que lo impida. Busca frenar el consumo en la Unión de ganado, cacao, café o madera que contribuya a destruir bosques. Según recoge EFE, las empresas que importen estas materias primas deberán demostrar, mediante geolocalización, que no han causado deforestación ni degradación forestal donde las obtuvieron.

Es el segundo aplazamiento. El primero se justificó porque las empresas no habían tenido tiempo de adaptarse. El segundo empezó con un problema informático de la Comisión Europea, que propuso simplificar las obligaciones para las pequeñas firmas y posponer seis meses el régimen sancionador, manteniendo la aplicación desde el 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, en el Consejo las capitales reabrieron el texto, defendieron un retraso generalizado e introdujeron una cláusula de revisión en 2026, medidas muy criticadas por los ecologistas. La prueba real de los compromisos empresariales queda así aplazada, al menos, hasta finales de 2026.