Las 'kellys' presionan por jubilación anticipada ante la dureza del trabajo hotelero

María Ibáñez tiene 63 años y lleva veinticinco trabajando como camarera de piso en Madrid. Nació en Colombia, llegó a España hace tres décadas, y ahora limpia habitaciones en un hotel de cinco estrellas. Dice que le gustaría jubilarse antes de tiempo. Sus músculos y articulaciones no aguantan más. Pero ni sus ahorros ni los años que ha cotizado le permiten ese lujo.

En un hotel de lujo, explica, el trabajo es implacable. Mientras que una camarera en un establecimiento medio puede limpiar veinte habitaciones en un turno, ella apenas completa ocho. Cada una le consume cuarenta minutos. Los clientes pagan precios altos y esperan perfección. La presión es constante. Ibáñez sufre enfermedades musculoesqueléticas que arrastra del esfuerzo diario, pero cuando acude a las mutuas de trabajo, le dicen que esas dolencias no son laborales. Solo reconocen lo evidente: un brazo roto, una pierna fracturada. Lo demás, según ellos, son males comunes. Ella no es un caso aislado. En España trabajan aproximadamente 175.000 camareras de piso. El 71,5 por ciento consume medicamentos para aliviar el dolor y el estrés. El 95,9 por ciento reporta síntomas clínicos de ansiedad.

Ana Martínez tiene 56 años y acumula veintisiete años de carrera. En Mallorca limpia catorce apartamentos diarios en un edificio sin ascensor durante seis meses al año. Cuando termina la temporada de verano, está tan agotada que sabe que no se recuperará hasta que vuelva a trabajar meses después. Considera incomprensible que alguien con veinte o veinticinco años en este oficio no pueda jubilarse a los sesenta o a los cincuenta y ocho. Casi ninguna llega a esas edades, dice. La mayoría cae enferma antes y abandona el mercado laboral por incapacidad. No son solo problemas físicos. También hay ansiedad, estrés, depresión. Pero cuando lo explican, les responden que no quieren trabajar o que su patología no es reconocida.

Los sindicatos CC OO y UGT están acelerando para conseguir lo que se llama coeficientes reductores. Es un mecanismo que ya existe para mineros, trabajadores del mar, ciertos cuerpos de seguridad, personal de emergencias y ferroviarios. Permite adelantar la edad de jubilación sin que la pensión se vea reducida. Un coeficiente reductor de 0,2 significa que por cada diez años cotizados en esa actividad se pueden adelantar dos años. El 30 de septiembre, los sindicatos se reunirán con las patronales Hostelería de España y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos para intentar pactar una propuesta común que luego trasladarán a la Seguridad Social, el organismo que debe aprobar la medida. Marcos Gutiérrez, secretario de Política Institucional de CC OO, presentó esta hoja de ruta ante cien delegados sindicales en una asamblea en Madrid.

El camino no será fácil. Las patronales hoteleras no quieren asumir el sobrecoste. Según el decreto que regula los coeficientes reductores, su aplicación requiere un incremento en la cotización a la Seguridad Social, tanto por parte de la empresa como de la trabajadora. Ese gasto adicional es una línea roja en la negociación. Ramón Estalella, secretario general de Cehat, prefiere esperar a escuchar la propuesta sindical antes de pronunciarse. El rechazo empresarial ocurre a pesar de que el procedimiento tiene el aval de CEOE, Cepyme, la Seguridad Social y los propios sindicatos. Lo que sucedió con los trabajadores de la construcción, que también luchan por estos coeficientes, muestra el patrón: los empresarios se resisten al sobrecoste.

Otros sectores muy feminizados también buscan esta protección. Los sindicatos presentarán pronto una petición conjunta para las trabajadoras de ayuda a domicilio. Las tripulantes de cabina están tomando una ruta distinta: confían en la vía legal. La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó hace poco una proposición no de ley de Sumar para incluirlas en el decreto que ya cubre a los pilotos. La mayoría que sostiene al Gobierno votó a favor. El PP se abstuvo. Vox votó en contra.

El sector que más ha avanzado es el transporte de mercancías. Una comisión de evaluación está a punto de emitir una recomendación tras revisar los informes obligatorios. El criterio clave es demostrar un nivel de siniestralidad e incapacidad temporal que justifique el derecho. Este expediente ha progresado más rápido que el de la construcción porque la patronal sectorial apoya la medida. Por eso los sindicatos que representan a las kellys insisten en la posibilidad de presentar una petición conjunta con las patronales. Sin ese apoyo empresarial, la batalla será más larga.