Las listas de espera para certificados de discapacidad atrapan a miles en sus casas

Miguel Ángel Pardo Martín, de 67 años, ya no recorre las calles de Madrid. Tras sufrir un tercer ictus en enero de 2026, quedó con secuelas en el habla y la movilidad que lo confinaron a su piso en Villaviciosa de Odón. Ahora depende de un scooter eléctrico para cualquier desplazamiento. Lo que lo mantiene atrapado no es solo su condición física, sino una máquina administrativa: esperó un año y seis meses para conseguir una cita que le permitiera revisar su grado de discapacidad del 34% y acceder a una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Su solicitud ingresó en las listas de espera de la Comunidad de Madrid en abril de 2025, meses antes del accidente cerebrovascular, pero su expediente quedó atascado en un centro base durante el triple del plazo máximo legal de seis meses. No pide pensión. Solo necesita esa tarjeta para recuperar un fragmento de autonomía.

El retraso tiene consecuencias que trascienden lo administrativo. Dentro de su propio hogar, Pardo Martín sube las escaleras con dificultad, agarrándose de los barrotes. Su esposa, Montserrat López Espejo, explica que ambos viven en un segundo piso de un edificio sin ascensor y están esperando la resolución del grado de discapacidad para que el técnico de urbanismo de Villaviciosa de Odón les conceda una plataforma que facilite el acceso. Según estimaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), más de 100.000 personas viven atrapadas en sus casas debido a la falta de elevadores o rampas. Para muchos, el certificado de discapacidad es la llave que abre acceso a las adaptaciones que necesitan.

Los retrasos varían según la región, pero en todas partes el sistema está colapsado. En Navarra, a finales de 2025, el tiempo medio de espera era de entre siete y diez meses, aunque personas que han solicitado valoraciones confirman que la demora puede superar los dos años dependiendo de la zona. Beatriz López, de 52 años, solicitó una primera valoración en octubre de 2025 en el centro de salud de Villava, cerca de Pamplona, y aún sigue esperando una fecha para su evaluación. Fue diagnosticada en 2019 con fibromialgia, una enfermedad crónica del sistema nervioso central que causa dolor musculoesquelético generalizado. A diferencia de Pardo Martín, su vida se condiciona por la imposibilidad de conseguir un trabajo adaptado a sus necesidades, uno que le permita obtener sus propios ingresos y no depender económicamente de su marido. Cuando fue a solicitar la valoración, la trabajadora social le advirtió de que el tiempo de espera era largo porque no había suficiente personal: le dijeron que pasarían unos dos años antes de que la llamaran.

En Andalucía, el retraso promedio es de unos trece meses, aunque hay casos que esperan mucho más. Francisco Pinteño Maleno, de 37 años, diagnosticado con el síndrome de Sudeck —un trastorno neurológico crónico caracterizado por un dolor intenso y desproporcionado en una extremidad—, pidió una valoración en mayo de 2024 en un centro base de Turrillas, en Almería. Le amputaron la pierna izquierda mientras aguardaba, en noviembre de 2025, y aun así tuvo que esperar otro año más para que le asignaran una cita. Justamente el lunes pasado. Un día después, llegó su grado de discapacidad: le asignaron un 34%, un porcentaje más bajo del que esperaba, pero que al menos le permitirá acceder a ayudas autonómicas o municipales para comprarse un coche automático que le posibilite desplazarse.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) lleva años denunciando el atasco en las listas de espera. El Congreso de los Diputados aprobó a mediados de septiembre una reforma de la ley de dependencia que promete agilizar las valoraciones mediante una pasarela automática: reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a quienes tengan un grado I de dependencia y un 65% a quienes tengan un grado II o III. Esto será posible una vez que las comunidades autónomas habiliten los mecanismos necesarios para aplicar este reconocimiento automático, un proceso que varía según la región pero que no debería ser demasiado largo, según indica el Ministerio de Derechos Sociales.

Daniel-Aníbal García Diego, secretario de finanzas de Cocemfe y miembro del Cermi, subraya que, pese a que la reforma podrá ayudar a reducir el retraso administrativo, no descongestionará por completo el sistema. No sirve para quien tiene una discapacidad pero no tiene reconocida la dependencia. Tampoco para las personas que pretenden acceder a beneficios fiscales porque el IRPF exige acreditarlo con un certificado o una resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o del órgano autonómico competente. "Valoramos positivamente la equivalencia, porque evita una doble valoración a muchas personas con dependencia reconocida. Pero, con su alcance limitado y sin efectos fiscales, no va a resolver por sí sola las listas de espera de discapacidad. Para eso hacen falta más médicos, psicólogos y trabajadores sociales en los equipos de valoración, con financiación suficiente y estable", destaca García Diego.

El Gobierno acaba de aprobar una inyección económica para el sistema de la dependencia que se eleva a 6.200 millones de euros nuevos entre este año y el que viene. Este margen presupuestario permite a los gobiernos regionales dedicar estos fondos tanto a la contratación de nuevos valoradores como a la expansión de servicios. Sin embargo, las organizaciones advierten que la reforma legislativa por sí sola no resolverá el colapso sin una financiación estable y suficiente que permita expandir los equipos de profesionales en los centros base de todo el país.