Las mujeres de Nuevo Laredo que desafiaron al ejército para buscar a sus desaparecidos

En Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza de menos de medio millón de habitantes en Tamaulipas, treinta hombres desaparecieron entre febrero y mayo de 2018. No fueron secuestros anónimos ni crímenes de los que nadie hablara. Fueron levantamientos brutales, a plena luz del día, ejecutados por hombres uniformados que ni siquiera se molestaron en ocultarse. Israel estaba tomando una cerveza en el porche de su casa cuando dos camionetas de la armada se detuvieron frente a él. Los soldados gritaron su nombre, lo golpearon y se lo llevaron. Su esposa lo vio todo desde la puerta. Las cámaras de seguridad del hogar grabaron cada segundo. Marco Antonio fue arrebatado de una gasolinera mientras repostaba, cuatro uniformados lo metieron a culatazos en un vehículo, dejando la manguera colgando del depósito. José Luis fue elegido entre decenas de familias que celebraban un cumpleaños infantil; veinte militares irrumpieron en el lugar, obligaron a todos al suelo, incluidos los niños, y un oficial lo golpeó con un trozo de madera antes de llevárselo. Ninguno de estos treinta hombres tenía antecedentes penales. Ninguno fue detenido en flagrancia. Ninguno llegó jamás ni a una cárcel ni a su casa.

Tamaulipas es la principal aduana terrestre de América Latina, la puerta hacia Houston, Nueva York y Miami. Es también una de las zonas más violentas del continente, donde el ejército y los cárteles actúan en el mismo escenario, donde la información desaparece como las personas. Cuando el periodista Jacobo García llegó a la región, descubrió que los números de teléfono de sus antiguos contactos ya no servían. Los periodistas que lo habían ayudado una década atrás se habían marchado, pedido asilo en Estados Unidos o abandonado la profesión. Lo que quedaba eran un par de activistas de derechos humanos que se jugaban la vida. Nuevo Laredo era el epicentro de la violencia, el primer lugar en desapariciones en todo México.

Pero en ese silencio sofocante, un grupo de mujeres decidió romper el pacto del miedo. Karen, Erika, Gabriela y Azeneth eran madres, esposas, novias y hermanas de los desaparecidos. Para los vecinos y las autoridades, eran "un hatajo de viejas mitoteras", alborotadoras que caminaban juntas por lugares espantosos. Seis meses después del primer secuestro, habían recorrido morgues, hospitales, cárceles, vertederos y descampados áridos donde el calor alcanzaba los 48 grados. Buscaban huesos, ropa, un botón, tierra removida, cualquier cosa que indicara dónde estaban enterrados sus familiares. Llevaban solo un paraguas para protegerse del sol y herramientas precarias encontradas en casa: una pala, un martillo, una cuchara. Sus protestas ante la Fiscalía no reunían más de diez personas. Pero cada día se juntaban más mujeres a la misma hora, en los mismos lugares desolados, y el grupo fue haciéndose más grande.

Lo que sucedió después fue improbable. En Ciudad de México, Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de desaparecidos, comenzó a ver pistas demasiado obvias de la implicación de la Marina. Pero no había un solo juez en Tamaulipas dispuesto a investigar una acusación de esa magnitud contra la élite del ejército mexicano. Quintana supo entonces de otra mujer, Karla Macías, una jueza de 44 años de Guanajuato que meses antes se había atrevido a firmar una de las pocas condenas contra el ejército por desaparición forzada. Las dos mujeres hablaron. Quintana tramitó un amparo para trasladar el caso fuera de la región, desviándolo al Juzgado Noveno de Guanajuato, a 900 kilómetros de Nuevo Laredo. Aquella jueza de voz suave y cuerpo menudo comenzó a presionar. Exigió a los mandos militares las bitácoras de los operativos y los nombres de los soldados. Solicitó las grabaciones y pidió el rastreo del GPS de los vehículos sospechosos.

No es habitual que una jueza cuestione al ejército ni que un grupo de mujeres se movilice a cara descubierta en Tamaulipas. Pero de repente, algo había pasado. Una mano invisible de rabia había movilizado a madres, esposas, hermanas, una abogada y una jueza que nunca se habían visto, y juntas pusieron al Ejército contra las cuerdas. En la zona del país de la que los mexicanos tienen menos noticias, participar en marchas de protesta o salir a buscar huesos enterrados es un gesto que rompe el silencio, un acto que se paga con la vida.

Siete años después, las dos Karlas han logrado avanzar en las investigaciones. Hay siete soldados de la Marina en prisión. Las pruebas recabadas son tan obvias que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a las fuerzas federales mexicanas de estar detrás de más de 50 desapariciones. El periodismo, como dice García, no cambia nada. Cumple su misión de revelar y exponer para que otros decidan, pero no cambia nada. Ellas sí que cambiaron algo. Se habían conocido en su peor momento, buscando huesos de familiares en basureros y descampados. Pero verlas todas las mañanas era una inyección de energía. Buscaban sin esperanza, pero habían encontrado su proceso de sanación junto a otras mujeres. El periodista las oyó cantar y hacer chistes mientras buscaban los restos de sus hijos. Por eso está obligado a contar lo mejor que pueda las dos caras de una misma moneda: cada fosa puede contarse desde el punto de vista de la pistola, de los huesos o de las madres que los buscan.